Inquilinos del 57 de General Sanjurjo intentan que vigilen un piso que se anuncia como lugar de citas.
Guardias en el portal como medida disuasoria es la última propuesta, tras presentar quejas ante distintas instancias, a la que recurrirán residentes en el número 57 de General Sanjurjo para acabar con el continuo trajín que les suponen los visitantes a la primera planta.
Han localizado en Internet anuncios sobre su edificio como punto de encuentro de contactos sexuales y aseguran que las llamadas al telefonillo a horas intempestivas de personas reclamando servicios y la «continuas entradas y salidas de personas ajenas a la comunidad a cualquier hora del día» han generado un clima de inseguridad entre parte de los vecinos. Han presentado denuncias ante la Policía Nacional, la Delegación del Gobierno y el Ayuntamiento, para que investiguen los hechos, ante el temor que allí se lleven a cabo actividades ilícitas.
La primera planta estuvo en el pasado ocupada por un centro médico y los vecinos han solicitado al Ayuntamiento información por si ese local tiene algún tipo de licencia de actividad, desde los servicios municipales se ha informado de que no se ha expedido ninguna. En el edificio residen 24 vecinos y aseguran que en los últimos meses han registrado varios incidentes de vandalismo y temen que el asunto vaya a más.
El pleno de Cangas del Narcea ha decidido aprobar la colocación de cámaras de vigilancia en el ayuntamiento, espacios públicos y áreas industriales con la finalidad de efectuar un “control de las dependencias y accesos al edificio”. Las imágenes quedarían grabadas en unos ficheros automatizados.
El fichero contendrá las imágenes que se obtenga a través de cámaras de vídeo, cuya ubicación estará señalizada con distintivos específicos. Según el programa de aplicación, estos datos serán cancelados en el plazo máximo de un mes desde su captación.
El ayuntamiento no tiene prevista la cesión de los mismos a ningún otro organismo, salvo las que la Ley contempla a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y Administración de Justicia en relación con la comisión de delitos.
Empresas Este mismo sistema de vídeo vigilancia se aplicará en el centro de empresas de Obanca para facilitar el control y seguridad de acceso a sus instalaciones. Los datos registrados son recogidos por una cámara, como en el caso de los edificios públicos.En la misma línea se crearán ficheros de las empresas alojadas en el centro de empresas de Obanca; aparcamientos de Obanca y La Vega; administración del centro de empresas de Obanca; oficina de información juvenil; Agencia de Desarrollo; casa de la cultura y biblioteca y mercado de ganados de La Himera Suspicacias La puesta en marcha de este sistema ha levantado muchas suspicacias entre trabajadores y ediles municipales. Concejales socialistas y algunos trabajadores expusieron sus temores de la aplicación de este sistema, sobre todo en el caso de que las imágenes “pudieran ser utilizadas como vigilancia en el trabajo o mostrasen actitudes personales”.
Las acusaciones que se vienen cruzando el equipo de gobierno y los ediles socialistas sobre la plantilla y en las que se han visto involucrados algunos funcionarios y trabajadores es la principal causa de las suspicacias que levantan las cámaras.
FUENTE: www.lavozdeasturias.es
Barreras conformadas por efectivos de la Policía Nacional, agentes municipales de tránsito y representantes del Ministerio Público saldrán a las calles de Asunción para sacar de circulación vehículos y motocicletas sin patentes ni documentos identificatorios.
Ayer, las principales autoridades del Ministerio Público, la Comuna capitalina y del Ministerio del Interior, del cual depende la institución policial, anunciaron la puesta en marcha de un operativo de riguroso control, el cual forma parte de un Plan Nacional de Seguridad Ciudadana.
El viceministro de Seguridad Interna de la cartera del Interior, Carmelo Caballero, sentenció que la existencia de rodados y biciclos motorizados sin chapa e identificación se constituye en un caldo de cultivo para la materialización de hechos punibles, no solo en la capital, sino en todo el país.
El mismo dijo que el objetivo de este emprendimiento será el de limitar severamente la movilización de los delincuentes, lo cual se alcanzará a través de la circulación de vehículos que puedan ser perfectamente identificables.
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En momentos de crisis, hasta la «piedra» de la Iglesia se tambalea. En la hornacina de la fachada de la parroquia de Santa María en Salas de los Infantes (Burgos) se siente la ausencia de San Pedro. La escultura del apóstol, de 100 kilos y metro y medio de altura, apareció desplomada una mañana del pasado verano. Al igual que hicieron con su pareja, San Pablo, unos ladrones quisieron llevársela. Pero la efigie del edificador de la comunidad de Jesucristo se resistió.
A diferencia de otras, una iglesia es una casa de puertas abiertas, lo que la convierte en un blanco fácil para «raterillos» y profesionales del robo. Unos no se resisten a cepillos y donaciones de los fieles, para otros, obras de arte de incalculable valor suponen un codiciado botín. Según datos de la sección de Patrimonio Histórico de la Guardia Civil, si a lo largo del periodo 2000-2010 los delitos contra el Patrimonio Histórico muestran una clara disminución, en cuanto a los delitos cometidos en inmuebles religiosos se ha registrado un aumento progresivo del 40 por ciento en 2009 y del 22 por ciento en 2010, siendo Castilla y León la Comunidad más castigada. Asimismo, señalan que de los objetos sustraídos relacionados con el patrimonio histórico, aproximadamente el 30% procede de parroquias y ermitas.
Voces de distintas diócesis alertan de esa situación. «La cosa se ha disparado», comenta Miguel Ángel Barbado, delegado de Patrimonio de Segovia. «A principios de este año han robado, o intentado robar, en casi diez iglesias. Vienen sobre todo a por dinero, pero se llevan poco. Los fieles donan menos y los sacerdotes lo retiran de la parroquia cuando lo reciben». Según Barbado, los ladrones se hicieron con un triste haber de 15 o 20 euros en los templos de Tenzuela y Santo Domingo del Tirón. «Vamos a reunirnos los delegados de Patrimonio para tratar el tema», anuncia. Por el momento, el Ministerio del Interior y la Junta de la Comunidad han firmado un convenio para instalar alarmas en las parroquias y ermitas. La situación ha llegado al punto de que en Securitas Direct el incremento de sistemas de seguridad en iglesias de 2010 respecto a 2009 ha sido de un 27%. Según datos de la compañía, es en parroquias de Galicia, Madrid y Cataluña donde un mayor número de cámaras y alarmas se han colocado.
La Cámara Federal porteña confirmó los procesamientos de seis vecinos de la Villa 31, que fueron filmados por las cámaras instaladas en ese barrio por el gobierno capitalina mientras presuntamente vendían drogas, informaron hoy fuentes judiciales.
El fallo de los camaristas Eduardo Freiler y Jorge Ballestero ratificó casi en su totalidad la resolución que en primera instancia había dictado el juez federal Claudio Bonadio en el expediente 1.3579/10.
Los procesados con prisión preventiva por presunta comercialización de estupefacientes -algunos de ellos extranjeros indocumentados- son De los Santos Rivarola, Luci Evelin Rivalora, Jorge Sandoval, Damiana Fernández Villordo.
FUENTE:www.infobae.com