Por si no fueran pocos los problemas que tenía la Justicia en Canarias, con el 55 por ciento de su plantilla formada por interinos, motivo continuo de queja por más de un representante de esta administración y del Ejecutivo canario, archivos caóticos, que ahora se han cerrado con "llave" para que nadie los vea, un programa informático que causa más de un dolor de cabeza en los funcionarios y retrasos en causas judiciales que llegan a superar hasta los diez años, los recortes llegaron para "mejorar" la situación.

El pasado mes de noviembre el Ejecutivo canario lanzó la advertencia: "Hay que ahorrar". Y tras haber bajado los sueldos de los funcionarios, tocaba el "limitar" el material que utilizan para desarrollar sus labores y así "ayudar" a paliar la precariedad de una Justicia que ocupa el segundo lugar de quejas al Diputado del Común.

Ahorro energético.- Lo primero que se limitó fue la luz. Se acabaron esas bombillas encendidas cuando no hay nadie o esos ordenadores sin apagar correctamente. No se trataba de nada descabellado para nadie, más bien bastante razonable, pero el problema llegó cuando se dijo que la tarde ya no se encendía nada, por lo que se tuvo que decir "adiós" a esas "generosas" horas extras que realizaban algunos funcionarios que acudían a su puesto fuera de su horario laboral para adelantar trabajo. Esto ha provocado el malestar en más de un trabajador, que ve cómo sus quehaceres se amontonan, aún más, y ve truncados sus esfuerzos para paliar esos ya "famosos" retrasos en la Justicia. En este ahorro energético se incluyó la limitación de horario del uso del aire acondicionado, que la Junta de Seguridad de Justicia dijo que se quedaría reducido a los meses de entre junio y octubre en horario de 11:00 a 14:00 horas. Por fortuna para estos trabajadores, la Consejería de Justicia aclaró que la temperatura estará a un máximo de 24 grados durante todo el año, que es la medida estándar de ahorro energético.

El material.- Los bolígrafos "contados" y más baratos, fueron el preámbulo a las limitaciones de los folios y de la tinta. Las imágenes de funcionarios agitando los toners de las impresoras para aprovechar hasta el último resquicio de tinta es algo ya frecuente en los juzgados, una acción que ya realizaban algunos empleados concienciados desde antes que llegara la crisis. Respecto a los folios, se ha pedido al personal de justicia que fotocopien "a la primera" para no gastar papel, así como que utilicen las dos caras del folio para ello. Además, se ha limitado el uso de las fotocopiadoras a todo el que pase por ahí, y ahora cuentan con códigos conocidos solo por el personal del juzgado para evitar que los letrados y procurados continúen haciendo uso de las mismas. Si estos profesionales quieren sacar una fotocopia deben llevar su papel, aunque la tinta la sigue "regalando" la administración de Justicia. Además, gracias a Atlante II se ha podido sustituir el papel de oficio por el blanco, pues el nuevo programa de gestión incluye en la impresión la plantilla de Justicia con su imagen corporativa. Esta medida, con la que se ahorra en la empresa que aportaba esos folios "oficiales", está provocando que se tarde el doble en imprimir los documentos.

El fax y el transporte.- La rapidez en las notificaciones judiciales también se vieron mermadas al anular el envío de fax a las líneas 900, por lo que ahora se debe notificar por correo, un método que, en comparación con el anterior, levanta las dudas entre el personal sobre su rapidez y abaratamiento. El ahorro en el transporte también se ha exigido. Para ello, se ha recomendando que cuando se vaya a notificar a, por ejemplo, al centro penitenciario de Tenerife II, se coja un taxi para ir y otro diferente para volver, cuando las carreras los taxis solo cobran un viaje por carreras de ida y vuelta al mismo sitio. Se supone este mecanismo resulta más económico, pero pese a que algunos funcionarios han comprobado que no es así y han informado de ello, la recomendación sigue ahí.

La seguridad privada.- La seguridad privada también se vio perjudicada. Se redujo el personal en un 25 por ciento, según el sector autonómico de Seguridad Privada del CSI-F, y en menos de un 10 por ciento según la Consejería de Justicia. La cifra exacta aún se desconoce, pues los números difieren, pero los colapsos a la entrada del Palacio de Justicia de Santa Cruz de Tenerife, entre otras dependencias judiciales, y que aún se pueden ver algunos días, hacen pensar que tanto ahorro puede empeorar un servicio que ya estaba en tela de juicio. Pero el único perjudicado con esta reducción en seguridad privada no fue el ciudadano, sino que los funcionarios también se vieron afectados, pues salvo en los juzgados de guardia, los sábados no hay ninguna persona de seguridad para abrirles la puerta si quieren adelantar trabajo.

Esto son solo algunos ejemplos de la política de contención del gasto del Gobierno de Canarias, medidas que en Justicia no difieren mucho de las del resto de administraciones, pero que han levantado diversidad de posturas entre los funcionarios: los disconformes y los simpatizantes, pero los dos casos coinciden en dos cosas: en que algunas de estas medidas solo aumentan los retrasos en Justicia y dificultan su trabajo y en preguntarse por qué, si "tan buenas y poco perjudiciales" no se tomaron antes y evitar gastos innecesarios.

Pero lo cierto es que hay una tercera opinión, la de que los recortes de papel, folios y tinta en Justicia pueden servir para justificar los graves problemas de una Justicia que ya antes era considerada por muchos bastante precaria.