La Policía Nacional ha detenido a nueve personas por presuntos delitos de falsedad documental, cohecho y revelación de secretos en una operación desarrollada en varias provincias españolas por la Unidad Central de Seguridad Privada, ha informado hoy a través de un comunicado.
Entre los arrestados se encuentran vigilantes de seguridad, detectives privados y un director de una oficina de empleo, dependiente del Servicio Regional de Empleo y Formación de Murcia, entre otros.
El comunicado señala que los agentes han desmantelado una trama organizada dedicada a la obtención y comercialización ilícita de datos reservados de carácter personal.
Nueve individuos han sido detenidos en Valencia, Alicante, Murcia, La Coruña, Vigo y Madrid por delitos de cohecho, revelación de secretos y asociación ilícita.
Entre los arrestados se encuentran dos detectives privados de Madrid, el director de una Oficina de Empleo dependiente del Servicio Regional de Empleo y Formación de Murcia y otras seis personas relacionadas con agencias de "información comercial" con ámbito de actuación en Madrid, Comunidad Valenciana y Galicia, aunque con ramificaciones en otras Comunidades Autónomas.
Los investigadores han registrado cinco domicilios y varios despachos profesionales en donde han intervenido abundante documentación y material informático, además de dinero en efectivo, que está siendo analizado.
El escrito policial señala que el entramado delictivo estaba liderado por un individuo de Alicante que se atribuía la condición de "detective privado" o de "perito judicial de investigación".
Esta persona había sobornado a un director de una Oficina de Empleo murciana para que le facilitase datos protegidos relativos a personas físicas.
Posteriormente, vendía esta información confidencial a través de diversos intermediarios integrantes de la red.
Los datos objeto de compraventa, como domicilios, teléfonos, DNIs, localización de bienes, grupo de cotización, subsidios, pensiones, situación laboral o categoría profesional, tenían como destinatarios finales a entidades bancarias y financieras, despachos de detectives y cualquier otra empresa interesada en los mismos, señala la información policial.
En la investigación se ha acreditado que, en el último trimestre de 2010, los detenidos comercializaron más de 1.000 informes con datos protegidos sobre personas físicas repartidas por todo el territorio nacional.
Sus expectativas eran las de suministrar un mínimo de 2.000 informes mensuales y durante un periodo de cinco años. El coste de cada uno de los informes oscilaba entre los 10 y 20 euros.
El trasvase de los datos se realizaba adoptando extremas medidas de seguridad, con la creación de cuentas de correo electrónico e intercambio de claves entre los miembros de la organización, en la que existía una clara distribución de tareas y una voluntad de permanencia en el tiempo, precisa la nota.
El pago por los informes suministrados se efectuaba "en mano", normalmente cada quince días, o a través de empresas de mensajería, evitando cualquier otro sistema tradicional o la emisión de facturas, para evitar la obtención de elementos de prueba.
En otra operación policial, llevada a cabo también por la Policía Nacional el pasado 17 de febrero, se informó de que nueve vigilantes de seguridad habían sido arrestados en Tenerife por falsedad documental al utilizar titulaciones académicas y diplomas de formación falsos para conseguir su habilitación en el sector de la seguridad privada.
Ocho de los detenidos se encontraban actualmente trabajando como vigilantes en un Centro de Menores de Valle Tabares, en Tenerife.
Además, dos de ellos estaban también habilitados como directores de seguridad y escoltas privados tras presentar falsas titulaciones.
Otro de los detenidos obtuvo igualmente de forma fraudulenta su acreditación como vigilante de explosivos.
FUENTE: www.abc.es