Algo más de dos años han tenido que transcurrir desde la inauguración de la nueva Jefatura de Policía Local de Mijas (octubre de 2008) para que el sistema de videovigilancia destinado a garantizar la seguridad del edificio cuente con el preceptivo fichero de recogida de imágenes tal y como establece la legislación vigente en materia de protección de datos. La corrección de esta deficiencia ha llegado después de que la Agencia Española de Protección de Datos (AGPD) abriera expediente al Ayuntamiento por la comisión de una infracción grave a raíz de una denuncia presentada por el sindicato Unión de Policía Local y Bomberos (UPLB) en la que exponían la inexistencia del citado fichero.
Las diligencias abiertas por el órgano estatal permitieron constatar que la creación del archivo y el almacenamiento de la información procedente de las cámaras instaladas en el interior y el exterior de las dependencias policiales se hizo con anterioridad a la realización de los trámites previos a la inscripción en el Registro General de Protección de Datos, de ahí que en su resolución declara que el Consistorio ha infringido lo dispuesto en la Ley Orgánica de Protección de Datos, que tipifica como infracción grave «proceder a la creación de ficheros de titularidad pública e iniciar la recogida de datos de carácter personal para los mismos, sin autorización de disposición general, publicada en el BOE o el diario oficial correspondiente».
El Ayuntamiento reaccionó a este expediente, de forma que un mes antes de que la AGPD emitiese su dictamen 9 de diciembre de 2010, el alcalde, Antonio Sánchez (PSOE) firmó un decreto en el que se ordenaba la creación del citado fichero, que entró en vigor el 25 de noviembre con su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga.
El sistema de videovigilancia ha dado problemas en la Jefatura prácticamente desde su instalación. Inicialmente lo componían 21 cámaras interiores y ocho exteriores, a las que se le sumaron otras tres a mediados de 2009 para vigilar la entrada a los despachos. Las cámaras graban en continuo , de forma que el sistema reescribe cuando llega a la máxima capacidad de almacenamiento. Desde un principio, los dos discos duros de 300 Gb se quedaron pequeños, puesto que sólo podían guardar 12 horas, haciéndolo «inoperativo para la finalidad requerida, la seguridad», como reconoció el propio Ayuntamiento en el escrito remitido a Protección de Datos.
Correcciones
Se realizaron pruebas para ampliar el periodo de grabación llegando hasta las 48 horas, aunque con una mala calidad de imágenes. Por si fuera poco, también se comprobó que «en la instalación inicial no estaban cubiertos todos los lugares críticos», por lo que se optó por ampliar el número de dispositivos y los tamaños de los discos duros, así como cambiar el sistema de grabación por otro que permitiera una mayor compresión.
Precisamente la instalación de las tres cámaras interiores en la zona de despachos fue lo que propició la denuncia de UPLB, al sospechar que, dada su proximidad a la sala de descanso, podrían registrar las conversaciones que se mantienen en esta zona de personal. En este sentido, desde el Ayuntamiento apuntaron que el sistema de audio está desactivado.
FUENTE: www.diariosur.es