La Comunidad creará nuevos colegios arbitrales que incluirán a expertos en seguridad privada
La Comunidad de Madrid creará nuevos colegios arbitrales que incluirán a expertos en seguridad privada, ha informado el Ejecutivo regional en un comunicado.
La directora general de Consumo, Carmen Martínez de Sola, ha inaugurado este viernes una jornada sobre 'Seguridad Privada y Consumo' tras la entrada en vigor de la reciente Orden del Ministerio del Interior sobre funcionamiento de sistemas de seguridad en el ámbito de la seguridad privada.
En el encuentro, organizado por la Asociación Europea de Profesionales para Conocimiento y Regulación de las Actividades de Seguridad (AECRA) en colaboración con la Comunidad, Martínez de Sola ha anunciado que apostarán por el desarrollo y la difusión de la solución arbitral en el marco de la seguridad privada, que se plasmará con la firma del primer convenio de colaboración entre la autoridad de consumo regional y esta asociación, lo que permitirá la constitución de los primeros colegios arbitrales de Consumo en los que participen expertos en el ámbito de la seguridad privada.
El arbitraje de consumo contribuirá a una solución equitativa para solventar los conflictos que puedan surgir entre los consumidores de servicios de seguridad y las empresas que prestan este tipo de servicios.
La directora general de Consumo, junto al presidente de AECRA, José de la Trinidad, ha explicado los aspectos de la normativa de defensa del consumidor que afectan a este tipo de actividad. Es el caso de la instalación y mantenimiento de sistemas de seguridad conectados a una central de alarmas de una empresa de seguridad.
AECRA ha aportado a los asistentes a la jornada soluciones jurídico-prácticas aplicables a este sector. Nacida en 2008, AECRA está compuesta por 60 profesionales, entre ellos, los directivos de algunas de las empresas más importantes de seguridad del país y de las asociaciones empresariales más relevantes.
En la actualidad, hay en España 1.200.000 usuarios contratantes de servicios de seguridad. En la Comunidad de Madrid, existen más de 220.000 usuarios que apuestan por la seguridad privada como medida de prevención frente al delito. De ellos, más de 132.000 son consumidores finales.
La Comunidad de Madrid recibió en 2011 un total de 7.121 solicitudes de arbitraje. De ellas, el Instituto Regional de Arbitraje de Consumo resolvió un total de 5.750, un 22 por ciento más que el año anterior. De las 5.750 solicitudes resueltas, 3.325 lo fueron en fase de mediación previa.
El resto se resolvió mediante un laudo emitido por un árbitro o un tribunal con representación de asociaciones de consumidores y empresarios. El pasado año se incrementaron en 559 las adhesiones voluntarias al arbitraje de Consumo, elevándose a 13.683 las empresas y profesionales adheridos.
El sistema arbitral supone un ahorro estimado de tres millones de euros a la administración de Justicia y se caracteriza por ser gratuito para las partes, que sólo en determinados supuestos tienen que costear la práctica de peritajes; rápido, ya que los expedientes se tramitan como mucho en seis meses desde la admisión a trámite de la solicitud; sencillo y eficaz, porque tiene pocas formalidades y se resuelve sin necesidad de recurrir a la vía judicial.
Además de voluntario, puesto que ambas partes se someten libremente al arbitraje; y ejecutivo, porque los laudos son de obligado cumplimiento para empresario y consumidor y tienen el mismo valor que una sentencia judicial.
Si la empresa se niega a cumplirlo, el reclamante puede pedir su ejecución al tribunal de primera instancia.
Las empresas adheridas al sistema de arbitraje se distinguen porque pueden exhibir un distintivo oficial que las acredita como tal, tanto en escaparates como en todo tipo de documentación comercial y en la propia web.
Los consumidores, además, pueden también saber si una empresa está adherida al sistema arbitral mediante consulta en el portal del consumidor de la Comunidad de Madrid disponible en 'www.madrid.org/consumo'.
FUENTE:La Vanguardia