La mayoría de los veinticinco empleados de la Cámara de Comercio e Industria de Burgos se han afiliado a la asociación recientemente creada en el ámbito nacional y cuyo objetivo es la defensa de sus intereses tras el decreto ley que elimina la obligatoriedad de que las empresas se inscriban y paguen las cuotas camerales. Una decisión que pone en serio peligro la continuidad de estas entidades cuyo carácter es semipúblico.
Los trabajadores camerales en Burgos recibían el pasado viernes por correo electrónico un boletín. Una vez cumplimentado con sus datos, lo reenviaban junto con una copia del documento nacional de identidad.
El siguiente paso es celebrar una asamblea para la constitución administrativa de la asociación y que ésta posea personalidad jurídica. Un ejemplar con los estatutos que, a priori, regirán en la actividad de la nueva entidad se remitía a los asociados para su conocimiento. Fuentes de la entidad cameral en Burgos informaban de que se ha contratado a un bufete de abogados «para que nos guíe en nuestros pasos a partir de ahora».
3.000 en una semana
La asociación recibía en veinticuatro horas más de mil boletines de inscripción. La cifra a lo largo de esta semana se incrementaba a más de 3.000. La Comisión Gestora de la Asociación de Empleados de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación, su Consejo Superior y Consejos Regionales se reunían el pasado sábado 29 de enero se reunió en Madrid. 
Las decisiones adoptadas en esa reunión fueron encomendar a Manuel Merallo, de la Cámara de Castellón, coordinar las tareas de registro de los asociados y la elaboración de los ficheros de acuerdo con las previsiones contenidas en la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter personal. A  Ramón Cifuentes, de la Cámara de Albacete, las funciones de comunicación con los miembros de la Asociación, que se llevará a cabo, básicamente, a través del blog ‘empleados de Cámaras’, según se recoge en esta última dirección en la ‘web’.
Mientras, el Gobierno catalán ha emprendido los trámites para recurrir ante el Tribunal Constitucional (TC) el Real Decreto aprobado el año pasado por el Gobierno sobre las fuentes de financiación de las Cámaras. Esta normativa modifica la ley básica de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación de 1993 con la finalidad de que, atendiendo a la situación de incertidumbre económica y con ánimo de fomentar la inversión y la creación de ocupación, la inscripción de las empresas y el pago de cuotas correspondiente a estas entidades no sea obligatoria, sino voluntaria. 
La Generalitat considera que esta modificación podría afectar a las competencias autonómicas, contempladas en el artículo 125 del Estatuto de Autonomía. Este apartado otorga al Gobierno catalán la competencia exclusiva en materia de Colegios Profesionales, Academias, Cámaras Agragias, de Comercio, de Industria y de Navegación y otras corporaciones de derecho público.

FUENTE: www.elcorreodeburgos.com