La Consejería de Empleo no ha facilitado al Grupo Popular en el Parlamento andaluz datos relativos al grupo profesional y el cuerpo al que pertenecen los funcionarios de este departamento que se han encargado de realizar la investigación interna sobre las irregularidades detectadas en expedientes de regulación de empleo (ERE) para no "contravenir la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter personal".

Así lo comunica el titular de este departamento, Manuel Recio, en una respuesta parlamentaria a los diputados del PP-A Antonio Sanz, José Loaiza y Jorge Ramos, que se interesaban por conocer "a qué grupo profesional y cuerpo pertenecen los empleados públicos" destinados por su departamento a la investigación interna sobre los ERE, así como "a qué centro de destino están adscritos y qué dependencia jerárquica y funcional tienen cada uno de ellos".

En la contestación, a la que ha tenido acceso Europa Press, Recio asegura en primer lugar que "los empleados públicos destinados a investigar sobre los ERE han sido 22 funcionarios adscritos a la Consejería de Empleo, que han formado parte de los 10 grupos de investigación establecidos en el procedimiento de información reservada abierto por esta Consejería".

Sin embargo, el consejero traslada a los diputados 'populares' que "no es posible facilitar más información" porque el artículo 7 del Reglamento del Parlamento regula la facultad de los diputados de recabar datos, informes o documentos administrativos consecuencia de actuaciones realizadas por la Junta "siempre que su conocimiento no conculque las garantías legalmente establecidas para la protección de los datos de carácter personal".

En este sentido, Recio señala que el artículo 15.3 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública regula el "carácter público de las Relaciones de Puestos de Trabajo", pero establece que "no contendrán los datos del personal concreto que ocupe un determinado puesto de trabajo, sino exclusivamente las características de cada uno de los puestos de trabajo existentes en cada dependencia administrativa, siendo los datos personales referidos a cada funcionario público, de acceso restringido a éste último, a tenor de lo dispuesto en el artículo 13.5, párrafo 2° de la Ley 30/1984".

Igualmente, recuerda que la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, "otorga protección a los datos de carácter personal de cada uno de los funcionarios en la actuación administrativa de la Junta de Andalucía, para la posible cesión de esos datos", por lo que concluye que, "teniendo en cuenta que se puede contravenir la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter personal, no es posible facilitar más información" acerca de los funcionarios que participaron en la investigación interna sobre los ERE.

FUENTE: www.europapress.es