El gobierno municipal de Armilla acata y respeta la decisión judicial de suspender cautelarmente la prohibición de grabar los plenos municipales, pero defiende que el decreto que regula esta situación se limita a aplicar lo ya dicho por la Agencia Española de Protección de Datos.

El Ayuntamiento señala que la Agencia Española de Protección de Datos explica en un documento que el carácter público de las sesiones del pleno no implica que la información objeto de debate en la sesión plenaria "pueda ser divulgada por los asistentes al mismo y menos aún por aquellas personas que por su condición de miembros del pleno -concejales- tengan la obligación de guardar secreto por razón de su cargo".

El pleno de ayer del Ayuntamiento de Santa Fe aprobó con los votos de los ocho concejales del Partido Popular y la concejala no adscrita, Ana Bella Camacho, expulsar a los representantes del gobierno municipal de los organismos Grupo de Desarrollo Rural Promovega y la Empresa Municipal del Suelo (Emussa).

Ambas propuestas para modificar los representantes municipales en los dos entes ya fueron llevadas a pleno por el PP de Santa Fe en la sesión del 12 de noviembre, pero entonces fueron rechazadas al contar con el voto en contra del gobierno municipal (formado por PSOE e IU) y de la concejala no adscrita. El portavoz municipal, José María Aponte (PSOE), definió la situación como un "asalto".