Las fuerzas privadas de seguridad han superado a los militares en Irak, según un estudio

El número de empleados de las empresas militares y de seguridad privada presentes en Irak se ha ido multiplicando a lo largo de los años que ha durado el conflicto llegando a superar en número a los militares del ejército regular, según revela un estudio elaborado por el Instituto por la No violencia Activa, con el apoyo del Ayuntamiento de Barcelona.

El estudio, elaborado durante 2011 por los abogados Leticia Armendáriz y Jordi Palou-Loverdos, junto con dos investigadores iraquíes K.D. y E.A., que prefieren mantener el anonimato, contabiliza que 105 de estas empresas han estado trabajando en el país, 89 extranjeras --la mayoría de Estados Unidos, aunque también de Reino Unido, Israel, Emiratos Árabes, Sudáfrica y Kuwait, entre otros-- y 16 iraquíes, además de otras 11 dedicadas a la extracción de materias primas que tienen vínculos con la seguridad.

En rueda de prensa para presentar la investigación, Armendáriz ha explicado que han podido documentar una cincuentena de incidentes relacionados con estas empresas, que podrían denominarse como 'nuevos mercenarios', que atentan contra los Derechos Humanos y los derechos de sus propios trabajadores.

Entre los incidentes, "tortura de prisioneros, disparar indiscriminadamente a civiles, agresiones sexuales dentro de la misma empresa, tráfico de seres humanos, condiciones inseguras de trabajo", aunque Palou-Loverdos ha puntualizado que no se han producido en todas estas empresas.

Estas compañías principalmente se dedican a la protección de personas, empresas y edificios, logística, recabar información, seguridad en los 'checkpoint', pero según Palou-Loverdos, han comprobado que cada vez más hacen tareas de inteligencia militar e intervienen en choques violentos, provisión de material militar e interrogatorios.

TENDENCIA A LA IMPUNIDAD

Según han podido constatar, en Estados Unidos, donde están la mayoría de estas empresas, en la mayoría de casos las denuncias y otros procesos legales "no han llegado a buen puerto", lo que para la experta demuestra una clara tendencia a la impunidad.

El estudio constata que la normativa internacional que regula el uso de estas empresas es "deficiente e inadecuada", ya que no existe una instancia internacional que pueda juzgarlas.

"No existe voluntad política de los estados de donde proceden estas empresas de regular su actividad", lamentan.

Además, la legalidad iraquí encuentra serias dificultades a la hora de juzgar a estas empresas en casos en que presuntamente se han cometido crímenes contra la población civil.

Estas empresas, que cuentan con contratos millonarios, de decenas de millones de dólares, tienen como único objetivo "obtener lucro", y pueden llegar a pagar en algunos casos 2.000 euros al día, ha explicado Palou-Loverdos.

Según el codirector del instituto, Felip Daza, la tendencia a privatizar la guerra es un "fenómeno rentable, incontrolable y con afectación a los Derechos Humanos", además de que no forzosamente se traduce en aumento de la seguridad, ya que según él en Irak estas empresas han creado inseguridad.