Este proyecto conjunto reedita la colaboración entre el Inteco y Anova IT Consulting con la publicación de la 'Guía para el uso seguro del DNI electrónico en Internet'
El Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación (Inteco) y Anova IT han presentado este viernes conjuntamente en la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información (Setsi) la ‘Guía sobre videovigilancia y protección de datos personales.
Esta herramienta tiene como objetivo analizar las implicaciones legales derivadas de la instalación de sistemas de videovigilancia y su utilización en diferentes ámbitos, que permitan a las personas o entidades responsables de estos sistemas conocer sus obligaciones y principios de actuación.
Igualmente, se proporciona información a los ciudadanos sobre los derechos que tienen respecto a la captación o tratamiento de su imagen y, en definitiva, su información de carácter personal. Este conocimiento les permitirá conocer mejor el papel de la videovigilancia en la sociedad, los límites y las acciones que pueden llevarse a cabo en caso de no estar conformes con la misma.
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La Síndica, Maria Assumpció Vilà, criticó ayer la manera como el ayuntamiento y la Guardia Urbana están aplicando la ordenanza del civismo en materia de prostitución. Vilà ha recibido varias quejas, tanto de entidades que trabajan con prostitutas como de clientes, porque los agentes del orden no advierten ni a unas ni a otros antes de multarles, tal y como establece la ordenanza, y se pregunta «si se informa debidamente» a las prostitutas de que pueden dirigirse a la Agencia para el Abordaje Integral del Trabajo Sexual para intentar una reinserción laboral.
Vilà recomienda a las áreas de Acción Social y Ciudadanía y de Prevención y Seguridad del ayuntamiento que se coordinen y elaboren un protocolo «único y claro» para que «todas las personas vulnerables» tengan la posibilidad de sustituir la sanción económica por medidas alternativas con finalidades sociales y educativas. Recientemente la Síndica ha estimado una queja presentada por una educadora social en relación a una mujer extranjera que fue multada en el 2007 con 1.831,96 euros «por persistir en el ofrecimiento de servicios sexuales» sin que se le aplicaran los mecanismos que tienen por finalidad la reinserción.
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Por segunda ocasión en cinco años, la Agencia Catalana de Protección de Datos y el Ayuntamiento de Barcelona se enfrentan por la identificación de los infractores de la ordenanza que prohíbe la prostitución en la calle. La agencia abrió un nuevo expediente por considerar que, a la hora de la denuncia, la Guardia Urbana vulnera la intimidad de las prostitutas y los clientes al solicitarles datos como su nombre, su apellido, su número de DNI y su dirección, según avanzó ayer Ara.
El Consistorio tuvo noticia del expediente el pasado 18 de mayo. El proceso aún se encuentra en fase de alegaciones y los servicios jurídicos del Ayuntamiento están preparando una respuesta, que ha de entregar antes del 17 de este mes. El eje de la defensa, según una portavoz, es que "los datos que se piden son los mínimos necesarios para tramitar y comunicar la denuncia".
El Consistorio dice que está pendiente de registrar los dispositivos en la Agencia Española de Protección de Datos La Delegación del Gobierno dio hace meses permiso para colocar 79 aparatos.
Las cámaras están, pero de momento solo son un elemento más del decorado urbano de la ciudad. El Ayuntamiento de Zaragoza aún no puede usar los dispositivos de videovigilancia que compró el año pasado, que costaron 2,4 millones de euros y que ya se reparten por plazas, parques y espacios públicos de la ciudad en general. Según apuntan desde el Consistorio, están pendientes de que la Agencia Española de Protección de Datos inscriba los ficheros de estos aparatos, un paso previo necesario para que la Policía Local pueda ver las imágenes y usarlas en caso de que sea necesario.
Este trámite se está alargando más meses de lo que es habitual ya que, según apuntan desde la propia Agencia Española de Protección de Datos, suelen tardar alrededor de 30 días. Desde el Ayuntamiento alegan que han tenido que mandar a la agencia, una por una, las solicitudes para crear ficheros específicos para las 62 nuevas cámaras de videovigilancia que se han colocado.En principio, confían en que no haya problemas y se puedan empezar a usar próximamente, aunque desde el Consistorio no se atreven a dar plazos.
ANDRÉS VALDÉS Perfiles falsos o fotos comprometedoras en redes sociales, datos personales dentro de un fichero de morosos circulando por mesas de prestamistas, videocámaras apuntando al balcón, imágenes colgadas en la red e incluso avalanchas de ofertas comerciales. Estos son algunos de los riesgos que afronta el ciudadano de la era de la información y las cifras oficiales empiezan a reflejar la preocupación por la privacidad en España y también en la provincia.
Alicante es ya la sexta provincia con más denuncias presentadas ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), con un total de 139 denuncias 2010, un número seis veces superior al registrado en 2007. El año pasado, 12 entidades privadas fueron multadas por la AEPD en la provincia y cuatro instituciones públicas de la provincia fueron expedientadas.
La AEPD, agencia que vela por la aplicación de la LOPD (Ley Orgánica de Protección de Datos) recoge en su memoria del año 2010 que 139 alicantinos presentaron denuncias por posibles violaciones de su privacidad en relación con el tratamiento ilícito de sus datos en diversos ámbitos. La videovigilancia, las telecomunicaciones o las entidades bancarias son, junto a la publicidad no deseada y la actividad de asociaciones, federaciones y clubes; los sectores que más denuncias generan. No existen datos sobre la casuística particular de la provincia, pero los datos nacionales son "extrapolables" a Alicante según
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