El concejal de Presidencia, Protección Civil, Personal y Servicios Generales del Ayuntamiento de Tomares (Sevilla), Eloy Carmona (PP), ha esgrimido este jueves la protección de los datos de los funcionarios y los empleados públicos del Consistorio a la hora de defender la negativa del Gobierno municipal a facilitar al Grupo socialista la relación de nóminas e incidencias del mes de octubre de 2009, tanto del personal laboral, como funcionario o eventual. Carmona, a tal efecto, ha destacado la "transparencia" del Ayuntamiento y ha asegurado el acatamiento de la sentencia que obliga al Gobierno municipal a dar acceso al PSOE a estos datos.

Como se ha informado, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha desestimado el recurso de apelación promovido por el Ayuntamiento de Tomares, gobernado por José Luis Sanz (PP), contra una sentencia previa que le había condenado a dar acceso "efectivo" al Grupo socialista a la relación de "nóminas e incidencias del mes de octubre de 2009, tanto del personal laboral, como funcionario o eventual". El fallo del Alto tribunal andaluz, así, ratifica la resolución judicial Juzgado de lo Contencioso Administrativo número cuatro de Sevilla y condena en costas al Consistorio.

Dado el caso, Eloy Carmona ha explicado en declaraciones a Europa Press que el Gobierno municipal había resuelto no facilitar estos datos al PSOE al objeto de no dar difusión a "los datos personales de los funcionarios y empleados públicos, sobre todo porque "había un informe" de la Intervención municipal en ese sentido. Así, el concejal de Presidencia ha recordado la Ley de Protección de Datos y ha defendido que el Ayuntamiento de Tomares "es uno de los más transparentes". "En los últimos meses, hemos tenido casi 150 peticiones de información de las fuerzas políticas y a todas hemos dado cumplida respuesta", señala Carmona.

La comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional se propone redactar para este período legislativo 10 leyes, 6 propuestas por el partido de Gobierno y 4 por la oposición, entre ellas la reforma al Código Penal y una ley de Protección a las Víctimas de la Violencia, según se acordó por unanimidad en la sesión de ayer donde por primera vez permitieron la entrada de periodistas que no fueran de ANTV ni VTV. 

La comisión presida por la diputada Cilia Flores presentará ante la Comisión Consultiva las leyes siguientes: La mencionada reforma al Código Penal, la Ley Penal de Desarme y Control de Municiones, la Ley contra la Delincuencia Organizada y la Ley de Bingos y Casinos. Todas las anteriores fueron propuestas de la bancada oficialista. 

Los diputados de la Mesa de la Unidad (MUD) propusieron además de la Ley de Protección a las Víctimas de la Violencia, la Ley de Protección y Acceso a los Datos e Información del Propio Interesado y Habeas Data, la reforma a la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales y la reforma de la Ley de Justicia de Paz. La comisión ha recibido 40 denuncias, entre "heredadas" y recientes, que serán analizadas en cuatro grupos de trabajo. En uno de éstos estarán juntas las diputadas Iris Varela y María Corina Machado. 

La instancia también acordó establecer un cronograma de invitaciones para la comparecencia de funcionarios del Ministerio de Interior y Justicia que expliquen la aplicación de la Ley del Estatuto Policial. 

Flores dijo que las autoridades no pretendieron quebrantar la inmunidad del diputado Gómez Sigala cuando le hicieron una visita domiciliaria mientras buscaban a su yerno, Jorge Azpúrua, investigado por el caso de las estafas inmobiliarias.

 

FUENTE: www.eluniversal.com

Diecisiete autonomías, diecisiete leyes de ampliación del aborto. Siete meses después de la aprobación de la reforma de la ley del aborto, la aplicación de la norma es tan dispar que solo se puede hablar de una dispersión legislativa por regiones.

La Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI) asegura que Andalucía y Asturias son las comunidades que presentan un cumplimiento más escrupuloso, mientras que Madrid y Cataluña son las que más infringen la norma. En el caso de la Comunitat Valenciana, la principal queja según ACAI, es que no solo no se protege la intimidad de la mujer, sino que la paciente queda identificada, al igual que ocurre con las madrileñas y las catalanas.

La rapidez del proceso hasta que culmina el aborto es, por contra, destacable en la Comunitat. Solo dura una semana. También se acortan los plazos en País Vasco, Murcia o Galicia, mientras que en Cataluña, Madrid y determinadas provincias de Castilla y León, la situación puede demorarse tres semanas.

Los dirigentes de la asociación de clínicas de interrupción del embarazo informaron de que todos estos problemas han sido comunicados al secretario general, José Martínez Olmos, y a la secretario de Estado de Igualdad, Bibiana Aído, quienes se mostraron «sorprendidos» por la defectuosa implementación de la norma.

 

FUENTE: www.laverdad.es

La plantilla de Sykes se volvió a concentrar ayer como media de presión contra los expedientes abiertos a ocho trabajadores y reiteraron sus denuncias a que esta multinacional del telemárketing incumple la ley de protección de datos, con grabaciones de conversaciones y con no destruir los expedientes. Desde la compañía se aseguró que cumplen estrictamente con la legalidad y se afirmó que la detección de irregularidades motivó las sanciones.

 

FUENTE: www.lavozdegalicia.es

La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Villarejo de Órbigo, en colaboración con la Asociación de Empresarios del Órbigo (AEDO), organiza una Charla Informativa sobre la 'Ley de Protección de Datos'.

 La actividad tendrá lugar el martes, 22 de febrero, en la Biblioteca Río Órbigo de Veguellina de Órbigo, a las 20 horas, y correrá a cargo de Sergio García Atserias, socio del Círculo Empresarial Leonés.

En ella se tratarán diversos aspectos sobre el conocimiento y ámbito de aplicación de la Ley Orgánica de Protección de datos de Carácter Personal (LOPD), centrada especialmente en las medidas a adoptar por las empresas, siendo esta normativa de obligado cumplimiento, tanto por éstas, como por los profesionales liberales y las organizaciones públicas o privadas.

 

FUENTE: www.leonoticias.com