Se trata de un proyecto de ley para reformar la ley que regula la videovigilancia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Modificación de la ley 2.602 -Regulación del uso de videocámaras para grabar imágenes y sonidos en lugares públicos.
PROYECTO DE LEY
Artículo 1º: Modifíquese el artículo 14° de la ley 2.602, el que quedará redactado de la siguiente manera:
“Artículo 14.- Garantías.
1.La existencia de videocámaras, así como la autoridad responsable de su aplicación, debe informarse mediante un cartel indicativo de manera clara y permanente, excepto orden en contrario por parte de autoridad judicial.
2.Toda persona interesada podrá ejercer, ante autoridad judicial competente, los derechos de acceso y cancelación de las grabaciones en que razonablemente considere que figura, acreditando los extremos alegados.
3.La autoridad de aplicación deberá publicar en la página web del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires los puntos en los cuales se instalen videocámaras. Asimismo, deberá publicar al menos semestralmente, la misma información mediante pauta oficial en medios de comunicación escritos radiales y audiovisuales de la ciudad de Buenos Aires.”
Artículo 2º: Incorpórase como Artículo 18 bis de la Ley 2602, el siguiente texto:
“Artículo 18 bis: Los establecimientos privados que posean cámaras de videovigilancia tipo domo o similar que capten imágenes exteriores a dicho establecimiento, deberán proceder a inscribirse en un registro creado a tal efecto por la autoridad de aplicación. Dichas cámaras serán susceptibles de formar parte de la red de cámaras de videovigilancia perteneciente al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires cuando la autoridad de aplicación así lo requiera.”
Artículo 3º: Incorpórase como Cláusula Transitoria Primera de la Ley 2602, el siguiente texto:
“Cláusula Transitoria segunda: Los establecimientos privados alcanzados por la obligación emanada del artículo 18 bis de la presente ley, tendrán un plazo de dos (2) meses contados a partir de la creación del registro para inscribirse en el mismo.”
Artículo 4º: Incorpórase como artículo 11.1.16 del Libro II “De faltas en particular”, Sección 11ª, Capítulo I “Servicios de Vigilancia” del Anexo I de la Ley Nº 451, el siguiente texto:
“Art. 11.1.16 FALTA DE INSCRIPCION DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA: El titular de establecimiento privado que posea sistema de video vigilancia, domo o similares, que capte imágenes del exterior y que no cumpliera con la inscripción en el Registro especial que prevé la legislación, es sancionado/a con multa de 500 a 5000 unidades fijas y/o inhabilitación y/o clausura del local o establecimiento.”
Artículo 5°: Comuníquese, etc.
FUNDAMENTOS
Sr. Vicepresidente 1º:
La ley 2602 tiene por objeto regular la utilización por parte del Poder Ejecutivo de la Ciudad de videocámaras para grabar imágenes en lugares públicos.
En su texto, se propugnó equilibrar las garantías de privacidad de los habitantes de la Ciudad y la urgencia por sumar un medio preventivo que provea desde el Estado, mayor eficiencia en seguridad pública.
Este sistema, impide que sean captadas imágenes en lugares sin acceso público, prevé el resguardo de las imágenes obtenidas por, al menos, 30 días para que puedan servir de instrumento probatorio para la Justicia, y estableció el debido señalamiento para que el ciudadano esté advertido sobre la posibilidad de ser filmado.
Las características de la regulación apuntan a la disuasión del delito y a su posterior investigación.
En el Plan de Seguridad presentado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, se establecía como uno de sus ejes, el desarrollo de un sistema preventivo inteligente del Espacio Público.
Asimismo, por resoluciones del Ejecutivo y anuncios realizados por funcionarios del Gobierno de la Ciudad, se ha desarrollado el Centro Único de Comando y Control, dentro del cual estaría funcionando actualmente el monitoreo del sistema de videocámaras de la Ciudad de Buenos Aires.
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ha establecido convenios con asociaciones civiles y centros de comerciantes, con el fin de ampliar su red de videovigilancia.
En la Ley 2602, se establece un artículo denominado “Garantías” que enuncia:
Artículo 14.- Garantías.
1.La existencia de videocámaras, así como la autoridad responsable de su aplicación, debe informarse mediante un cartel indicativo de manera clara y permanente, excepto orden en contrario por parte de autoridad judicial.
2.Toda persona interesada podrá ejercer, ante autoridad judicial competente, los derechos de acceso y cancelación de las grabaciones en que razonablemente considere que figura, acreditando los extremos alegados.
Si bien el mismo en su inciso a-, indica la señalización de la videocámara mediante un cartel indicativo, la publicación que se propone en el presente proyecto amplía las garantías de los ciudadanos respecto de su derecho a la información y el derecho a la privacidad, a la vez que refuerza la concepción prioritariamente preventiva que del sistema debe tener el Estado y sus diversos actores.
Por otro lado, largamente se ha debatido al momento de sancionar la Ley 2602, respecto de las cámaras de video vigilancia pertenecientes a privados y, en especial, las de predios privados de acceso público.
La redacción final de la ley, incluso ha llevado a un veto parcial por parte del Poder Ejecutivo, lo que no implica que dado el desarrollo existente en este tipo de instrumentos tecnológicos y la multiplicación de su uso, importe nuevos aportes a la ley existente, que la perfeccionen y la aggiornen respecto de sobrevinientes necesidades.
En este sentido, se ha observado que se ha extendido el uso de cámaras tipo domo o similar, que vigilan, por lo general, los ingresos y alrededores de edificios privados.
Estas cámaras se encuentran en su mayoría en el exterior de dichos edificios y todas actúan sobre el exterior, captando imágenes de espacios públicos como calles, aceras, otros edificios, espacios verdes, etc, teniendo en su mayoría un gran alcance y maniobrabilidad.
En lo que tiene que ver con las mismas garantías que la propia Ley establece, estas cámaras que se han instalado para la prevención y vigilancia de un establecimiento privado, pero que toman imágenes del espacio público, por lo que deberían estar sujetas a cierta regulación por parte del Estado. Con esos fines, es que se propone la creación de un registro para que se inscriban estas cámaras que, debe destacarse, resulta diferente en cuanto a los fines y alcances del que establecía el artículo vetado.
Adicionalmente, y atento a la utilidad que para la red de monitoreo de la Ciudad pudiera significar la ubicación de estas cámaras, se habilita la posibilidad de que a partir del interés de la autoridad de aplicación, las mismas puedan pasar a formar parte aleatoriamente de la red mencionada, incrementando el número de puntos de la ciudad que poseen este tipo de implemento tecnológico con fines preventivos y disuasivos.
Es por todo lo expuesto que se solicita la pronta aprobación del presente proyecto de ley.
El parlamentario es el impulsor de ese proyecto de ley que autoriza al Gobierno Autónomo del Departamento de Potosí la compra de esos equipos de seguridad además de otros como handys y motorizados para el equipamiento de la Policía Departamental.
Entre los proyectos aprobados ayer está el que garantiza la construcción de un moderno edificio para la Policía Departamental con recursos de la gobernación y en predios que actualmente son del Ministerio de Gobierno en la esquina Pando y Sevilla.
Cejas detalló que el Ministerio de Gobierno transferirá 1.500 metros cuadrados de terreno para consolidar el edificio en el que funcionarán las diferentes direcciones de la entidad del verde olivo.
También se consolida la transferencia de la planta Denver a la Carrera de Ingeniería Minera de la universidad local con la finalidad de mejorar sus condiciones de estudio.
Asimismo, se aprobó un proyecto de ley que ordena la instalación de una planta engarrafadora de gas licuado de petróleo en Coagaita con el fin de que la región sud del Departamento pueda acceder a ese energético.
Al margen de la resolución en homenaje a la gesta libertaria del 10 de noviembre de 1810, los diputados aprobaron cinco leyes que benefician a este Departamento y que de acuerdo a procedimiento deberán pasar a Senadores que oficiará como cámara revisora y de no existir modificaciones serán promulgadas por el presidente del Estado Plurinacional, Evo Morales.
En un clic en internet, muchos ojos se detienen.
CHINA ES CONSIDERADO como uno de los países que más censura internet. A pesar de los bloqueos del gobierno, no hay que descuidarse, los ciberpiratas también vigilan
Censura, bloqueos, espionaje y cibercrimen. Este es el lado oscuro de China, que concentra el mayor mercado de internet en el mundo, con 500 millones de usuarios, es decir, el 40 por ciento de la población del país asiático.
A pesar de que Facebook y Twitter están bloqueados por el gobierno, y Google funciona de forma intermitente, los internautas de esta zona del mundo son muy activos.
Tienen su propia red social llamada Renren, que debutó en bolsa este año y que concentra 31 millones de usuarios activos por mes.
También escriben en 140 caracteres a través de Sina, un servicio de microblogging, que emula a su rival occidental, Twitter.Y no se quedan atrás con los videos y acceden a una réplica de You Tube.
Tian Yun, que se hace llamar Felicia, para facilitar la pronunciación de su nombre, tiene 25 años y estudió español comercial en la Universidad de Shangai.
Trabaja como guía turística y para practicar el segundo idioma que domina, prefiere leer los diarios en formato impreso que llegan a su oficina, porque en la edición web el acceso es lento.
Ella prefiere socializar online a través de Kaijin, una red solo para Shangai, la Nueva York de Asia, en la que habitan 24 millones de personas.
Como otros de los 100 millones de los usuarios chinos que tienen internet en su móvil, Tian Yun interactúa en las redes sociales a través del celular.
Solo tres operadores de telefonía móvil: China Mobile, China Unicom y China Telecom, abastecen la gran demanda de usuarios del servicio de internet móvil que se puede conseguir por una tarifa mensual de 100 Yuanes (30 mil pesos), que ofrece 10 megas de velocidad.
El regulador de telecomunicaciones tiene un papel preponderante y ha hecho bajar las tarifas de interconexión por lo que el servicio de telefonía resulta ser barato y la penetración por ahora supera el 60 por ciento en un país de 1.300 millones de habitantes.
Saltar el bloqueo
A pesar de las alternativas, algunos usuarios de internet se las arreglan con servidores interpuestos o proxy, a los que se les paga una mensualidad, para saltarse el bloqueo central y acceder a los servicios como Twitter o Facebook.
A su vez, la explosión de microblogs, denominados Weibo en Chino inquieta al gobierno, en especial por el potencial para traspasar controles y censura.
En las grandes ciudades, donde se concentra la gran población de usuarios de internet, no es fácil encontrar sitios de acceso público a internet, excepto en locales como Starbucks y Mc Donald´s.
Pekín, a través de los tres operadores de telefonía móvil, tiene un plan de ofrecer 2 megas de servicio gratuito a través de un gran hotspot denominado "my Beijing", que funcionaría en ciertas zonas de la ciudad, como el complejo que fue sede de los juegos olímpicos de 2008.
Sin embargo, el requisito de autenticarse, a través del registro con número celular, puso nervioso a los potenciales usuarios, según indicó el periódico China Daily.
La supervisión es algo que se percibe no solo en la red de redes, sino en las grandes ciudades, extremadamente vigiladas con cámaras.
En la plaza de Tiananmen en Pekín hay decenas de postes, en cada uno de los cuales se ubican alrededor de siete cámaras de vigilancia.
En China, las autoridades no son las únicas que monitorean lo que hacen sus ciudadanos. Alrededor de 100 millones de chinos son víctimas de virus informático según un estudio de la compañía Rising, citado por Efe, lo que exhibe la actividad de ciberpiratas a la caza de información clave o el envío de spam.
Sin duda, al navegar hay más de un ojo puesto en cada clic
La alcaldesa de Lima, Susana Villarán, inaugura hoy la central de videovigilancia para las estaciones de El Metropolitano y a la vez pone en funcionamiento el sistema de seguridad electrónica que operará a través de las 384 videocámaras de seguridad instaladas a lo largo de ese corredor vial.
Con la instalación de dicha central, ubicada en el edificio de Protransporte, en el Cercado de Lima, se ofrecerá mayor seguridad a los usuarios de este sistema de transporte masivo de la capital.
Las cámaras tendrán una cobertura dentro y fuera de cada estación, terminales y patio. En total son 186 cámaras distribuidas para el tramo Sur, 105 cámaras destinadas al tramo Norte, 68 cámaras para el tramo Centro y 25 cámaras de intersecciones para análisis de vídeo.
Este sistema de seguridad permitirá el conteo de personas, la detección de ingresos por zonas prohibidas, detección de robos de activos fijos y la detección de objetos abandonados, entre otros para contribuir en la prevención de accidentes y otros sucesos en las zonas aledañas al corredor de El Metropolitano.
Mejoran combate a delitos en internet.
Datos de la institución judicial indicaron que este agrupamiento, pese a ser uno de los que menos personal tiene, realiza un promedio mínimo anual de dos mil 500 participaciones en averiguaciones previas del Ministerio Público, en las que se denuncian hechos delictivos en los que se utilizaron equipos de cómputo y otros artefactos de comunicación electrónica, ya sea de tipo inalámbrica o satelital.
Al cierre de marzo del presente año, la denominada Unidad de Investigación Cibernética de la PGJDF, logró equiparse con sistemas de videovigilancia con 12 cámaras de video, equipo de acceso inalámbrico a la red institucional y de banda ancha móvil.
El grupo que inició labores en este rubro, durante el año 2006, sólo con cinco operadores expertos en cómputo, en la actualidad cuenta ya con 15 investigadores en sistemas computacionales para rastrear e investigar delitos en los que son utilizados desde equipos de radiotelefonía, teléfonos celulares, hasta computadoras, blogs, y diversas redes sociales, entre otros aspectos.
Incluso, al cierre de marzo del 2011, la PGJDF, logró mejorar su infraestructura informática mediante la aplicación de 15 millones de pesos para la adquisición de mil 200 equipos de cómputo, en los que la Unidad de la Policía Cibernética tiene acceso para dar seguimiento a investigaciones diversas derivadas de denuncias formales ante el Ministerio Público.
* Lucha antipornografía
Uno de los aspectos a los que mayor atención se ha dado, es al cruce de información en materia de pornografía infantil, mediante el cual operan diversos pederastas, y en el curso del 2010 fue posible detectar a un grupo de cinco sujetos que operaban desde Mérida, Yucatán, y contaban con ramificaciones en los estados de Veracruz, Tabasco, Puebla, Distrito Federal y Estado de México.
En dicho caso, la Subprocuraduría de Averiguaciones Previas Centrales, de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), integró la averiguación previa correspondiente desde agosto del 2009 y obtuvo del Juzgado 42 Penal del Distrito Federal la medida cautelar de arraigo para los implicados.
En la página web www.flodeo.com/pp22059, se difundían imágenes de menores de edad desnudos, en poses sexuales y realizando actos eróticos sexuales, entre otras acciones, pero gracias a la intervención de la Policía Cibernética, fue bloqueada. Para sus enganches, los arraigados usaban la red social Facebook.
* Mayor eficiencia en la PGJDF
Para aprovechar al máximo los sistemas de alta tecnología en comunicaciones, la PGJDF desarrolló las áreas de programas "MP Virtual'' y "MP Virtual Itinerante'', con las que de febrero del 2010 a marzo del 2011, se realizaron 65 mil trámites por internet a través de actas especiales y querellas.
Y, aún más, se amplió en el presente año, la atención de víctimas de delitos, para que vía telefónica o internet puedan formalizar denuncias mediante el llenado de un formulario electrónico, el cual es captado en forma inmediata en instalaciones de la institución judicial, y canalizado a la fiscalía correspondiente.
Y, para no saturar los sistemas con denuncias falsas, se lleva a cabo minucioso registro de los denunciantes "virtuales'', quienes, además, posteriormente a la denuncia electrónica, deberán ratificar sus señalamientos ante autoridad ministerial, en forma personalizada, ello con la finalidad de dar atención inmediata a una denuncia, y para confirmar que el posible afectado no haga mal uso del sistema de captación cibernético.