El Consejo aprobó anoche la creación de una Comisión de Garantías para resguardar los derechos individuales. Los grandes comercios podrán realizar convenios con la Municipalidad aportando nuevas cámaras al servicio de monitoreo.

También prevé el otorgamiento de un Certificado de Habilitación para el uso y funcionamiento de los sistemas de captación de imágenes de los privados que quieran tenerlo o que ya cuentan con él. La instalación de las videocámaras deberá hacerse siguiendo el mapa del delito.

“El objetivo es asegurar la convivencia ciudadana en los espacios público o privados de acceso público y regular la instalación, instrumentación y uso de la captación de imágenes mediante cámaras.

Esta regulación, que hasta ahora no existía a nivel municipal, es imprescindible para implementar medidas de regulación y control para que esas imágenes no vulneren los derechos al honor, a la intimidad y privacidad de las personas. En este contexto de búsqueda del equilibrio entre seguridad, derechos y libertades es que propusimos la creación de una Comisión de Garantías de Video Vigilancia, con la intención de garantizar que la utilización de los sistemas de captación de imágenes del centro de monitoreo no se traduzca en un sacrificio excesivo y desproporcionado de los derechos y libertades de cada individuo.”, aseguraron los ediles.

La Comisión de Garantías estará integrada por cuatro concejales y un representante del Poder Judicial. Tendrá las facultades de ser informada de las resoluciones de autorización de cámaras móviles y su utilización; recabar el soporte físico de las grabaciones y requerir informes a las autoridades.

La vicepresidenta del Palacio Vasallo, Norma López señaló: “La utilización de cámaras deberán regirse por los principios de razonabilidad, proporcionalidad y mínima intervención reconociéndose como límite el respeto a los derechos humanos y garantías consagradas en la Constitución nacional y provincial. Las imágenes obtenidas tendrán carácter confidencial y sólo podrán ser requeridas por autoridad judicial con competencia en materia penal o de faltas”.

Público – Privado

Por otra parte, también prevé como factor novedoso, la posibilidad de que la Municipalidad firme convenios con personas físicas y jurídicas del sector privado para que éstas adquieran e instalen a su propio cargo las videocámaras, siendo obligación del municipio incorporarlas al sistema público de monitoreo.

“De esta forma se ven beneficiados tanto el sector público como el privado. El Estado sumando más cámaras al sistema de monitoreo, y el privado al ser monitoreado las 24 hs. Esto tiene como objetivo primordial lograr equidad y justicia social. Prever la posibilidad de que distintos actores del sector privado se integren al sistema público de monitoreo comprando las cámaras de video vigilancia permite que el Estado pueda invertir en aquellas zonas que de acuerdo al mapa del delito requieran instalaciones de cámaras de video vigilancia”, afirmó el jefe de bloque del frente para la Victoria, Roberto Sukerman


“El sector en el cual se concentran comercios y diversas instituciones podrá ser cubierto por el mismo sector, quedando a su cargo la compra de las videocámaras, con el compromiso por parte del Estado de incluir dicha videocámara en el sistema público de monitoreo. Por su parte, el Estado podrá invertir en ampliar el sistema público de monitoreo a las zonas que si bien no cuentan con un sector privado que pueda afrontar el gasto de instalación de las mismas, el mapa del delito marca que se requiere una fuerte presencia estatal que pueda ser cubierta en parte por medio de la instalación de videocámaras”, afirmaron los ediles.
Certificados de habilitación

En pos de regularizar y adecuar los sistemas de captación de imágenes ya instalados, y optimizar el contralor de los sistemas a instalarse a partir de la entrada en vigencia de la nueva regulación, el proyecto instituye el otorgamiento de un Certificado de Habilitación que será expedido por la Autoridad de Aplicación. Aquellos que cuenten con sistemas de captación de imágenes o que quieran instalar dichos sistemas (en espacios públicos o privados de acceso público), deberán contar con este Certificado de Habilitación para el uso y funcionamiento de las videocámaras. Al mismo tiempo se establece la sanción ante el incumplimiento de la obligación de contar con dicho Certificado.

Fuente: http://www.puntobiz.com.ar/noticia/articulo/77734/Una_comision_de_concejales_regulara_el_uso_de_las_camaras_de_videovigilancia.html

Las cámaras de seguridad se mudan a La Florida. En contacto con Radio 2, Patricio Campbell, el director del Centro de Monitoreo y Atención Ciudadana, expresó que repitiendo la experiencia de Colectividades desde el viernes próximo habrá nuevos ojos para controlar lo que pase en la costanera.

"Habrá una unidad logística móvil, cuatro cámaras a las que se sumarán otras dos y un operador para monitorear toda la costa y revisar las imágenes", explicó el funcionario y agregó: "El operador nuestro estará junto con un despachante de radiofrecuencia".

El Centro de Monitoreo y Atención Ciudadana recibe imagen en movimiento de 57 puntos de la ciudad. Durante la celebración de la última Fiesta de Colectividades seis videocámaras de vigilancia en el predio y otras ubicadas en zonas cercanas permitieron a la policía demorar a más de 200 personas que participaban en delitos. La idea es replicar esa acción en la costanera norte.

La mitad de esos dispositivos de videovigilancia se mudará a la zona balnearia. Serán ubicados desde Colombres y Washington hasta La Florida y estarán comandados por su propio centro de monitoreo.

Según adelantó Campbell el "nuevo puesto se emplazaría en las cercanías al restaurante Mordisco y contará con dos operarios a cargo de monitorear en tiempo real la actividad de la costa rosarina".

“El verano llevará mucha gente a ese corredor y es necesario controlarlo. Estamos hablando con Prefectura, donde se interesaron en las cámaras ya que por su alcance (200 metros) podrían asistir al monitoreo del río”, dijo el funcionario.

Fuente: http://www.rosario3.com/noticias/noticias.aspx?idNot=122683&Este-verano-las-c%C3%A1maras-de-videovigilancia-se-mudan-a-La-Florida

Cámaras de vigilancia se instalan en las zonas que fueron autorizadas por la Municipalidad Provincial de Arequipa para la ocupación de comerciantes ambulantes.

Las cámaras son instaladas como parte de las medidas de seguridad asumidas por las autoridades locales, a fin de garantizar el orden público y la tranquilidad por la gran concurrencia de usuarios en las diversas ferias por las fiestas de Navidad y fin de año.

La instalación de estas máquinas se realiza en los alrededores del estadio Melgar, calle Tacna y Arica, y centro comercial Nuevo Milenio, en el Cercado.

Fuente: http://www.rpp.com.pe/2012-12-12-arequipa-instalan-camaras-de-vigilancia-donde-se-ubicaran-ambulantes-noticia_548751.html

La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) volvió a empujar el contrato de concesión para el servicio de cámara de vigilancia para la seguridad vial, mejor conocida como ‘cámaras pone boletas’, que le otorgó a la empresa Traffic Safety. 

La semana pasada el director de la ATTT, Ventura Vega, informó que se adelantaba modificaciones al contrato, lo que permitiría variar el porcentaje que cobrarían ambas partes por las boletas impuestas. 

En junio pasado, las cámaras saltaron a la luz público al mismo tiempo que los cuestionamientos en contra del contrato que establece que el Estado se quedaría con el 35% y la empresa con el resto (65%). 

Vega dijo en Telemetro la semana pasada que el margen se invertiría. El 35% sería para la empresa y el 65% para el Estado, pero no ofreció mayores detalles. 

Lo cierto es que el contrato se firmó el 20 de abril de este año y la empresa colocó la primera cámara en Costa del Este e impuso 2 mil boletas por exceso de velocidad que tiene una sanción de 50 dólares. Es decir, las sanciones sumaron 100 mil dólares. 

El contrato le otorga a la empresa el derecho de instalar 20 cámaras o más en todo el país. 

ATTT NO TIENE FACULTAD

A pesar de que las autoridades del tránsito buscan apaciguar las primeras críticas por el porcentaje que recibiría el Estado, el contrato podría enfrentar un escollo legal. 

El abogado Víctor Martínez demandó el contrato, el pasado 13 de noviembre, ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, que aún no ha admitido. 

La demanda se sustenta, fundamentalmente, en el hecho de que la ATTT no tiene facultad para realizar un contrato de concesión. 

Martínez sustentó la demanda en la Ley 52 de diciembre de 2005, que establece que los contratos de concesión solo pueden ser determinados por el Consejo de Gabinete. 

El contrato para la instalación de las cámaras fue aprobado por la Junta Directiva de la ATTT, mediante la Resolución N° 17 del 23 de junio de 2011. 

Pero no es la única ilegalidad que saltaría del contrato. Para Martínez la relación contractual de Traffic Safety con el Estado no puede ser considerada un contrato de concesión porque la empresa no está prestando un servicio a la población. 

Las cámaras no son un servicio, recalcó, y comparó el contrato de concesión que mantenía el Estado con las empresas que operaban los corredores. Allí sí hay un servicio por el cual las empresas invirtieron y cobraban un peaje para recuperar su inversión y obtener ganancias. 

El contrato con Traffic Safety establece que la empresa debe invertir $3 millones durante el periodo de concesión, que es de 10 años. En otras palabras, $300 mil por año. 

Con las primeras 2 mil boletas que se impusieron en Costa del Este, la empresa se embolsilló $65 mil y al Estado le tocaron $35 mil, según los porcentajes establecidos en el contrato. 

Martínez estimó, además, que el contrato no ‘representa los mayores intereses del Estado’, lo que viola la Ley 22 de junio de 2006, que regula las contrataciones públicas. 

Aunque Vega anunció que se invertiría el porcentaje que reciben las partes, para el abogado Martínez el contrato no deja de ser ilegal. 

Por dos días consecutivos se intentó localizar a Vega, pero no fue posible. 

La ATTT tendrá que modificar el contrato para variar el porcentaje, pero hasta ayer se desconocía si los cambios se habían hecho. 

En junio pasado, cuando se instaló la primera cámara, muchos conductores se sorprendieron con las boletas porque desconocían del sistema. Martínez fue uno de esos conductores.

Fuente: http://laestrella.com.pa/online/impreso/2012/12/13/la-videovigilancia-vuelve-a-escena.asp