El sector asegurador es uno de los pilares de la economía de cualquier país desarrollado. Su solidez, su fortaleza y su solvencia han contribuido de forma decisiva al crecimiento de la economía española, generando empleo, creando riqueza y proponiendo un modelo de desarrollo sostenible que, por su carácter anticíclico, ha sido ajeno a los movimientos que han conducido a la economía internacional a la actual situación de inestabilidad. Pero su fortaleza puede verse amenazada por la generalización de las prácticas defraudadoras, cada vez más habituales en nuestro país.
La coyuntura económica española, con una tasa de paro que supera ampliamente el 20% y el desplome en la venta de vehículos nuevos, que en los últimos años ha llegado a registrar caídas de hasta el 40%, ha potenciado en gran medida las prácticas fraudulentas contra las compañías aseguradoras de autos. No en vano, según un informe que acabamos de realizar, los intentos de estafa registrados en el último ejercicio se han incrementado notablemente. Al pequeño engaño, que incomprensiblemente goza de la complicidad y la benevolencia de gran parte de la sociedad, se le ha ido sumando en los últimos tiempos algunas prácticas de mucho mayor calado delictivo que poco tienen que ver con la picaresca, sino con mafias organizadas que, además de suponer una gran peligrosidad social, obtienen grandes beneficios estafando a las compañías aseguradoras.
Sumando la frecuencia del pequeño engaño y el elevado coste que supone la actividad de las mafias organizadas, las consecuencias sociales y económicas del fraude son absolutamente insoportables para el sector. Según nuestras estimaciones, el coste anual de las estafas a las compañías aseguradoras de autos ronda una cifra equivalente a lo recaudado anualmente por el Estado con el impuesto sobre el tabaco o al presupuesto completo del Servicio Vasco de Empleo y Formación, por poner solo dos ejemplos.
Además de la falta de concienciación social ante la gravedad de estas prácticas, cabe destacar la total ausencia de tipos penales específicos y de unidades especializadas en seguros en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. En los países sajones, de larga tradición aseguradora, el fraude a las compañías constituye un gravísimo tipo penal que las Administraciones públicas persiguen de oficio.
En Estados Unidos la mayoría de los estados cuentan con agencias propias que persiguen a los defraudadores, equiparando en muchas cuestiones el fraude a la Hacienda pública con el realizado contra las compañías de seguros, lo que, desde luego, pone en valor la importantísima labor social que desarrollan desde más de un siglo. Sin la aportación de las aseguradoras, no siempre reconocida, los Estados se verían incapaces de hacer frente a las necesidades económicas y asistenciales generadas por los cientos de miles de siniestros que cada año afectan a todos los ramos y garantías.
En Inglaterra las compañías pueden compartir con total libertad los datos de los profesionales del fraude, algo que en España es del todo impensable, debido al marco jurídico creado por la Ley Orgánica de Protección de Datos, una ley que, en determinados puntos, adolece de un excesivo garantismo. El proteccionismo de esta norma, que en otros campos ha posibilitado grandes avances, impide a las compañías aseguradoras compartir suficientemente la información sobre la identidad de los profesionales del fraude, facilitando que las bandas organizadas puedan repetir una y otra vez su modus operandi en varias compañías de seguros.
Es preciso, por tanto, dimensionar la importancia real que supone evitar que una gran cantidad de dinero caiga en manos de las mafias organizadas, que, año tras año, ven reforzada su fortaleza y su capacidad operativa.
El fraude constituye un delito contra todos. No solo contra las compañías aseguradoras, sino contra los clientes que no defraudan, que pagan más en sus pólizas por el coste que suponen los que sí lo hacen. También es un delito contra la sociedad, que se ve privada de los ingresos fiscales que gravarían las ganancias de las compañías aseguradoras. Por eso, es necesario reflexionar sobre unas prácticas que afectan a la solvencia, a la economía y a la imagen del país, algo fundamental a la hora de combatir la situación actual.
FUENTE: www.cincodias.com