CJT contrataría seguridad privada
El vocal del Consejo de la Judicatura Transitorio (CJT), Fernando Yávar, dijo que se analiza la posibilidad de contratar seguridad privada en las instalaciones judiciales, para evitar los robos como el registrado el pasado lunes en el Juzgado Segundo de Guayaquil.
Yávar dijo que parte de la inseguridad pasa por la falta de infraestructura en la Función Judicial y porque no hay suficientes policías.
“Esperamos que los problemas de inseguridad sean solucionados. No existe el número suficiente de policías asignados a los edificios de la Función Judicial, porque la prioridad del Ministerio del Interior es la seguridad ciudadana y les interesa más tener a los policías en las calles investigando los casos y pudiendo atrapar a personas en hechos flagrantes”, expresó.
El vocal del CJT dijo que respalda la medida, pero “también nos surte un efecto en la seguridad de los edificios, por lo cual se analiza la posibilidad de contratar seguridad privada y así no tendríamos que afectar en ninguna forma a los policías que tiene el Ministerio”.
FUENTE:El Universo
Militarismo en democracia
El desorden civil hartó a la sociedad.
Los militares –activos y en retiro– no están siendo convocados para la guerra, sino por el desorden general en la administración pública. Padecemos una crisis de seguridad, pero sobre ella siempre han echado la mirada el Ejército y oficiales retirados. Nunca se desentendieron, sea porque las autoridades civiles, del 86 a la fecha, llamaron al Ejército para apoyar la labor policial, o porque militares en retiro son propietarios o asesores de empresas de seguridad privada.
La diferencia es el poder simbólico. Un general retirado fue electo Presidente democráticamente, y es lógico que llame a gente de su confianza a integrar el primer círculo de gestión y a desempeñar tareas claves de la seguridad. Es gente que trabajó bajo su autoridad en la milicia y la mayoría ya están retirados, o sea, regresan a funciones de Gobierno desde la sociedad civil. De ahí que la marca “militar” sea notable en esta administración, y obligada nota de evaluación.
Algunos dicen que Otto Pérez está militarizando el Gobierno. Si entendemos por militarización darle al Ejército tareas policiales o de desarrollo, no hay novedad. Pero es cierto, esa tendencia se refuerza –hay más soldados en retenes y operativos–, la colonia militar retirada ahora nutre las comisarías policiales, presidios, inteligencia civil y se encuadra con mayor facilidad en entidades como Fonapaz, pues hay un lenguaje inteligible, un estilo de gestión que resulta familiar, y una identidad profesional con el gobernante. De paso, un inevitable déjà vu del régimen político.
El fenómeno que empieza a aflorar es el militarismo. Desborda lo funcional. Es la promoción institucional de valores, enfoques y aspiraciones afines a la disciplina militar, como modelo de Gobierno y de sociedad, esta vez en democracia. El desorden e ineficiencia del modelo civil hartaron a buena parte de la sociedad, porque llevaron a un Estado sin autoridad ni legitimidad, y la expectativa es que sea sustituido por un orden de certezas.
El germen de militarismo en democracia más que contrasentido, es un desafío toral para Otto Pérez y su equipo. El Gobierno no tiene opción: debe ser eficiente, o sea, dar resultados con transparencia. No vive en el mundo de Ubico (1931-44), ni siquiera el de Lucas García (1978-82). El equipo de Berger (Vielmann y compañía) tuvo una magnífica mampara oligarca (incluyendo un par de intelectuales orgánicos proyectados hacia la burocracia internacional progresista) y de todos modos le destaparon los pies de la limpieza social y el tumbe de drogas. Con Colom ocurrieron desalojos violentos, ejecuciones y otras barbaridades, y la etiqueta socialdemócrata ayudó a mitigar. La relación eficacia/legalidad y eficacia/corrupción serán variables a ponderar en la opinión pública internacional y local. Y resultarán cruciales para la viabilidad de este Gobierno.
FUENTE:elPeriódico (Guatemala)
7 de Febrero, 2012
Como resultado de la Séptima Reunión, los integrantes de la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública suscribieron acuerdos que dieron a conocer hoy mismo a través de un comunicado.
La mañana de este martes se instaló formalmente la Séptima Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública, como lo establece la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
En el marco de esta Conferencia, las Secretarías de Seguridad Pública de los Estados, del Distrito Federal y la Secretaría de Seguridad Pública Federal (SSP) se reunieron con el objeto de fortalecer los mecanismos y las capacidades institucionales para combatir a la delincuencia, así como de impulsar la consolidación del Nuevo Modelo Policial a nivel nacional.
En este sentido, se acordaron acciones de colaboración para consolidar las áreas de análisis, investigación y operación de las Secretarías de Seguridad Pública estatales; para acelerar la conformación de las unidades modelo de policía en cada estado, mantener e incrementar los niveles de carga de información en Plataforma México.
Así como continuar homologando los procedimientos y esquemas de atención a los delitos de secuestro, extorsión y cobro de piso; para completar los registros relativos a empresas de seguridad privada, así como para procurar el incremento de la inversión en materia penitenciaria.
Como resultado de la Séptima Reunión, los integrantes de la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública suscribieron acuerdos que dieron a conocer hoy mismo a través de un comunicado.
En principio, aprovechando la infraestructura de desarrollo policial de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, se acordó acelerar la conformación de las Unidades Modelo en cada estado, así como sus respectivas capacidades de operación, análisis táctico e investigación.
Adicionalmente, la SSP federal, en apoyo a las Secretarías de Seguridad Pública Estatales, se compromete a seguir apoyando la capacitación de los elementos que conforman las Unidades Modelos Policiales, con especial énfasis en el caso de aquellas entidades en las que aún no se ha logrado la integración de dichas Unidades y continuar apoyando la capacitación de Mandos Altos y Medios de las Unidades Modelo, en la Academia Superior de San Luis Potosí.
Respecto a los avances de Plataforma México, y en específico del Sistema Único de Información Criminal, la SSP federal dio a conocer el estatus de la carga y consulta de la información, así como el progreso en los diversos aplicativos, protocolos y bases de datos. Se revisaron los registros relativos al Kárdex Policial, el Informe Policial Homologado, Mandamientos Judiciales, Fichas Delictivas, Módulos de Secuestro y Extorsión, así como el Registro Nacional de Información Penitenciaria.
Asimismo, se establece el compromiso de incrementar la carga al Sistema Único de Información Criminal, albergado en Plataforma México e incrementar la colaboración en línea, también vía Plataforma México.
Las Secretarías de Seguridad Pública Estatales se comprometen a completar y actualizar el Registro de Personal de Seguridad Pública e integrar la respectiva información biométrica a más tardar en dos meses.
Además, se establece el compromiso de incrementar la carga de Informes Policiales Homologados, el intercambio de mandamientos judiciales en línea y la sistematización de la información penitenciaria.
La Secretaría de Seguridad Pública federal reitera a cada entidad federativa el ofrecimiento de albergar un enlace permanente en el Centro de Inteligencia, y se compromete a continuar con el apoyo técnico y operativo para el uso de las herramientas y aplicativos de Plataforma México.
En relación a las Unidades Especializadas en el Combate al Secuestro, la Secretaría de Seguridad Pública federal dio a conocer los avances en su conformación, así como cifras registradas como resultado de los operativos coordinados.
Refrendó su compromiso de apoyar en la constitución y fortalecimiento de las Unidades Especializadas en el Combate al Secuestro, así como en materia de inteligencia y operación.
Respecto al combate a los delitos de extorsión telefónica y cobro de piso, las Secretarías de Seguridad Pública estatales acuerdan homologar los esquemas de atención, y adoptar los procedimientos sistemáticos de operación conforme a los que actualmente opera el Centro Nacional de Atención Ciudadana.
Asimismo, las Secretarías de Seguridad Pública de los estados se comprometen a registrar en Plataforma México toda la información sobre el delito de extorsión captada a través de sus respectivos centros de coordinación (C4).
Por su parte, la Secretaría de Seguridad Pública federal mantiene su compromiso de albergar en Plataforma México la Estadística Nacional sobre el Delito de Extorsión y mantendrá su apoyo en el combate a este delito mediante capacitación técnica e intercambio de inteligencia.
En materia de la integración del Padrón Nacional de Empresas de Seguridad Privada, las Secretarías de Seguridad Pública estatales acuerdan suministrar, antes del 30 de abril del presente año, la información del personal, armas, vehículos, equipos y demás datos que conforman la Segunda Fase del Módulo de Empresas de Seguridad Privada, el cual forma parte de Plataforma México.
En relación al gasto y la inversión en materia penitenciaria, las Secretarías de Seguridad Pública estatales se comprometen a conservar los siguientes ejes presupuestales durante el 2012: Conectividad a Plataforma México, Registro Nacional de Información Penitenciaria (RNIP), Adquisición e instalación de inhibidores, Capacitación a personal penitenciario y Centro de atención de adicciones.
En este marco, los integrantes de la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública suscribieron dichos acuerdos mediante la firma del acta respectiva de la presente sesión.
FUENTE:RadioFórmula
El nuevo escenario de la seguridad
La seguridad fue uno de los puntos importantes del temario de la última reunión de Comité Ejecutivo en el predio de Ezeiza y la primera reacción será implementar una medida en la Ciudad de Buenos Aires para remplazar gradualmente a la Policía Federal por seguridad privada que contratará cada club.
Durante el torneo Apertura se realizaron pruebas piloto con Argentinos y All Boys; los ensayos continuarán durante el Clausura.
“La idea va de la mano con el empadronamiento de hinchas”, contó una fuente que conoce de primera mano la iniciativa.
Evitar la connivencia de las distintas comisarías con las barras bravas, profesionalizar a un cuerpo especial privado en la tarea de prevención del delito en los espectáculos deportivos y derivar la responsabilidad de la seguridad a los clubes, forman parte de los objetivos que implementará la Unidad de Coordinación de Seguridad y Prevención de la Violencia en Espectáculos Futbolísticos (Ucpevef), un ente que actúa bajo la coordinación del Ministerio de Seguridad de la Nación.
El Ministerio de Seguridad plantea quitar los adicionales en el fútbol argentino para continuar con una serie de medidas tendientes a lograr que los policías federales estén abocados solamente al servicio de calle y así reforzar la vigilancia en la Capital.
El Gobierno no está conforme con perder una gran cantidad de uniformados todos los fines de semana, ni con abonar “las cifras millonarias” que gasta el Estado con los partidos de las diferentes categorías del fútbol argentino.
“Está comprobado que los delincuentes también hacen logística y saben cuáles son las comisarías que quedan con pocos hombres, porque son convocados a los operativos de los partidos, ya sea porque lo ven o porque se lo cuentan los mismos policías. Hay estadísticas que dicen que los fines de semana sube el índice de delitos”, reveló una fuente de la Federal.
Asimismo, destacó que el número total de efectivos empleados por fin de semana en los cotejos es alrededor del 30 por ciento del total de la fuerza, algo que consideran “una locura”.
Es por eso que se prepara una quita paulatina que comenzará en los próximos meses.
De esta manera, el Estado emplearía a esos policías en las calles y se les pagaría un equivalente por cumplir esas tareas en una especie de servicio prevencional (horas extras en la misma seccional).
La idea es la de poner vigilancia privada dentro de las canchas, las cuales serán pagadas por los clubes o la AFA -el dinero podría venir del abono mensual que reciben por la televisación de los encuentros-.
En tanto, en las adyacencias custodiarían los policías federales de las comisarías con jurisdicción en los respectivos estadios, pero se desempeñarán dentro de su horario laboral.
Por el momento, el servicio seguirá y de hecho será la misma Federal la que se ocupe de la custodia de los encuentros del fútbol, por más que las seccionales que tengan jurisdicción en esos cotejos ya cuenten con Prefectura o Gendarmería a cargo de patrullajes.
De todas maneras, desde el Ministerio que encabeza Garré planean continuar con una serie de reformas tendientes a mejorar la seguridad y a acrecentar la lucha contra el delito, más allá de los cortocircuitos que pueda haber.
FUENTE:Los Andes (Argentina)
El Salvador: empresas guardan 4,5% para seguridad
Los empresarios salvadoreños deben presupuestar el costo de la violencia que se registra en el año en algo más del 4% de sus ventas.
*Información de Diario El Mundo – El Salvador,
Según el Banco Mundial, el costo de la violencia y las pérdidas que genera el crimen equivalen al 4.5% de las ventas de las empresas salvadoreñas.
Los costos y pérdidas que enfrentan las empresas instaladas en el país debido a la violencia equivalen al 4.5% de sus ventas, según un estudio realizado a finales del año pasado por el Banco Mundial (BM).
En el informe “Crimen y violencia en Centroamérica. Un desafío para el desarrollo”, el organismo cita datos de 2006 de sus encuestas que realiza a empresas de todo el mundo, las Enterprise Surveys.
Los datos revelan que las pérdidas que reportan las empresas por el crimen equivalen a cerca del 2,8% de sus ventas. El costo de la seguridad privada asciende al 1,7% de sus ventas, lo que suma 4,5%, la tasa más alta de Centroamérica.
“El elevado costo de la violencia (…) actúa como un obstáculo a la competencia, reduce los márgenes de utilidad y puede significar la diferencia entre el éxito o el fracaso de una compañía”, advierte el BM en su estudio.
Y es que, según el informe, los índices de crimen y violencia de El Salvador son parte de los más altos de América Latina, al punto que los empresarios salvadoreños entrevistados para las encuestas del Banco afirmaron que el crimen es la limitante número uno para la productividad y el crecimiento del país; por encima de las prácticas de competidores informales, el acceso al financiamiento, la corrupción y la inestabilidad macroeconómica.
Los costos que genera el crimen son tan altos que el Banco Mundial también estima que si El Salvador redujera en 10% el índice de homicidios, lograría incrementar hasta en 1% el ingreso per cápita anual.
El país muestra el índice de homicidios más alto de Latinoamérica con 58 asesinatos por cada 100.000 habitantes, una tasa superior al promedio centroamericano, que es de 35,4 por cada 100.000 habitantes.
* http://elmundo.com.sv/empresas-pierden-4-5-de-las-ventas-por-inseguridad
FUENTE:Estrategia & Negocios