La concejala del grupo municipal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Granada, Maite Molina, ha criticado que el equipo de gobierno municipal del partido popular "privatice la custodia de los edificios municipales con un contrato que supone un gasto de más de 320.000 Euros al año. Este contrato supone un gasto enorme por unos servicios que deberían prestarse por el propio cuerpo de la policía local, y por lo tanto, sin ningún coste adicional, pues es una responsabilidad asumible por la Policía Local, con coste cero para las tan temblorosas arcas municipales. "En Granada hay unos 50 agentes de la policía local que están destinados a segunda actividad, que por enfermedad o por edad, no pueden hacer actividades ordinarias de seguridad en la calle pero sí atender la guarda y custodia de los edificios municipales", asegura Molina. Este servicio de seguridad privada que el PP contrata no solo es de dudosa legalidad sino que además presenta irregularidades manifiestas por la falta de organización de los servicios de la policía local. Para la edil "esta contratación señala nuevamente la política local a la que nos tiene acostumbrados el PP de derroche de dinero público e ineficiencia de los recursos municipales con los que contamos" sobre todo teniendo en cuenta que la Ley Andaluza de Coordinación de Cuerpos Policiales expresamente recoge como competencias propias de la policía local la guarda y custodia de edificios municipales. Esta medida supone un solapamiento de la seguridad privada donde se retiran de las custodias municipales unos 15 agentes de la policía local que al estar en actividad secundaria, ni se aumenta la presencia de policía en la calle ni se reducen horas extras, que fueron los argumentos del PP para privatizar este servicio.
Además el gasto en horas extras sigue disparándose, suponiendo hasta cinco veces más de lo presupuestado para tal fin.
"Si el PP se preocupara de optimizar los recursos de los que dispone la custodia de edificios municipales requeriría no más de 45 agentes, que son precisamente los que están bajo esa situación de actividad secundaria, con lo que el ahorro de gastos municipales sería más que evidente y con los que se podría estar invirtiendo en programas de empleo para los más de 30.000 parados que tiene Granada", asevera la concejala de IU, Maite Molina.
FUENTE: www.teleprensa.es