empresas de seguridad privada, una fuerza mayor a los estamentos públicos, con un crecimiento anual del 10 por ciento, afirmó hoy un experto.

“Puede haber dos millones de guardias de seguridad, (la industria) crece un 10 por ciento anual, crece más que las fuerzas de seguridad pública”, comentó a Notimex el vicepresidente regional de la Asociación Americana para la Seguridad Industrial (ASIS), Omar Garrido.

 

La entidad, con sede en Estados Unidos, aglutina a cerca de 38 mil miembros de distintos países, con objetivos centrados en alcanzar la profesionalización de los guardias privados.

 

Representantes de la organización se reúnen desde el martes en la capital panameña para discutir durante tres días aspectos relacionados con ofrecer mayor capacitación a los integrantes de la organización internacional.

 

Garrido señaló que los participantes discutirán mecanismos de cooperación entre los organismos públicos y privados de seguridad.

 

Indicó que en la región la seguridad privada registra un crecimiento mayor a la fuerza pública.

 

“Los estados van a tener que reordenar los espacios públicos y dejarles los espacios privados a la seguridad privada”, comentó Garrido.

 

El representante de ASIS indicó que en forma paralela a una serie de conferencias, se desarrolla una exposición con productos de alta tecnología, destinados a la seguridad industrial.

 

Garrido advirtió que en el caso de Panamá, uno de los problemas es la escasez de personal para ocuparlo como guardias privados, aunque resaltó que ese problema también lo padecen otro tipo de empresas.

 

“Hay carencia de recurso humano calificado y (Panamá) es un país muy pequeño para el boom económico que tiene”, comentó Garrido.

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El agente de seguridad Ermógenes Ambrosio Díaz De León, de 34 años, fue muerto a tiros por desconocidos que lo atacaron cuando realizaba su labor en la entrada norte al Centro Comercial Internacional, ubicado en la zona 2, de Coatepeque, Quetzaltenango.

Álex Martínez, socorrista de Cruz Roja, informó que la víctima tenía múltiples impactos de arma de fuego.

Familiares del occiso indicaron que tenía años de laborar para la empresa de seguridad Sistema de Seguridad S.A, y  que hace poco fue destinado al centro comercial, ya que anteriormente prestaba seguridad a una librería.

Agentes de la Policía Nacional Civil indicaron tener información sobre los victimarios, y curiosos indicaron que fueron desconocidos que se conducían en un automóvil Mazda Protege.

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En México, el negocio de la seguridad privada es un nicho en crecimiento y una necesidad para las empresas, figuras públicas y organizaciones comerciales.

Sin embargo, también es un sector que en gran parte carece de una normativa legal.

La seguridad privada es un negocio atractivo pero complejo. En el país existen 8,000 empresas, de las cuales 75% opera de manera irregular al contratar personal fuera de la ley, darse de alta como un giro comercial diferente, evadir impuestos o evitar el pago de derechos y certificados.

De acuerdo con el INEGI, México tiene apenas un policía de seguridad pública por cada 996 habitantes para combatir el crimen. Y Alejandro Hope, titular del proyecto Menos Crimen, Menos Castigo, y exdirectivo del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), estima que se cometen 43 delitos por minuto.

Frente a este escenario, la demanda de seguridad privada crece y las empresas aprovechan para alimentar su fuerza laboral entre desempleados, expolicías y personas con escasa instrucción escolar que encuentran en esta industria una oportunidad de empleo con pocas exigencias.

“Basta abrir la sección de clasificados de cualquier periódico para comprobar que lo único que piden estas empresas son acta de nacimiento, identificación oficial y, si acaso, alguna carta de recomendación”, acusa Gabriel Regino, consultor en seguridad y exsubsecretario de Seguridad Pública del Gobierno del Distrito Federal.

En 2010 y 2011, el Congreso reformó la Ley de Seguridad Privada con el fin de evitar la operación de empresas irregulares en el sector.

Según la Asociación Mexicana de Seguridad Privada, Información, Rastreo e Inteligencia Aplicada (AMSIRIA) la ilegalidad continuó y la reforma solo entorpeció la operación de las empresas establecidas con sanciones de hasta 5,000 salarios mínimos y una exagerada cantidad de trámites por hacer.

Los empresarios quieren incidir más en las decisiones de gobierno que involucran a su ramo.

Los diferentes organismos tratan de organizarse en una cámara de la industria de la seguridad privada que les abra espacios de decisión, explica Alberto Rivera de AMSIRIA. Hasta ahora, no hay muchos avances. Hay diferencias entre las organizaciones respecto al camino que deben seguir. También deben ponerse de acuerdo sobre los métodos que les permitan elegir a quien se desempeñaría como representante de la industria.

Gabriel Regino apunta que sería una mala señal fortalecer este sector con poder político. Apunta que la seguridad no debe ser un bien de élite, al que solo pueden acceder unos cuantos. “La obligación es del Estado y su responsabilidad es con todos los ciudadanos”.

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Empleados de una empresa de seguridad privada que trabaja para el Ejército estadounidense en Afganistán fueron despedidos y acusados por la Justicia de celebrar fiestas en las que se consumió alcohol y drogas, informó este miércoles la cadena ABC.

La cadena de televisión estadounidense colgó en su sitio de internet un video en el que se ve a varios hombres con el torso desnudo bebiendo vodka y a otro, el enfermero del grupo, con las pupilas dilatadas por el efecto de una inyección de ketamina, un fuerte analgésico.

El video, grabado con un teléfono móvil a principios de 2012 en el centro de operaciones de la empresa Jorge Scientific en Kabul, fue enviado a ABC por dos extrabajadores que han emprendido acciones legales contra sus excompañeros por poner en peligro vidas ajenas.

"Pusieron en peligro la vida de los empleados de Jorge, soldados estadounidenses, y perjudicaron la misión de Estados Unidos" en Afganistán, afirmó uno de los denunciantes en la querella publicada por ABC.

Estos empleados de Jorge Scientific trabajaban en el marco de un contrato de 47 millones de dólares para entrenar a la policía afgana en la lucha contra la insurrección.

Los trabajadores al servicio del Ejército estadounidense tienen prohibido el consumo de alcohol y drogas.

En un comunicado, la empresa aseguró haber adoptado "medidas firmas para poner fin al comportamiento inaceptable de un número limitado de trabajadores" y abierto una "investigación independiente". Los implicados en el caso han sido despedidos.

El Pentágono "toma las alegaciones de comportamiento inapropiado de empleados de sociedades de seguridad privadas y militares muy seriamente", explicó a la AFP un portavoz, el comandante Bill Speaks, quien avanzó que el Ejército de tierra ha iniciado una investigación.

A principios de julio trabajaban cerca de 114.000 contratistas para el Pentágono en Afganistán, cifra ampliamente superior a los 90.000 soldados estadounidenses desplegados sobre el terreno, según datos del Departamento de Defensa.

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Con una inversión de 4,200 millones de pesos, el presidente Felipe Calderón inauguró el Centro Federal de Reinserción Social No. 11 (Cefereso), el primer penal de máxima seguridad en el país que fue edificado con recursos de una asociación público-privada.

Junto al gobernador de Sonora, Guillermo Padrés Elías, el mandatario destacó que el centro de reclusión tiene una capacidad de 4,000 presidiarios, lo cual, dijo, lo hace el más grande del mundo.

Edificado por la empresa ICA, este penal es el primero de un total de 8 que la administración calderonista construye bajo la modalidad de inversión tanto pública como privada.

De acuerdo con el político michoacano, el modelo de asociación público privada de inversión penitenciaria permitirá la creación de 32 mil nuevos espacios, con lo cual va a avanzarse en el abatimiento del rezago penitenciario en el ámbito federal que prevalecía al inicio del gobierno.

En ese sentido, destacó que el Estado tiene que cumplir con el deber de contar con espacios penitenciarios suficientes para hacer cumplir la ley, así haya una demanda de hasta 100,000 reclusos: "Hay que adaptar los espacios penitenciarios a el imperio de la ley, y no reducir el imperio de la ley a los espacios penitenciarios disponibles", dijo.

En su turno Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública, informó que el complejo penitenciario está equipado con 1,200 cámaras de monitoreo que supervisan todas y cada una de las áreas bajo el esquema de seguridad, el cual permite tener un alcance superior para evitar que existan riñas, motines y fugas.

Asimismo -detalló- cuenta con equipamiento para ingreso controlado de rayos X, escáneres, detección molecular de drogas, lectores biométricos para el control de internos, de tránsito de personal y servicios e incluso de letras tempranas para cada módulo del penal.

Por otra parte, detalló que el sistema penitenciario federal custodiaba en 2006, 3,164 internos federales. Sin embargo, para finales de octubre se tendrán más de 25,000 en custodia federal; y para diciembre estarán el total de reos federales en custodia federal.


"Política de largo aliento"

En otro orden, Calderón señaló que la lucha por la seguridad debe ser una política de Estado que rebase los límites naturales de un gobierno y, desde luego, los de algún partido político.

Al inaugurar el Cefereso 11, el Ejecutivo llamó a continuar "una política de largo aliento que asuma -como lo asumimos nosotros- los costos del cambio en el corto plazo con el objeto de que se llegue de manera estable y permanente a mejores condiciones de seguridad en el mediano y largo plazos".

Acompañado por el embajador de Estados Unidos, Anthony Wayne, el mandatario habló de la necesidad de continuar con una política que persiga el objetivo común de garantizar plenamente la tranquilidad y la seguridad de los mexicanos.

A dos meses de que termine su administración, el presidente de la República insistió en que durante su sexenio no ha habido una sola fuga en los penales federales, a diferencia de los penales estatales donde se han registrado más de mil.

Señaló que, mientras en 2006 sólo había 6 penales federales, en la actualidad ya existen en total 21 con todas las condiciones de seguridad óptimas.

Más tarde, el presidente Calderón inauguró una estación de la Policía Federal, donde habló de la necesidad de no bajar la guardia en materia de seguridad, ya que prevalece el enorme reto de concretar la depuración y la modernización de todas las policías del país.

En ese sentido, sostuvo que su gobierno dejará como legado una Policía Federal depurada y fortalecida, pese a "los matices y con todas las excepciones que se han presentado en el comportamiento como en cualquier institución humana".

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