Puig sopesa que la vigilancia externa de las prisiones pase a ser privada

La intención es que los policías destinados a este servicio quedarían liberados de estas tareas y podrían pasar a desempeñar el trabajo de calle que deberían realizar los 500 mossos de la promoción del 2012 que no podrá convocarse por los recortes económicos, a no ser que el Gobierno español cambie de postura. Fuentes de Interior y de Justícia aseguraron ayer que, a pesar de que la vigilancia recaería en empresas de seguridad privada, sus labores estarían supervisadas por mandos de los Mossos. Y no se descarta que quedara un retén de policías autonómicos por si en algún momento fuera necesaria su intervención, por ejemplo, para detener a una persona.

Según detallan fuentes de Interior, el coste de la seguridad privada sería menor al que supondría convocar una nueva promoción de agentes públicos. Puig advirtió de que el proyecto que estudia su departamento puede generar «cierto debate», pero insistió en que la seguridad privada no puede entenderse como «subsidiaria» de la pública, sino complementaria.

MODIFICAR LA LEY / Sin embargo, para poner en marcha esta iniciativa se tiene que salvar un importante escollo. Para que los vigilantes privados puedan actuar en lugar de los mossos en el exterior de las cárceles se ha de modificar la ley de seguridad privada, que es de rango estatal. Fuentes del Ejecutivo catalán explicaron que CiU se ha comprometido a defender una propuesta para cambiar la normativa. Por ahora, según las mismas fuentes, no hay un plazo concreto para el relevo. En febrero del 2011, Interior anunció que también se estaba planteando que la seguridad privada custodiara edificios oficiales.