CSI-F cuestiona el proyecto de sustituir funcionarios por seguridad privada
El sindicato exige una explicación urgente a Instituciones Penitenciarias
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F), sindicato mayoritario en Instituciones Penitenciarias, y el resto de los sindicatos del sector reclaman al Ministerio del Interior la convocatoria urgente de la mesa delegada para explicar su pretensión de sustituir funcionarios por vigilantes de empresas privadas. En una reunión mantenida esta mañana, los sindicatos han acordado mantener una reunión con el conjunto de los grupos parlamentarios para expresarles su rechazo a esta iniciativa y no descartan llevar a cabo movilizaciones, en el caso de que se concrete.
Según CSI-F, la sustitución de funcionarios de prisiones por seguridad privada contraviene hasta tres preceptos legales, en concreto, la Ley Orgánica General Penitenciaria (artículo 80), el Estatuto Básico del Empleado Público (artículo 9.2) y el Reglamento Penitenciario (artículo 64). Estas normas establecen, entre otros aspectos, que los funcionarios penitenciarios son los encargados de ejercer las funciones de la seguridad interior de las cárceles, que los funcionarios penitenciaros deben tener la condición de funcionarios públicos y que, en todo caso, para el ejercicio de estas funciones, las prisiones deben contar con el personal necesario y debidamente cualificado.
Para CSI-F la medida que baraja Interior afectará a la seguridad de los centros porque los vigilantes de seguridad carecen de la formación técnica necesaria y situaciones de emergencia, como fugas o incidentes, no tendrían la capacidad operativa para actuar. Asimismo, este personal tampoco estaría capacitado legalmente para utilizar en estos casos los medios coercitivos que contempla la Ley.
Por otra parte, CSI-F señala que la sustitución de funcionarios de prisiones por personal de empresas privadas no solo supondrá una reducción del gasto, sino que puede incrementar los costes del servicio. CSI-F también cree que pueden existir intereses económicos. Finalmente, en términos de empleo, este sindicato recuerda que durante dos años no se ha producido una oferta pública de empleo en prisiones, lo que ha provocado la infrautilización de algunos centros (los cuatro últimas prisiones construidas solo tienen una disponibilidad del 40 por ciento) y un déficit de personal estimado en 2.000 funcionarios.
FUENTE:Salamanca24horas