MAR ESPAÑA ya es directora de la AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS.
Mar España Martí tomó posesión de su cargo, como nueva directora de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), en un acto que presidió el ministro de Justicia, Rafael Catalá, y que tuvo lugar en la sede de la Agencia, en Madrid.
Acompañando a Catalá estuvo la secretaria de Estado de Justicia, Carmen Sánchez-Cortés, el secretario de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, Marcial Marín, el subsecretario de Interior, Luis Aguiler y el ya exdirector de la AEPD, José Luis Rodríguez Álvarez, antecesor de Mar España.
La toma de posesión se ha producido tras la aprobación del nombramiento de Mar España como directora de la AEPD por el Real Decreto 715/2015, previa deliberación del Consejo de Ministros del pasado viernes 24 de julio. A la misma han asistido también destacados representantes del ámbito jurídico y empresarial.
El Curso “Ciberdefensa Y Tutela De Derechos En Las Redes” Reúne En Melilla A Responsables Militares Y Expertos En Seguridad
El curso “Ciberdefensa y tutela de derechos en las redes”, que se celebra del 27 al 31 de julio de 2015 en los “XXIV Cursos Internacionales de verano Ciudad de Melilla”, reúne en Melilla a responsables militares y expertos en seguridad de toda España.
Estos seminarios forman parte de los cursos internacionales de verano que dirige el profesor de la UGRManuel Ruiz Morales, y organizan la Universidad de Granada y la Ciudad Autónoma de Melilla (Consejería de Cultura y Festejos). Con sede en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Melilla, y secretaría académica en los Centros Universitarios de Melilla, este curso está coordinado por Juan Cano Bueso (presidente del Consejo Consultivo de Andalucía), Blas J. Imbroda Ortiz (decano del Ilustre Colegio de Abogados de Melilla), y Luis Martínez Trascasa (general 2.º Jefe de la Comandancia General de Melilla).
Afirman los coordinadores de este curso que “hablar de Ciberdefensa, es hablar de nuestras libertades, de nuestra calidad de vida, en fin, de nuestra seguridad. Debemos ser totalmente conscientes de que nuestros adversarios necesitan de nuestra tecnología, nuestros recursos, nuestros datos no solo para desarrollarse ellos y obtener pingües beneficios sino para influir en la toma de decisiones de una nación”.
En el curso se trata, pues, de Ciberdefensa, en la certeza de que la seguridad afecta no solo a las Fuerzas Armadas sino también a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, a los Servicios de Inteligencia, a las Administraciones del Estado, al tejido industrial de España, a todo lo relacionado con I+D+I, al sector académico español y al final –como no puede ser de otra manera y como pieza clave–, a las personas. “Las amenazas –dicen los organizadores– son reales, no virtuales, y a nadie se le escapa este nuevo riesgo para nuestra civilización. Como veremos y oiremos en estos días, a veces, estas amenazas no están localizadas en estados ni personas en particular; la realidad puede ser mucho más compleja. Para dar respuesta a estas amenazas, en las Fuerzas Armadas se ha creado el Mando de Ciberdefensa para apoyar y formar parte en esa “lucha” que deben tener los estados para garantizar la seguridad de los ciudadanos. Además y durante estos días oiremos hablar de Acciones de Defensa,de cuestiones relacionadas con la Explotación (Ciberinteligencia) y, cómo no, de respuesta (acciones Ofensivas)”.
Profesorado
“Ciberdefensa y tutela de derechos en las redes”, que se celebra con la colaboración de la Comandancia General de Melilla, el Ilustre Colegio de Abogados de Melilla y el Consejo Consultivo de Andalucía, cuenta con el siguiente profesorado:
- Juan Cano Bueso, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Almería, y presidente del Consejo Consultivo de Andalucía.
- Joaquín Castellón Moreno, capitán de Fragata, director operativo del Departamento de Seguridad Nacional de la Presidencia del Gobierno.
- Arturo Espejo Valero, coronel. Unidad de Ciberseguridad de la Jefatura de Información de la Guardia Civil.
- Fernando García Sánchez, almirante General. Jefe de Estado Mayor de la Defensa (JEMAD).
- Pedro García Teodoro, catedrático del Departamento de Teoría de la Señal, Telemática y Comunicaciones, Universidad de Granada.
- Carlos Gómez López de Medina, general de División del Ejército del Aire, comandante Jefe del Mando Conjunto de Ciberdefensa de las Fuerzas Armadas.
- Luis Hernández García, teniente coronel de la Unidad de Ciberseguridad de la Jefatura de Información de la Guardia Civil.
- Blas J. Imbroda Ortiz, profesor de la UNED. Decano del Colegio de Abogados de Melilla.
- Manuel Llamas Fernández, coronel Jefe Comandancia Guardia Civil de Granada.
- Luis Martínez Trascasa, general 2.º Jefe de la Comandancia General de Melilla.
- Beatriz Méndez de Vigo Montojo, secretaria general del CNI.
- Eugenio Pereiro Blanco, comisario jefe de Delitos Tecnológicos de la Comisaría General de la Policía Judicial.
- Francisco Quereda Rubio, consejero delegado de ISDEFE (Ingeniería de Sistemas para la Defensa de España. Empresa pública de consultoría e ingeniería, adscrita al Ministerio de Defensa).
- Miguel Rego Fernández, director general de INTECO (Instituto Nacional de las Tecnologías de la Comunicación).
- José Luis Rodríguez Álvarez, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense de Madrid, director de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD).
- José Manuel Roldán Tudela, general de División, jefe de la Jefatura de los Sistemas de Información, Telecomunicaciones y Asistencia Técnica del ET.
- Ángel Rodríguez-Vergara Díaz, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Málaga.
- Fernando J. Sánchez Gómez, director del Centro Nacional para la Protección de Infraestructuras Críticas (CNPIC) del Ministerio del Interior.
- Elvira Tejada de la Fuente, fiscal de la Sala coordinadora en materia de Criminalidad Informática.
Fuente: granadaenlared
El Congreso da luz verde a que un exalto cargo de Cospedal en C-LM dirija la Agencia de Protección de Datos
La Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados ha dado luz verde al nombramiento como directora de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD)
hasta 2019 a la exviceconsejera del Gobierno de María Dolores de Cospedal en Castilla-La Mancha, Mar España Martí, con el voto del PP, y la abstención del PSOE
y de la Izquierda Plural.
La Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados ha dado luz verde al nombramiento como directora de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) hasta 2019 a la exviceconsejera del Gobierno de María Dolores de Cospedal en Castilla-La Mancha, Mar España Martí, con el voto del PP, y la abstención del PSOE y de la Izquierda Plural.
Tras la ratificación de su cargo en la Cámara, y para su nombramiento definitivo, el cargo debe ser aprobado por real decreto en Consejo de Ministros en las próximas semanas.
Su nombramiento es por cuatro años. Su antecesor en el cargo, José Luis Rodríguez Álvarez, era estrecho colaborador del ministro de Justicia, Francisco Caamaño.
El diputado de la Izquierda Plural, Ricardo Sixto, ha criticado que un excargo político ocupe un puesto técnico en materia de protección de datos. "Es lo que el PP criticó en 2011 cuando se nombró al señor Rodríguez Álvarez, jefe de gabinete del exministro de Justicia, y ahora al PP, cuando proviene de sus propias filas, le parece bien, ya que ha formado parte del gobierno de María Dolores de Cospedal", ha subrayado.
No obstante, tanto el socialista Nacho Sánchez Amor, como el 'popular' Pedro Gómez de la Serna, han coincidido en que anteriores responsabilidades no tienen por qué afectar a dirección de España al frente de Protección de Datos siempre que gestione con independencia.
"Para nosotros venir de la política no es 'per se' una cuestión que deba poner en juicio su independencia posible", ha dicho Sánchez Amor, mientras que el diputado del PP Gómez de la Serna ha destacado la valía de España como "buen perfil de directivo público".
BAJA DE MILITANCIA DEL PP
De hecho, Mar España ha confesado que se dio de baja de la militancia del PP tras conocer su propuesta de nombramiento para dirigir la Agencia Española de Protección de Datos para poder ejercer su cargo "con absoluta independencia y lealtad". Ha confesado sentirse "orgullosa" de haber mantenido esa filiación.
Sobre la falta de un perfil técnico en protección de datos, que han criticado la Izquierda Plural y Amaiur, España ha defendido su extensa formación en materia de derechos humanos y en dos "puestos acreditados" en protección de datos, así como sus 26 años trabajando en la administración pública.
Además, ha puesto como ejemplo que durante su responsabilidad en la Defensoría del Pueblo fue responsable "de que la institución cumpliera la normativa de protección de datos", de la inscripción de todos los ficheros en la AEPD, impulsar las editoriales de seguridad y las políticas de formación.
Dentro de su responsabilidad como viceconsejera de Presidencia del Gobierno de Castilla-La Mancha y como presidenta de la Comisión de Administraciones Públicas ha desarrollado funciones de política de calidad de administración electrónica, transparencia, open data, y el comité de seguridad de la información.
Entre otros retos, se ha propuesto potenciar el papel "proactivo" de la Agencia de Protección de Datos en la vulneración de derechos, así como sus funciones en la protección a los menores en la Red, crear un canal diferenciado para ayudar a las empresas con la normativa de protección de datos, poner en marcha un teléfono de atención a los menores
FUENTE:lainformacion.com
Primera inspección de Protección de Datos de ‘la nube’ del sector educativo.
La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha realizado una inspección sectorial con carácter preventivo sobre el uso de los servicios “cloud” (nube) en el sector educativo español, para comprobar el nivel de cumplimiento de la ley de Protección de Datos en este área con tanta información de menores
Con ello, la AEPD es la primera autoridad de Protección de Datos europea involucrada hasta el momento en una acción de este tipo.
Su objetivo no es sancionar sino sensibilizar a los actores implicados en la transformación del sector educativo al entorno digital en la necesidad de cumplir la legislación de protección de datos
Se recuerda que los centros educativos disponen de datos especialmente sensibles y protegidos, que abarcan desde los relativos a la gestión administrativa, hasta los que conciernen a la salud (médicos o psicopedagógicos) o perfiles de aprendizaje y comportamiento de menores.
Los españoles son pioneros en el derecho al olvido, según la Agencia Española de Protección de Datos.
El sector de actividad en el que se ha declarado un mayor volumen de sanciones ha sido el de las telecomunicaciones, según la Agencia Española de Protección de Datos.
Según la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), en 2014 se incrementó, en un 15%, el número de reclamaciones y denuncias alcanzando las 12.173 peticiones. De ellas, 10.074, un 17,04% más, correspondieron a denuncias, y 2.099 (5,11% más) fueron reclamaciones. “El nuevo incremento producido en 2014, que se suma a los de años anteriores, supone la constatación de que los ciudadanos son cada vez más conscientes de sus derechos” afirma la AEPD. En los últimos cuatro años se ha producido un crecimiento del 81,6% en el número de reclamaciones presentadas.
La videovigilancia, la contratación fraudulenta, la inclusión en ficheros de morosidad, las cuestiones relativas al recobro de deudas y las comunicaciones comerciales centran la mayor parte de las denuncias que se plantearon ante la Agencia en 2014. A su vez, de las casi 100.000 consultas que han realizado los ciudadanos a través de la web de la Agencia, más de un 12% han estado relacionadas con ficheros de solvencia y recobro de deudas.
La AEPD destaca que los españoles “han sido pioneros” en ejercitar el derecho al olvido. De las 210 reclamaciones que se presentaron a la Agencia, el 83,33% (175) fueron presentadas tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
En cuanto a la resolución de las denuncias y reclamaciones interpuestas por los ciudadanos, se ha producido un crecimiento de 4,48% (11.222 frente a 10.741 en 2013). El ejercicio de la potestad sancionadora se ha incrementado en un 10,92%, si bien el volumen total de las sanciones económicas impuestas en 2014 ha disminuido un 23,89% (17.002.622 euros) con respecto a 2013, a pesar del incremento (1,04%) en el número de sanciones económicas. Ello es consecuencia de una disminución (5,37%) en el número de sanciones graves declaradas y de la aplicación de los criterios de moderación y atenuación previstos en la LOPD (66,50%).
El sector de actividad en el que se ha declarado un mayor volumen de sanciones ha sido el de las telecomunicaciones, con un importe total de 10.750.502 euros, suponiendo más de un 63,23% del volumen total. El segundo lugar lo ocupan las entidades financieras (2.018.501 euros), seguidas de las empresas de suministro y comercialización de energía y agua (1.862.900 euros). El sector de la publicidad y las comunicaciones electrónicas comerciales (spam) ocupan el cuarto y quinto puesto respectivamente (751.411 y 645.506 euros) en los sectores más sancionados.
En lo referente a las resoluciones de procedimientos de apercibimiento del sector privado (en los que se declara infracción pero no se impone sanción económica) estos han recaído mayoritariamente en la actividad de videovigilancia (55,87%). A gran distancia se encuentran los servicios de internet (10,79%).
En el caso de las Administraciones Públicas, se ha producido una disminución de un 10,53% en el número de infracciones declaradas, si bien se ha producido un incremento del 3,45% en los procedimientos resueltos.
Fuente: ituser