El Ayuntamiento de Santander se ha amparado en la Ley de Protección de Datos para no entregar al juez que instruye el caso Mercasantander documentación sobre su gestión en la sociedad pública, curiosamente la misma ley que impide al Gobierno de Cantabria entregar al Partido Popular los libros mayores de las empresas públicas. La diferencia estriba en que el derecho a la protección de datos queda eximido cuando esa información es requerida por la autoridad judicial, hecho que, evidentemente, no sucede si esa información es entregada a una formación política.

Por este motivo, si el Ejecutivo cántabro, tal y como reclamaba el PP, entregara los libros de cuentas estaría vulnerando la ley de protección de datos. Así lo explicaron ayer a este diario fuentes judiciales implicadas en el caso Mercasantander, empresa pública participada por el Ayuntamiento dirigido por el popular Íñigo de la Serna en un 51% y en la que en agosto de 2007 se descubrió un desfalco superior al millón de euros. En concreto, la documentación que el juez ha requerido al Consistorio municipal son todas las actas del Consejo de Administración desde julio de 2007 hasta ahora. Según destaca la fuente consultada por este diario, esta información es "relevante" para la resolución del procedimiento, por lo que si el Ayuntamiento de la capital cántabra quisiera realmente depurar responsabilidades no debería negarse a facilitar los datos cuando, además, subraya que el derecho a la protección de datos queda eximido cuando la documentación es requerida por el magistrado. En este sentido, esta fuente se teme que la negativa del Ayuntamiento a entregar documentación "va a dar mucho de sí", es decir, que para nada va a facilitar las cosas al juez, que seguramente se pronuncie al respecto antes de que finalice este mismo mes.

Así, el Partido Popular de Cantabria muestra dos caras bien distintas dependiendo del caso. Mientras que por un lado pide al juez que respete la ley de protección de datos y no le obligue a entregar las actas, por otro exige al Gobierno de Cantabria vulnerar esta norma. Es más, para el PP, es el Gobierno quien debe probar su inocencia entregando la documentación. Esto lleva a pensar que los populares, conscientes de que el Ejecutivo no pueden publicar los libros mayores, insisten una y otra vez en el Parlamento para tratar de hacer ver que el Gobierno hace un mal uso de los fondos públicos.

De hecho, según reconoció el pasado lunes el propio portavoz del PP, Francisco Rodríguez, los populares han pedido 29 libros mayores a lo largo de la legislatura. Los populares, a sabiendas de que el Gobierno no puede entregar los libros, siguen llenando ríos de tinta para tratar de crear confusión, utilizando de este modo la Cámara regional para fines electorales. "Es falso" En este sentido, el consejero de Industria, Juan José Sota, recriminó al PP que se dedique a "proclamar soflamas más propias de un mitin que de un Parlamento serio" y echó en cara a la oposición que realmente no les interesa el control de las cuentas públicas, sino "escandalizar y alarmar a los ciudadanos", haciendo ver que "no hay ningún control", lo cual es "falso". Sota recordó que el Pleno ya rechazó en octubre remitir los libros mayores. El consejero pidió a los populares que sean "coherentes", porque por un lado no aceptan que la Consejería no remita esa información para salvaguardar datos de carácter personal, y al mismo tiempo el PP utiliza el mismo argumento para no entregar al Juzgado los libros de actas de Mercasantander. Por su parte, Rodríguez Argüeso insistió en que a Revilla debería darle "vergüenza" "esconder" las cuentas públicas a los ciudadanos. De todas maneras, advirtió que los cántabros acabarán conociendo esos libros mayores.