El Consejo Mexicano de Hombres de Negocios (CMHN) se comprometió ante el Presidente electo, Enrique Peña Nieto, a invertir en el País, siempre y cuando se genere un clima de seguridad física y jurídica, advirtió Claudio X. González, presidente de este organismo.El empresario relató que sostuvieron una reunión con Peña Nieto este jueves donde los temas principales fueron el crecimiento de la economía y la seguridad.
Unas 390 compañías que brindan servicios de seguridad privada en Costa Rica están siendo investigadas por irregularidades, reportó hoy el sitio digital nacion.com.
Indicó que esa cifra representa el 20 por ciento de las mil 800 empresas privadas de seguridad inscritas en el país y los expertos que las investigan tienen un plazo de seis meses para indagar y fijar sanciones.
Entre las irregularidades de sus agentes figuran infracciones a la Ley de Armas y Explosivos, obstrucción al trabajo de la Policía y agresiones y maltratos a las personas, apuntó ese medio.
Entre las anomalías detectadas con el uso de armas figuran que muchas no estén inscritas, o aparecen registradas por una persona diferente a quien la porta, o falta de permisos para llevarlas, refirió.
Entre los casos citados por ese medio está la compañía Diema S. A. a la cual hubo que suspenderle la licencia después que los vecinos interpusieron denuncias ante la Fiscalía por amenazas y agresiones.
Además, de todas las empresas inscritas para dar servicios de vigilancia, 839 tienen el permiso vencido y algunas debieron realizar el proceso de renovación desde 1996.
También reveló que de los 51 mil 577 agentes privados registrados, hay 22 mil 453 con la licencia para laborar vencida y las empresas no verifican si el personal tiene la documentación al día.
Hay 51.577 vigilantes privados inscritos. Quizá no todos estén activos, pero, si se toma en cuenta la existencia de servicios de vigilancia totalmente informales, la suma es cuando menos el triple del número de oficiales de la Fuerza Pública. También supera por amplísimo margen las aspiraciones de la presidenta Laura Chinchilla de llegar a contar con 20.000 o 25.000 policías.
Es una fuerza enorme y armada. No representa peligro para la seguridad nacional, como en alguna ocasión se ha dicho con ánimo de exagerar, pero sí un riesgo para la ciudadanía si sobre ella no se ejercen los controles adecuados. Lamentablemente, la información publicada ayer por este diario no deja dudas sobre los inconvenientes límites de la supervisión.
Una de cada cinco empresas inscritas está bajo investigación por el desempeño irregular de sus agentes. De las 1.800 autorizadas para ofrecer servicios de vigilancia, 839 tienen el permiso vencido y 22.453 de los 51.577 vigilantes inscritos tampoco poseen una licencia al día.
Cuatro empresas han conseguido subsistir sin renovar permisos durante 16 años. Es un número reducido en relación con el total, pero el tiempo transcurrido en condición irregular dice mucho de la supervisión ejercida sobre el sector. Unas 440 compañías llevan entre 5 y 15 años con los permisos vencidos.
La renovación de permisos y licencias es importante, entre otras razones, porque en ese momento la Dirección de Servicios de Seguridad Privados del Ministerio de Seguridad Pública aprovecha para revisar el cumplimiento de los requisitos, incluyendo la falta de cuentas pendientes con la justicia.
La laxitud de la supervisión se confabula con las debilidades del control de armas para crear una situación de peligro. Casi el 98% de los candidatos a portar armas de fuego aprueban los exámenes psicológicos. La Fiscalía del Colegio de Psicólogos investigó los hechos subyacentes a la extraña estadística y alertó sobre importantes fallas en la administración de las pruebas. En algunos casos, los exámenes se hacen con excesiva ligereza y, en otros, hay indicios de corrupción.
Las empresas de vigilancia privada no nacen del vacío. Son producto de una realidad social que justifica su existencia. Llenan una necesidad que el Estado no ha podido satisfacer, aunque está llamado a hacerlo por naturaleza. Aceptadas esas circunstancias, es necesario brindar a la ciudadanía seguridades de la correcta prestación del servicio. Sin embargo, no faltan ejemplos de abuso y malas prácticas.
Los vecinos de un residencial en Curridabat, lejos de hallar protección en la empresa de vigilancia contratada para brindar seguridad al barrio, terminaron por denunciar maltratos y prácticas abusivas, como obligar a las visitas a bajar del auto para registrarlas. También hubo denuncias de golpes e injustificados disparos al aire. Quienes rechazaron los servicios, encontraron sus casas marcadas con la leyenda “Aquí no protegemos” y, tres meses más tarde, cuatro de esas viviendas fueron violadas en un solo día. Uno de los vigilantes contratados por la empresa tenía antecedentes por agresión con arma, venta de drogas, robo de autos y amenazas.
Según la Dirección de Servicios de Seguridad Privados, el de Curridabat es el caso más grave de cuantos tienen bajo investigación, pero no es la única denuncia entre cuyos elementos figura la agresión. Los servicios de seguridad contratados en bares están entre los denunciados por hechos violentos.
La Dirección tarda, en promedio, unos seis meses para investigar e imponer sanciones, pero los castigos establecidos por ley carecen de un rigor acorde con la importancia del servicio y los valores en juego. Quienes dejen vencer los permisos se exponen a pagar entre 10 y 30 días de multa, una suma insuficiente para sufragar siquiera el costo de la investigación. La cancelación definitiva del permiso también es posible, pero nada garantiza que los infractores se abstendrán de crear una sociedad para tramitar otra autorización, y borrón y cuenta nueva.
El director de la empresa contratada en Curridabat acumula varias causas judiciales por amenazas, coacción y lesiones. Además, fue sentenciado a ocho años de cárcel por robo en noviembre del 2001, pero el permiso de operación fue concedido a una sociedad anónima.
Un empleado de seguridad privada de un local de comidas rápidas fue acuchillado cuando procuró evitar un robo en el comercio, situado en el barrio porteño de Palermo, por parte de tres jóvenes que irrumpieron con armas blancas en la hora de cierre, informaron hoy fuentes policiales.
La víctima sufrió una puñalada en la mano en medio del episodio, que comenzó a las 23 de ayer en un local de la avenida Scalabrini Ortiz 2060, donde los ladrones lo sorprendieron mientras vigilaba y lo amenazaron de muerte, tras lo cual dos de los delincuentes se dirigieron a gran velocidad a la línea de cajas y robaron la recaudación.
Fuentes policiales dijeron que el empleado de seguridad privada, quien cubría un turno para un local de la marca McDonald's, intentó liberase del asaltante que lo tenía tomado del cuello con un cuchillo, forcejearon y el trabajador terminó con un puntazo en una mano.
Luego, los ladrones huyeron con el dinero, cuya cantidad no fue precisada por los voceros.
La víctima, poco después, fue trasladada por una ambulancia a un hospital de la zona en una ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME).
Agentes de la comisaría 23 arribaron poco después del robo al lugar, donde se solicitó la entrega de las imágenes tomadas por las cámaras de seguridad de circuito cerrado, con el fin de tratar de identificar a los delincuentes para sus eventuales capturas.