Descontrol domina en empresas de seguridad privada del país

 

En 2011 fueron procesados 122 agentes de seguridad privada por diferentes delitos.

La Ley Reguladora de Servicios de Seguridad Privada obliga a estas empresas a hacer una “adecuación legal” ante el Ministerio de Gobernación, no obstante solo 2 de las 150 instancias existentes han iniciado ese trámite.

 

Se contempla el delito de prestación ilegal de servicios, aunque la aplicación de la ley se encuentra en suspenso debido a múltiples acciones legales presentadas por las empresas.

 

Mauricio López Bonilla, titular de la cartera del Interior, reconoció que no todas las empresas ejercen controles efectivos del personal que contratan y dijo que existen entidades legalmente establecidas que subcontratan servicios de agencias ilegales –contra las cuales se ejercerán sanciones.

 

Rafael Donis, titular de la Dirección de Servicios de Seguridad Privada, señala que la capacitación y el reclutamiento adecuados son “responsabilidad empresarial”. Reconoce que son pocas las compañías que invierten un máximo de ocho días en este proceso.

 

Añade que su función se limita a verificar y garantizar que lo que se enseña en esas academias esté avalado por esa institución.

 

Mynor Berganza, asesor legal de esas empresas, demeritó las estadísticas de procesos abiertos contra guardias privados y afirmó que existen más delitos cometidos por agentes de la Policía Nacional Civil.

 

El abogado afirmó que las empresas privadas de seguridad ejercen controles estrictos sobre su personal y rinden informes semanales. Sin embargo, Gobernación señala que estos solo se refieren a la rotación de personal.

 

Caso emblemático

 

El 27 de julio fue asesinada Luisa Fernanda Fajardo López, de 23 años, después de haber salido de un gimnasio. El principal sospechoso del crimen es Rosalío Pineda Pernillo, guardián del lugar.

 

El Ministerio Público estableció que el sindicado tenía antecedentes penales por robo y portación ilegal de arma, pero esto no fue obstáculo para ser contratado por la empresa Orión.

 

Geovany de León, abogado de Orión, dijo que esa entidad verificó los documentos de Pineda: “Seguimos un procedimiento, pero la forma en la que él los consiguió la desconocemos”.

FUENTE:elPeriódico (Guatemala