España. Privatizar la calle: Barrios segregados para comerciantes ricos
Un hombre que pinta retratos en la Plaza Mayor es conminado a levantarse e irse de la plaza por la seguridad privada de los comercios porque los hosteleros han contratado a su propio dibujante de caricaturas. Mientras, en la Puerta del Sol, los afectados por las preferentes son expulsados por los guardias de seguridad del kilometro 0 porque el ruido de sus proclamas puede molestar a los clientes de las terrazas que ocupan el centro neurálgico de Madrid. Son situaciones ficticias que ya son realidad en barrios de Estados Unidos y Londres y pueden darse en España si el gobierno impulsa la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular de gestión de áreas comerciales urbanas.
La Comisión de Economía del Congreso con una propuesta del PP ha instado al gobierno a que instaure en España unos barrios comerciales de gestión público-privada, o lo que es lo mismo, la importación de los Business Improvement Districts (BID), unos barrios para comerciantes con muchos recursos que pagan más impuestos a cambio de unos servicios públicos de mayor calidad gestionados por los mismos comerciantes. Los BIDs son organizaciones privadas autorizadas por las administraciones públicas que prestan servicios complementarios de mayor calidad tales como limpieza, seguridad pública, promoción y publicidad, embellecimiento y mejoras de los espacios. Los servicios premium son financiados por una contribución extra pagada por los dueños de las propiedades de los barrios o distritos. La cuota es acordada por la colectividad privada y recaudada por la ciudad que a su vez devuelve al BID en servicios locales de mayor calidad.
Los BIDs repercuten de manera muy positiva en el barrio que tiene tal consideración, pero a cambio precariza los barrios adyacentes. Los BID crean una ciudad dual con barrios de primera y segunda categoría, privatizan el espacio público e incluso son responsables de violación de derechos civiles, criminalización de actividades económicas perjudiciales para el comercio tradicional, persecución de la mendicidad, e incluso, limitación del activismo político por considerarse perjudicial para los intereses del comercio del BID.
Violación de derechos civiles, criminalización y limitación de activismo político.
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FUENTE:argenpress.info