Nuevo cruce de opiniones entre el Ayuntamiento y la Subdelegación del Gobierno en torno al debate de las cámaras de seguridad.
Desde esta última institución se remitió ayer un comunicado en el que sus responsables recuerdan al Ayuntamiento que la normativa que regula la utilización de videocámaras por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en lugares públicos posibilita «al alcalde o al concejal competente en materia de seguridad ciudadana» a presentar la solicitud de instalación de cámaras. Además, en la nota se explicaba que dicha solicitud se debe dirigir al delegado del Gobierno en la región, que a su vez lo tiene que enviar a la Comisión de Garantías de Videovigilancia de Castilla y León, presidida por el presidente del Tribunal Superior de Justicia, que es quien debe emitir el preceptivo informe. Y finalmente, el delegado del Gobierno debe resolver al respecto en función del informe de la Comisión.
A este respecto, la concejala de Seguridad Ciudadana, Gema Conde, insistió en que el Ayuntamiento «no ha variado su posición» en torno a este asunto. «Quien tiene que reconsiderar su posición es la subdelegada, Berta Tricio», dijo. «Y nosotros nos ofrecemos una vez más a presentar la solicitud conjuntamente con la Subdelegación», añadió.
Además, Conde insistió en que las competencias de seguridad ciudadana corresponden a la Policía Nacional. «Por ello, nos ofrecemos a ir de la mano, como han hecho en Málaga y Marbella, donde el PP (que ocupa ambos ayuntamientos) se ha sumado al PSOE, que ostenta el poder en la Junta de Andalucía».
Otro de los argumentos de la concejala es que el capítulo II, artículo 3 de la legislación a la que alude en su escrito la Subdelegación pone de relieve que también podrán formular la solicitud «el subdelegado del Gobierno en la provincia, el jefe de la Comisaría provincial y el de la Comandancia de la Guardia Civil (...)».
Pero además, Conde explica que si el Ayuntamiento lo pidiera necesitaría argumentar el informe «y nosotros no disponemos de los datos sobre delincuencia porque los hemos pedido en muchas ocasiones y no nos los dan». Finalmente recuerda que la responsabilidad de las grabaciones corresponde a quien formula las solicitudes.
FUENTE: www.diariodeburgos.es
El suceso que tuvo lugar en la madrugada del domingo en Las Llanas ha vuelto a situar en el centro del debate la posibilidad de instalar cámaras de seguridad en las zonas de bares de copas de la capital.
Ayer, el alcalde, Juan Carlos Aparicio, solicitó a la subdelegada del Gobierno, Berta Tricio, que «se replantee» la posibilidad de instalar cámaras de videovigilancia en esta zona de ocio de la ciudad que faciliten el esclarecimiento de este tipo de circunstancias y las detenciones.
Además, la concejala de Seguridad, Gema Conde, fue más allá al asegurar que el Ayuntamiento mantiene el ofrecimiento de hace un año a la Subdelegación del Gobierno para solicitar de forma conjunta el permiso de la colocación de cámaras en Las Llanas y Las Bernardas. El Consistorio ya planteó en diciembre de 2009 en una Junta de Seguridad Local acudir a la Comisión Regional de Videovigilancia para instalar estas cámaras en las zonas de marcha de la capital después de que se hubieran producido varias peleas entre jóvenes, con el resultado de tres fallecidos entre octubre de 2008 y noviembre de 2009.
La subdelegada Berta Tricio dijo entonces que los datos estadísticos de delitos no avalaban la colocación de cámaras y que en todo caso los motivos para contar con un sistema de videovigilancia eran para el control del patrimonio y los actos vandálicos, tal y como ocurre en León y Salamanca.
Conde apunta que, pese a haberlos solicitado en más de una ocasión, todavía no le han facilitado esos datos de los que habla la subdelegada aunque considera que «siempre será más importante proteger la vida de las personas que los monumentos».
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Los vecinos piden que se limite la velocidad a 30 km/h en las calles que rodean el palacio de congresos
Un cinturón de seguridad para el palacio de congresos diseñado por el arquitecto Santiago Calatrava, cuyas obras se están ultimando para permitir su apertura en el primer trimestre de este año. Es la petición que realizan los vecinos del Cristo y Buenavista para ordenar el tráfico en el perímetro del palacio, con objeto de limitar la velocidad a 30 kilómetros por hora en las arterias que se utilizarán para acceder al equipamiento, que suponen una especie de anillo exterior del Calatrava. Un palacio -acompañado del centro comercial ya inaugurado y un hotel que prepara su apertura- que tendrá capacidad para celebrar congresos con miles de asistentes que podrán desplazarse a pie hasta el centro de la ciudad, lo que desde el punto de vista de los vecinos debería obligar a incrementar la protección de los peatones en toda la zona.
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Se trataría de ampliar la llamada «zona 30» a las calles Hermanos Pidal, Doctor Bellmunt, Celestino Villamil y la parte baja de Fuertes Acevedo y la alta de la avenida de Galicia, hasta su entronque con Hermanos Pidal, una iniciativa que sólo se podría llevar a cabo cuando, a lo largo del año que viene, el Hospital Central se traslade a La Cadellada, para introducir entonces los elementos de limitación del tráfico que proponen los vecinos.
Barcelona. (EUROPA PRESS).- El secretario general adjunto de CDC y futuro conseller de Interior de la Generalitat, Feliip Puig, ha avanzado este lunes que revisará la instalación de cámaras de seguridad en las comisaries de los Mossos d'Esquadra y que, por el momento, paralizará que se instalen nuevos dispositivos.
En una entrevista de Catalunya Ràdio recogida por Europa Press, Puig ha explicado que de momento analizarán si las cámaras que hay "sirven de verdad o si son una medida que genera desconfianza, tensión e intromisión en el funcionamiento normal de las comisarías". "Tengo la percepción de que ha habido algunas medidas que se han orientado no tanto a la obtención de resultados y a la eficacia sino a imponer e impulsar una sensación de desconfianza en nuestra policía", ha aseverado sobre la política del hasta ahora conseller, Joan Saura.
Según Puig, de momento pararán la instalación de nuevas cámaras y revisarán las que se han instalado hasta cerciorarse de que son útiles, aunque no ha concretado si llegarán a desinstalar algunas de ellas. Asimismo, el futuro conseller ha asegurado que retirarán el Código de Ética y desmantelarán el Comité de Ética -organismo presidido por el ex fiscal Carlos Jiménez Villarejo que redactó el documento- porque se ha hecho "sin consenso y con un sesgo ideológico que no ha sido positivo".
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El subsecretario municipal de Gobierno Andrés Ombrosi dijo que mañana se abrirá el sobre que contiene las propuestas económicas para la instalación del sistema de cámaras de seguridad en Bahía Blanca.
El pasado 14 de octubre tuvo lugar la apertura del denominado sobre Nº 1, conteniendo los antecedentes y otros formalismos exigidos en el pliego licitatorio, de las siete firmas participantes de la compulsa para la instalación del Sistema de Prevención y Vigilancia por Imágenes (SiPreVi).
FUENTE: www.lanueva.com