Los inspectores de la Junta de Castilla y León tienen previsto realizar más de 31.000 visitas de control oficial en la provincia de Zamora a través de un programa de control de la seguridad alimentaria que tiene vigencia desde este año hasta el año 2015.
En estos cinco años también está previsto que se tomen más de 6.600 muestras en la provincia y se vigilan los sacrificios de 16 millones de cabezas en los mataderos de Zamora, según los datos facilitados hoy en rueda de prensa por el director general de la Agencia de Protección de la Salud y Seguridad Alimentaria de Castilla y León, Jorge Llorente.
La campaña también incluirá la publicación de más de 120.000 folletos, dípticos, libros y otro material divulgativo, con especial atención a la salmonella y otros riesgos microbiológicos, que son los agentes que causan un mayor número de intoxicaciones alimentarias.
Jorge Llorente ha presentado hoy la nueva campaña a un centenar de profesionales zamoranos relacionados con la seguridad alimentaria y el control oficial.
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El empresario más controvertido de las últimas semanas, Alberto López Armada, envió ayer un nuevo comunicado, el segundo desde que estalló la polémica por los contratos que ha recibido del Ayuntamiento, en el que anunciaba que ha denunciado al portavoz del PSOE en la capital, Daniel Jiménez, ante la Agencia de Protección de Datos.
El motivo de la denuncia es que Jiménez desveló que este empresario ha recibido en su móvil más de 300 llamadas efectuadas por un teléfono adscrito a la Alcaldía de la capital. En este punto, López Armada dice que incluso son pocas estas llamadas, y que realmente Jiménez «se ha dejado varios cientos», dado que el trabajo que ha efectuado para el ayuntamiento —fundamentalmente labores de seguridad, aunque no sólo— requería de contactos frecuentes.
El empresario acompaña su comunicado con un certificado de la Seguridad Social que una de sus empresas, Magerit Facility, no tiene deudas con este organismo. Nada dice de las otras cinco empresas que tiene, y que han sido contratadas por el Ayuntamiento, y que está comprobado que sí acumulan deudas no sólo con la Seguridad Social, sino con sus trabajadores y con Hacienda. También defiende que sus empresas han cumplido de manera adecuada los servicios para las que han sido contratadas.
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La ayuda de 426 euros a los desempleados llega a su fin. A partir de hoy, los parados de larga duración que agoten su prestación por desempleo o subsidio podrán solicitar la nueva ayuda de 400 euros hasta un máximo de seis meses. Esta ayuda estará vinculada a la formación y contará con una dotación de 400 millones de euros que correrán a cargo del Estado. El nuevo programa -al que no podrán optar los que hayan percibido las ayudas de 426 euros- beneficiará a unos 80.000 desempleados, muchos menos que los 198.000 beneficiarios del Prodi (el anterior programa temporal de protección por desempleo e inserción) registrados en el último periodo de este subsidio.
Los parados que quieran empezar a cobrar esta ayuda tendrán que dirigirse a las oficinas de empleo y solicitar un itinerario de inserción, "un camino para volver al trabajo", momento en el que empezarán a cobrar dicha prestación, explicó ayer la secretaria de Estado de Empleo, María Luz Rodríguez. Recordó, igualmente, que si una persona que está haciendo un itinerario de inserción y una acción de recualificación profesional recibe una oferta de trabajo "adecuada" a su perfil profesional y la rechaza, se iniciaría un proceso para estudiar los motivos por los cuales no la ha aceptado que podría llevarle en su caso a perder la ayuda económica.
El ministro de Trabajo e Inmigración, Valeriano Gómez, por su parte, aseguró que más de medio millón de trabajadores autónomos "inicialmente" tendrán prestación por cese de actividad mediante la cotización a la Seguridad Social por contingencias profesionales. Gómez incluyó este hecho entre los principales avances de la política del Gobierno en materia de autónomos y pymes durante los últimos ocho años.
El ministro resaltó también el apoyo a la actividad emprendedora y el fomento del empleo autónomo, que "tiene más sentido en un contexto económico como el actual", y señaló, a su vez, que la reducción de cuotas sociales en un 30% durante 30 meses a menores de 35 años benefició a casi 200.000 jóvenes.
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Según la BBC, las autoridades españolas detuvieron un hombre que presuntamente había apropiado de una base de datos de Nintendo que contenía información de carácter personal de unos 4.000 usuarios.Parece ser que la persona en cuestión amenazaba con publicarla en un foro y denunciarla ante la Agencia Española de Protección de Datos por lo que él consideraba una negligencia en la custodia de los datos.
Vivimos en una época donde los datos personales están más expuestos que nunca, pero las leyes que los protegen son bastante leves. El supuesto ladrón pretendía llegar a un acuerdo con Nintendo para no denunciarla ante las autoridades competentes al no evitar la intrusión en sus ficheros con los datos personales de miles de clientes.
Resulta curioso que la noticia que se ha destacado en todos los medios es lo que estaba haciendo el supuesto hacker y no la falta de protección que empresa como Nintendo ejercen sobre los datos personales de sus clientes.
FUENTE: www.idg.es
Si ser presidente de una comunidad de vecinos era algo poco goloso, probablemente a los vecinos de esta comunidad de El Ejido les queden menos ganas aún de postularse para el cargo. La Agencia Española de Protección de Datos ha sancionado con 1.200 euros de multa a una comunidad de propietarios ejidense por exponer los datos de un vecino, «asociados a su condición de deudor [...] en los espacios comunes del edificio y también en el garaje». La resolución del organismo estatal supone una falta leve de la normativa estatal de protección de datos por una infracción del artículo 10 del texto legal, que asegura que quienes traten «datos de carácter personal» están «obligados al secreto profesional respecto de los mismos y al deber de guardarlos».
La denuncia, presentada por un vecino agraviado, expone que ha observado sus datos «en una hoja en un tablón de anuncios» pero que también la ha encontrado en «los ascensores del edificio». En dicha hoja, según una fotografía aportada por la denunciante, se señala que los propietarios «que tienen recibos pendientes de pago no podrán ejercer el voto» y que «son los que se adjuntan en la parte trasera de la hoja», figurando entre otros el nombre y apellidos del denunciante, titular de un garaje en el inmueble.
No habría pasado nada si no es porque la Ley de Propiedad Horizontal previene de unos pasos establecidos que la comunidad se habría saltado a la hora de publicar la lista de morosos. Según indica la Agencia en su resolución, dicha normativa de propiedad permite la difusión en tablones de anuncios de las comunidades de propietarios de datos asociados a deudas pendientes sólo en dos casos concretos: si se ha intentado una citación o notificación al propietario para su conocimiento y fuese «imposible practicarla» y en las convocatorias de Juntas de propietarios, que también deben de contener la lista de deudores pero mediante una comunicación de idénticas características que la anterior: primero directa y, en segunda instancia, en el tablón. «Es importante insistir en que este último método es subsidiario. Su utilización debe justificarse. No es admisible acudir a dicho método con carácter general», remarca la resolución.