Desde 2007, el Gobierno se acostumbró a pagar mayores costos por las obras públicas que licita debido al constante aumento de precios de los materiales de la construcción por el proceso inflacionario.Pero ahora aparece un rubro nuevo por el que debe pagar más: la inseguridad.
Así, el Ministerio de Infraestructura ya le pagó más dinero que el presupuestado a empresas por contratar guardias de seguridad para que custodien mientras se realizan los trabajos y así "prevenir deterioros, asaltos y robos de materiales y combustibles de la maquinaria afectada a tal fin", según consta en uno de los documentos donde se acepta el pago.
Los empresarios de la construcción aseguran que padecen constantes robos de materiales mientras se construyen y que si trasladan "directamente esos costos las obras se encarecerían muchísimo". Al mismo tiempo,a aseguran que ya han tenido varias reuniones con las autoridades para buscar alguna salida.
Una de las obras en las que el Gobierno debió pagar de más por la inseguridad fue el Hospital "RamónCarrillo", de Las Heras.Por resolución, el Ministerio de Infraestructura le pagó 154.835 pesos extras a lo convenido a la empresa constructora, reconociéndole los gastos que debió afrontar para custodiar el predio mientras se construía el edificio.
La empresa que hizo el hospital es Procon SRL.Esa firma presentó varias notas quejándose por la inseguridad y los gastos que afrontó y reclamando "las diferencias de gastos previstos, toda vez que lo explicitado en los pliegos licitatorios es totalmente diferente a la realidad que se debió afrontar".
Según la resolución donde se reconoce el pago, esa firma contrató a la empresa de vigilancia "Neguen Seguridad" (ambas radicadas enSanMartín), para que pusiera vigiladores de manera permanente.
Las nuevas estrategias en materia de seguridad que delinearon alcaldes de la Zona Metropolitana y el Gobierno del Estado, incluirán el sobrevuelo constante con helicópteros de las policías de Guadalajara y Zapopan, revelan fuentes oficiales.
De acuerdo con la información proporcionada, en la estrategia se involucrará a las empresas de seguridad privada en labores preventivas.
A la par, se implementarán columnas de seguridad con todas las corporaciones de la Zona Metropolitana.
Se prevé que los mandos policiales sostengan reuniones de evaluación cada tres semanas, mientras que los alcaldes verificarán avances cada siete días.
FUENTE: www.notisistema.com
La dependencia federal dio a conocer este martes que la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) solicitó y obtuvo de un Juez Federal Penal Especializado en Cateos, Arraigos e Intervención de Comunicaciones, la medida cautelar de arraigo por 40 días contra Azucena Vargas Linares, por ser presunta responsable del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Según los primeros indicios, Vargas Linares estaría relacionada con el traslado de fuertes sumas de dinero hacia Sudamérica, ya que no cumplía con sus funciones, las cuales estaban relacionadas con la revisión de equipaje en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).
La mujer quedó bajo arraigo durante 40 días en el llamado Centro de Investigaciones Federales, que se localiza en la ciudad de México.
Esta es la segunda ocasión en que personal de la empresa española Eulen se vincula con actividades criminales, toda vez que su personal es investigado por su involucramiento en el traslado de más de 100 kilogramos de cocaína a España, en diciembre pasado, hecho por el cual fueron detenidos tres mexicanos que están sujetos a investigación en el país ibérico y cinco elementos de Eulen, quienes han sido arraigados por colaborar para traficar ese cargamento.
La Secretaría de Seguridad Pública capitalina (SSP-DF) y el Consejo Nacional de Seguridad Privada firmaron un convenio para establecer las bases para crear una red de prevención del delito mediante acciones conjuntas a través de la capacitación de los agremiados, que permita fomentar la seguridad y el intercambio de información.
Con esto, las empresas de seguridad privada tendrán la oportunidad de capacitar a su personal en las instalaciones del Instituto Técnico de Formación Policial, situación que servirá para certificar su funcionamiento.
De acuerdo con el jefe de la policía capitalina, Manuel Mondragón y Kalb, actualmente existen más de 600 empresas con una población de más de 18 mil usuarios.
Advirtió que aproximadamente un 40% de estas corporaciones aún no cumplen con todos los requisitos y se les está dando oportunidad de actualizarse.
En dos años, alrededor de cien empresas de seguridad privada fueron clausuradas al no contar con todos los requisitos para su funcionamiento.
A través del acuerdo, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP-DF) se comprometió a facilitar las instalaciones del instituto Técnico de Formación Policial (ITFP) para la capacitación en materia de seguridad, prevención del delito, uso legítimo de la fuerza, cultura de la denuncia y preservación del lugar de los hechos.
También, la SSP-DF incorporará un link en su página web para difundir la lista de empresas de seguridad privada afiliadas el Consejo y habilitará el Centro de Atención del Secretario (CAS), como medio de comunicación directo con éstas, para agilizar su participación oportuna en caso de emergencia.
Por su parte, el Consejo enviará una lista de los representantes de sus agremiados para recibir capacitación en el ITFP, además de que todos los afiliados serán plenamente informados sobre toda la gama de servicios que ofrece el CAS.
FUENTE: www.eluniversal.com.mx
El acuerdo entre los vigiladores privados y la Policía Metropolitana para trabajar en conjunto todavía no se cerró. Resulta que desde el Sindicato Único de Trabajadores Custodios y Afines (SUTCARA) rechazaron el convenio que firmó el jefe de Gobierno, Mauricio Macri, con la Cámara que los nuclea.
Uno de los representantes de SUTCARA, Alejandro Ramírez, manifestó al portal de Noticias Urbanas que “repudian la acción y que el problema de la inseguridad lo debe resolver la Policía Metropolitana”. E indicó que “el desacuerdo está en cómo el Gobierno y la Cámara establecieron el convenio”.
El plan que pretende llevar adelante el Ejecutivo local a partir de febrero tiene como objetivo desarrollar un trabajo mancomunado entre la Policía Metropolitana y ciudadanos de la sociedad civil, quienes en caso de percibir situaciones de irregularidad en la vía pública deberían notificar a la Policía porteña. En ese caso, todos tendrán un celular para dar aviso al Centro Unico de Comando y Control (CUCC) y recibirán un curso de capacitación.
En principio, la idea es que la unión funcione en los diez barrios en los que trabaja la Policía Metropolitana: Villa Pueyrredón, Villa Urquiza, Coghlan y Saavedra, de la Comuna 12; y Villa Ortúzar, Chacarita, Villa Crespo, La Paternal, Agronomía y Parque Chas, de la Comuna 15. “Este convenio con vigiladores, que hay cerca de 30 mil en Capital Federal, va a permitir una red de comunicación. Luego buscamos que se sumen taxistas, recolectores de residuos y quiosqueros”, había dicho el ministro de Justicia y Seguridad, Guillermo Montenegro.
FUENTE: www.larazon.com.ar