Descartada la seguridad privada para la Marina porque «no es legal»

El Consistorio refuerza la presencia policial pero los vecinos aún esperan las cámaras de vigilancia

La iniciativa de los comerciantes de la Marina de contratar seguridad privada para que vigile el barrio de madrugada no podrá salir adelante debido a que, según las empresas consultadas por los precursores de la idea, esta propuesta «legalmente no es viable».
«Hemos consultado a varias agencias de seguridad y nos comentan que no es legal porque cambió la normativa al respecto y no se puede tener la figura de un sereno uniformado», explicó Toni Roselló, propietario de la Inmobiliaria Antonio Roselló Ibiza, y uno de los diez comerciantes que impulsó esta iniciativa con el objetivo de frenar «la avalancha de robos» que vivió el barrio hace unas semanas.
Según explicó el comerciante, desde la reunión que tuvieron a principios de noviembre con el Ayuntamiento de Eivissa para expresar su preocupación por la inseguridad, sí han notado «más  policía por el barrio». «En principio el Ayuntamiento ha respondido y ahora estamos a la expectativa porque el concejal Ignacio Rodrigo nos comentó que están estudiando la posibilidad de instalar las cámaras de vigilancia», indicó Roselló, quien remarcó que desde que se reforzó la presencia policial, «últimamente no ha habido nada» con respecto a robos en establecimientos de la zona.
Aún así, la iniciativa de contratar seguridad privada había sido secundada por más 20 comercios del barrio que estaban interesados en la propuesta. «Pero no podemos cometer ninguna ilegalidad porque según la normativa esta persona tendría que tener un local propio, una garita, y una serie de cosas», explicó Roselló, sobre los requisitos que los comerciantes no podían cumplir «al actuar de forma conjunta».
Cabe recordar que los comerciantes habían impulsado esta iniciativa debido a que al menos cuatro establecimientos sufrieron robos en el mes de octubre.
Tenían la intención de contratar un guardia de seguridad que pudiera actuar de forma disuasoria y para que avisara a la policía en caso de emergencia, ya que los hurtos solían tener lugar cuando todos los comercios estaban cerrados, entre las 4,30 y las 8,00 horas, después de que cerraba el Teatro Pereyra, el establecimiento del barrio que permanecía abierto hasta más tarde

Los 2 mil agentes que integran la Policía Municipal de Tijuana son insuficientes para proporcionar la seguridad que requiere la población, aseguró el exdirector de la corporación, Adrián Hernández Pérez.

Invitado por la Asociación de la Industria Maquiladora de Otay (AIMO), el exfuncionario promovió la contratación de seguridad privada, para lo que hizo una exposición sobre la labor que realiza como asesor de una empresa especializada en ese ramo.

“Pedimos que se acerquen a nuestro fraccionamiento, que vengan aquí, a la colonia, que se acerquen a las maquilas, a la industria maquiladora, que se acerquen a las fábricas, que se acerquen a las instalaciones, pero es una labor titánica… es un trabajo… es demasiado para las autoridades, es demasiado, ¿y qué tenemos que hacer nosotros?, pues en forma particular poder crear las propias medidas de seguridad para ayudar a la seguridad pública”, comentó Hernández Pérez.

A los integrantes de la AIMO les advirtió que la seguridad es indispensable para garantizar el éxito de sus inversiones.

Contar con seguridad no sólo beneficia a los empresarios que la contratan, sino también a los empleados, particularmente en las zonas periféricas de la ciudad donde los índices de inseguridad son altos, dijo Hernández Pérez en su exposición.

Recomendó aplicar estrategias y tácticas para resguardar en primer lugar a los ejecutivos y luego a los empleados.

Supervigilancia requirió a empresa de seguridad por robos en Bansantander.

Dos motivos de peso trajeron a Barranquilla al superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada, Luis Felipe Murgueitio Sicard. Uno de ellos fue la condecoración de un grupo de guardas de seguridad destacados en su labor, en el marco de la celebración de su día y, el otro, la seguidilla de robos al Banco Santander en esta ciudad. Para esto último se reunió con el comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, general Óscar Pérez, con quien intercambió conceptos.

En entrevista con EL HERALDO, el funcionario nacional calificó como singularmente sospechoso el hecho de que la misma corporación haya sido objeto de tres hurtos en un mes. Como se recordará, la sede de la calle 74 con carrera 55 sufrió dos asaltos y la de la calle 79 con carrera 55 uno más, todos en noviembre pasado.

De hecho, la Superintendencia formuló un requerimiento a la empresa que presta el servicio de vigilancia al Banco Santander, Ainca Seguridad y Protección Ltda., con base en el cual se pretende establecer si hubo o no irregularidades que derivaron en los asaltos.

“Lo primero que queremos saber es si esa empresa aplicó el proceso de selección de personal de manera adecuada; tenemos entendido que el mismo vigilante aparece en dos de las situaciones de atraco del banco, entonces nos parece un poco raro y hasta sospechoso, por tanto tenemos que entrar a verificar qué tan acertada fue la selección que le hizo la empresa a esos vigilantes que trabajan para esa sucursal. El segundo tema es saber si ya la empresa hizo una investigación interna, a la que está obligada, para esclarecer exactamente qué fue lo que pasó. Igualmente que nos digan qué protocolo de seguridad aplicaron para contrastarlo con los protocolos que hemos impuesto a las empresas de seguridad que prestan el servicio en el sector financiero”, sostuvo.

Por último, pero según Murgueitio no menos importante, se requirió a Ainca para que confirme si está o no afiliada a la red de apoyo de la Policía de Barranquilla, mecanismo que facilita al sector de vigilancia privada comunicarse con la fuerza pública para reaccionar rápidamente.

De acuerdo con el Superintendente, si queda la mínima duda sobre alguno de estos aspectos se iniciará un proceso sancionatorio que podría terminar hasta en la suspensión de la licencia de funcionamiento de esa compañía.

De la misma forma advirtió que su interés en este caso es que se trata de una situación que no debe generalizarse porque “la seguridad privada no es un juego, y no pueden tomarla como un juego estas empresas de vigilancia”.

Sigue investigación

En diálogo con EL HERALDO, el Comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, general Óscar Pérez, mencionó que además del seguimiento disciplinario ordenado por el superintendente Nacional de Vigilancia y Seguridad, Luis Murgueito, la institución continuará investigando para dar con todos los responsables de los hurtos a Bansantander.

Empresarios ven positiva, pero con reservas, privatización de cárceles

El sector empresarial manifestó que la iniciativa de privatizar los centros penales es positiva y podría ser funcional, pero dejaron claro que no necesariamente la empresa privada deberá administrarlos.

Representantes de gremiales empresariales ven con buenos ojos la iniciativa del Ministro de Seguridad, David Munguía Payés de privatizar las cárceles; sin embargo, dejan claro que no necesariamente el sector privado deberá ser quien las administre.

Ante las declaraciones del Ministro de Seguridad, David Munguía Payés, en las que confirma haber conversado con la empresa privada sobre la construcción de centros penitenciarios y su arrendamiento al Estado, las gremiales empresariales dicen estar dispuestas a participar, pero con reservas.

Al respecto Javier Simán, de la Asociación Salvadoreña de Industriales, ASI, dice que la medida poder ser positiva y podría funcionar, pero no necesariamente que los privados administren los reclusorios.

"No es una privatización lo que entendemos es mover a ciertos prisioneros -menos violentos- a instalaciones menos seguras, sino de alquilar inmuebles, que pudieran ser naves industriales no es una propuesta de privatizar", dijo Simán.

El presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada, ANEP, Jorge Daboub, dice que esa propuesta no es nueva, ya que en las conversaciones que se han tenido con el gobierno, por el tema de la seguridad pública, el sector privado ha lazado la idea y hoy es retomada por el ministro, sin embargo existe un impedimento legal.

"Eso ya lo habíamos planteado en febrero, y no es privatización, ya que en muchos países se hace y si el estado no tiene recursos para hacer estas cosas, pueden hacerlos inversionistas locales o internacionales. Ahora la Ley de Asocio Público Privado, que presentó el gobierno excluyó el tema de seguridad y eso se les sugirió y se les dijo", agregó Jorge Dabou, presidente de la ANEP.

Y ese marco el sector de la construcción también no descarta apoyar al gobierno, pero lejos de privatización es mejor hablar de Asocio Público Privado.

"Este tipo de proyectos funcionan en otros países y se trabaja bajo la forma de Asocio Público Privado y necesitamos infraestructura, pero si las cárceles entraran dentro del Asocio, ya que para realizar esa infraestructura el gobierno necesita apoyo de la empresa privada y no creo que se hable de privatización sino de Asocio Publico Privado", finalizó el presidente de la Cámara de la Industria de la Construcción, CASALCO, Mario Rivera.

El Ministro de Seguridad aseguró que ya tiene el aval del Presidente Funes para decidir sobre acciones concretas, que a su criterio, contribuyan a reducir la violencia en el país