El caso de la muerte de los dos menores no se duerme y las armas decomisadas en la captura de los seis guardias de seguridad fueron enviadas ayer para efectuar las pruebas de balística en los laboratorios de Tegucigalpa.
De los seis guardias sospechosos, cuatro fueron enviados el pasado miércoles al presidio por orden del Juzgado de Turno del Centro Integrado de esta ciudad.
Patrick Farid Fúnez Ramírez y Héctor Daniel Obando Pinto, empleados de la empresa de seguridad privada, fueron puestos en libertad, mientras que Rodrigo Alberto Guerra de León, Marco Antonio Hernández Murillo, Miguel Everaldo Enamorado Bautista y Óscar Luis Tomé Aguilera son señalados como los principales sospechosos de la muerte de Edwin David Flores Rivera y Omar Efraín Flores Cruz, ambos de trece años de edad, que habrían sido asesinados en las cañeras del sector del estadio Olímpico Metropolitano el pasado sábado en la tarde.
Una comisión de la Secretaría de Seguridad viajó desde Tegucigalpa el pasado jueves para investigar el caso y deducirle responsabilidades administrativas a la empresa de seguridad privada.
La cita de los imputados se llevará a cabo el próximo lunes a las ocho de la mañana, según lo acordado por el Juzgado de Turno el miércoles.
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Tenemos que comenzar por afirmar que no hay ningún tipo de dispositivo que sea absoluto. Siempre existe una herramienta que logra romper la protección física. Lo que garantiza la mayor seguridad posible son los planes de protección que unen varios factores: sistemas tecnológicos, físicos y humanos.
La alarma sirve para dar aviso, la reja puede protegerme por un tiempo hasta que sea vencida. Todos esos factores son útiles para proteger, prevenir y desalentar, pero el factor humano debe estar presente: ya sea a través de la policía, los bomberos, la seguridad privada, etc.
Pero, además, si hablamos de seguridad debemos definir qué hacer "en caso de". Por ejemplo, si tengo un detector de humo en la cocina y este suena: debo saber dónde tengo el matafuegos y el número de los bomberos. Es decir, el sólo hecho de que el sistema electrónico detecte algo no es una condición suficiente. Lo mismo sucede cuando hay una intrusión: la alarma puede sonar, pero detrás tienen que llegar los vigiladores o estar programada para que llame a un centro que de aviso a la policía.
La idea es entender que se trata de subsistemas integrados entre sí que permiten reaccionar en el menor tiempo para que el daño sea el menor posible.
No se debería adquirir un sistema de seguridad, sin hacer un relevamiento previo de las necesidades del sitio a proteger. Estas necesidades no sólo se determinan por el tamaño de la casa. No es lo mismo una casa de las mismas características ubicada en un barrio privado que una que se encuentra al lado de un terreno abandonado o de una casa ocupada ilegalmente al fondo o en construcción, etc. También hay que evaluar el tipo de riesgo (personas, bienes, o ambos), la velocidad de detección requerida para evitar un daño importante (alarma temprana, asalto), etc.
Los representantes de una compañía de seguridad privada, cuyos guardias se han visto involucrados en el crimen de dos menores de edad, se presentaron ayer a las instalaciones de la Dirección Nacional de Investigación Criminal (DNIC), para ofrecer su apoyo en las averiguaciones del caso.
Leonel Medrano, representante legal de la empresa, manifestó que están dispuestos a aportar lo que sea necesario para incriminar a las personas que participaron en la muerte de los adolescentes, considerando que el doble crimen es una abominación.
“Este tipo de acciones van en contra de la voluntad de la empresa, pues la misma no tiene nada que ver, en lo que sus empleados realizan, pero estamos dispuestos a colaborar con las autoridades para que se castigue a los responsables porque ese crimen es una abominación”, reiteró.
Medrano refirió que aunque el nombre de la compañía quedó manchado por lo que los empleados hicieron, no permitirán que ese tipo de situaciones vuelvan a ocurrir, porque también dentro de la empresa hay trabajadores honestos.
“Le daremos todo nuestro apoyo a la policía para que el caso se resuelva y se castigue a los responsables, porque no vamos a tolerar este tipo de acciones”, agregó.
La junta directiva de la vinotinto regional junto a Fundadeporte activarán un operativo especial de seguridad para el partido de este sábado en el Polideportivo “Misael Delgado” de Valencia entre el Carabobo FC y el Deportivo Táchira, correspondiente a la cuarta jornada del Torneo Clausura del fútbol venezolano.
Un importante número de efectivos de la Policía de Carabobo resguardarán las instalaciones del “Misael”. Junto a los efectivos policiales serán dispuestos diversos miembros de una empresa de seguridad privada y de Fundadeporte para velar por el correcto comportamiento de los asistentes, indica una nota de prensa enviada a esta redacción.
De igual manera fue solicitada oficialmente la presencia de un contingente de la Guardia Nacional, el cual es esperado para este sábado. Para evitar cualquier tipo de roces o inconvenientes, tanto la barra “granadicta” como la “aurinegra” serán separadas. La fanaticada local será ubicada como de costumbre en la tribuna popular, mientras que la visitante será colocada al otro lado de la cancha en la tribuna (norte) lateral izquierda.
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POR: LA SILLA VACÍA
A pesar de los avances que ha habido, el asesinato de sindicalistas y activistas de derechos humanos sigue siendo un problema en el país. Está el drama humano y además, el político para el Gobierno que sigue sin poder demostrar que es capaz de cuidar a los ciudadanos más vulnerables. Las consecuencias internacionales de esto se volvieron a ver la semana pasada cuando pese a la buena acreditación de Angelino Garzón no logró destrabar el TLC con Estados Unidos.
Por eso la protección de sindicalistas se ha vuelto una de las prioridades del Ministerio del Interior. Sin embargo, actualmente enfrentan un gran desafío.
El 30 de marzo se cumple la fecha límite para que todos los esquemas de protección que todavía están en manos del DAS pasen a ser administrados por alguna empresa privada. Pero varios de los protegidos insisten en que se rehusarán a tener escoltas que sean manejados por el sector privado y dicen que preferirán andar desprotegidos que acompañados por alguien en quien no confían.
El Ministerio del Interior y de Justicia, a través del DAS, está encargado de brindarle protección a todos los activistas políticos que estén amenazados por su trabajo. Y desde 2008, inició un “sistema de tercería” con el que comenzó a entregarle parte de los esquemas de seguridad que manejaba a una empresa privada.
La empresa que ganó la licitación, Vise Ltda., se quedó desde entonces con 180 esquemas de seguridad y ha aumentado sus operaciones desde entonces pues pronto fue evidente que el cupo era insuficiente y su contrato se prorrogó hasta marzo. De los 180 protegidos que cuidaba en 2008, pasó ahora a 278, cuatro más de los que todavía maneja el DAS.
Y el 30 de marzo cuando se adjudique la nueva licitación todos los esquemas que aún quedan bajo la tutela del DAS pasarán a ser administrados privadamente.
Esta licitación probablemente se la volverá a ganar Vise o Vigilancia Acosta, ambas de propiedad de Jairo Humberto Acosta Martínez, dado que ya tienen la experiencia y han demostrado buenos índices de satisfacción entre sus protegidos.
Sin embargo, las protestas de algunos sindicalistas y defensores de derechos humanos persisten y varios dicen que rechazarán la seguridad privada y que, si algo les pasa, será culpa de la negligencia del Estado. El Ministerio dice que se ha avanzado en los diálogos, pero todavía no hay consenso.
LA OPOSICIÓN
Tarsicio Mora, el Presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, la más grande congregación de uniones sindicales del país, dice que ellos no tienen por qué pagar por la política de Estado que convirtió al DAS en un organismo de espionaje.
Según él, una seguridad proporcionada por una empresa privada ofrece menos garantías que una proporcionada por el Estado. Entre otras cosas, recuerda que el propósito principal de una entidad privada es la de ahorrar costos y generar el máximo posible de ganancias.
"La protección brindada por el Estado no se vería afectada por leyes del mercado, sino que sería garantizada por la obligación legal que tienen los funcionarios," dijo Mora a La Silla Vacía.
Para Mora, además, es el Estado el que debería tener el monopolio de la violencia y quien debería manejar directamente a los escoltas y las armas.
Así que, a pesar del desprestigio al que ha llegado el manejo de seguridad del DAS, Mora opina que el Estado no puede desligarse de su responsabilidad directa de ofrecerle protección a los ciudadanos en riesgo y le ha pedido al Ministerio que se encuentre una solución en la que sea una entidad pública la que le brinde los esquemas de seguridad a los sindicalistas amenazados. Él mismo le escribió una carta al Ministerio en la que expresaba todos sus reparos a la seguridad privada y algunos miembros de la CUT ya se reunieron el 24 de enero con funcionarios del Ministerio para buscar un diálogo.
A Agustín Jiménez, Presidente del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, le preocupa, por ejemplo, el manejo que se le dé a la información confidencial de los protegidos y dice que aunque se suponía que con la llegada de Vise, los vehículos y las armas mejorarían, ese no siempre ha sido el caso, según él. "Los antecedentes de la empresa privada son horribles”, dice. Y agrega que es importante tener en cuenta que si la seguridad es prestada directamente por el Estado, los escoltas logran obtener con mayor facilidad acreditación y respeto de las varias autoridades públicas, mientras que con la empresa privada es un proceso mucho más difícil, lo que le podría generar inconvenientes a los protegidos.
Además de la CUT de Mora y la CSPP de Jiménez, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, la Organización Reiniciar, el Partido Comunista y algunas ONG dicen que si se llega el 30 de marzo sin encontrar una solución, prefieren estar desprotegidos, que aceptar una seguridad privada.
LO QUE EL MINISTERIO DICE
Según el Ministerio, aunque Vise comenzó a manejar los esquemas de seguridad sólo en 2008, desde 2006 se delineó una política en el despacho del entonces Vicepresidente Francisco Santos, según la cual las labores de inteligencia y de seguridad no podrían ser realizadas por la misma entidad como sucedía en el DAS, para evitar conflictos de interés. Por eso es que desde entonces se han estado buscando alternativas.
En un primer momento se pensó en que la Policía podría asumir las funciones de protección, pero pronto se hicieron evidentes varias razones en contra de esta posibilidad.
Por una parte, la Policía no puede acoger entre sus filas a personas que no son policías. Esto complicaría la asignación de escoltas en ciertos casos, como el de los desmovilizados del M-19 que, como parte de los acuerdos de paz, exigieron que su anterior círculo de seguridad, sus hombres de confianza en la guerrilla, se convirtieran en sus escoltas y que el Estado asumiera el costo. Esta parte del acuerdo, que se viene cumpliendo hasta el momento, sería imposible de mantener si la seguridad pasara a manos de la Policía.
Los miembros de la Policía tampoco están autorizados a manejar vehículos que no sean propiedad de la institución, lo que podría complicar la logística. Además, varios de los protegidos manifestaron que no confiarían en la Policía, pues algunos de sus miembros han estado involucrados en acciones contra ellos.
Por eso, se desechó esa opción y, en cambio, se optó por comenzar el proceso de tercerización con el que Vise terminó administrando parte de los esquemas de seguridad.
Para Luis Felipe Henao, Director de Derechos Humanos en el Ministerio del Interior, el Estado sigue siendo el que otorga la seguridad, sólo que será la empresa que gane la licitación quien la administrará.
Además, asegura que los estándares de calidad han mejorado desde que Vise se quedó con algunos esquemas. Dice que hay mejores dotaciones, incluyendo vehículos y armas, que hay mayores garantías laborales para los escoltas y mejores sueldos, lo que contribuye a la optimización del servicio. Henao también ve como consecuencias positivas el hecho de que haya un servicio independiente y que los protegidos puedan tener un seguro de vida de hasta 400 millones de pesos (370 millones más del tope anterior cuando lo manejaba el DAS).
FUENTE: www.terra.com.co