Nadie dice que la LOPD sea fácil. Es más, en ciertos casos la LOPD puede convertir algo sencillo y normal en un infierno ineficiente.
El caso que exponemos hoy es el de los portales de empleo.
En el mundo real, es algo muy sencillo. Una empresa (X) necesita cubrir una vacante. Para ello, contrata la posibilidad de poner una oferta en un reconocido portal de empleo (llamémosle “Infotajos”). X publica su oferta de empleo en Infotajos, y va recibiendo los CV de los candidatos interesados en su oferta. Hace algunas entrevistas, unos descartes y ¡enhorabuena! ¡X ha cubierto su plaza!
En el mundo LOPD, es algo un poco más complejo.
Resulta que X sólo puede tratar datos personales en 2 casos: (i) si es responsable de un fichero; o (ii) si es encargado del tratamiento. Resulta que para ser encargado tienes que prestarle un servicio a un responsable… Así que está descartado. Está claro, X es responsable.
¿Pero qué pasa con Infotajos? Infotajos también recoge datos personales y también presta servicios a Responsables, pero sólo cuando X ha contratado la oferta. ¿Entonces? ¿Infotajos es responsable o encargado?
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El Departamento de Educación del Gobierno de Navarra ha suscrito este miércoles un convenio de colaboración con la red de centros concertados de Navarra para facilitar la gestión compartida de información educativa a través del sistema informático Educa.
Los centros facilitarán a través de esta plataforma al Departamento de Educación, entre otros datos, la propuesta de calendario y horario escolar para el curso académico siguiente; el proceso de admisión ordinario y extraordinario; la matrícula del alumnado (datos personales asociados al curso y grupo, y el alumnado con necesidades educativas específicas); la previsión de escolarización u oferta educativa, y la evaluación de diagnóstico.
Según recoge el texto del convenio, los datos que serán aportados al Departamento de Educación se utilizarán exclusivamente para la programación y gestión de la enseñanza, así como para fines estadísticos, en estricto cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos y la normativa estadística correspondiente.
El convenio ha sido suscrito por el consejero de Educación, Alberto Catalán, y los representantes de las cuatro organizaciones patronales de la educación concertada de Navarra, que aglutinan a todos los centros concertados de la Comunidad Foral: José Agustín Ortiz, de la Asociación Navarra de Educación y Gestión; Francisco José Flores, de la Asociación de Centros de Enseñanza de Navarra; Pello Mariñelarena, de Nafarroako Ikastolen Elkartea, y José Luis Astudillo, de UECOE Navarra.
La Agencia Vasca de Protección de Datos ha abierto una investigación por el error cometido en el envío de 250 multas del Ayuntamiento de Bilbao -de una remesa de 8.000- el pasado diciembre. Debido a un fallo en la impresión de los documentos, a doble cara, hubo un cruce entre las denuncias de tráfico y las direcciones, de modo que a cada destinatario le llegó la multa de otra persona. Una afectada ha presentado una reclamación por la revelación de sus datos personales y del procedimiento sancionador en el que está inmersa, ya en la vía ejecutiva, a sus vecinos.
La denunciante vive en un municipio pequeño y trabaja como médico desde hace varios años. Fue uno de sus pacientes, durante una consulta, quien le informó de que había recibido una multa a su nombre. Una situación rocambolesca que le ha perjudicado porque en su profesión «es vital mantener una buena imagen pública» para inspirar confianza, según explica en la denuncia. En la carta que recibió uno de sus vecinos figuraba, además del importe y el lugar de la infracción, su dirección, DNI y el número de matrícula de su coche, «datos personales que incluso podrían haber sido usados de mala fe con consecuencias más graves».
Ahora pide que se sancione al Ayuntamiento «por infracción grave» al haber vulnerado los derechos que garantiza a los ciudadanos la Ley de Protección de Datos. La agencia vasca ha abierto una investigación que puede acabar con el archivo del expediente o con «un procedimiento de infracción», según explican fuentes del organismo adscrito al Departamento de Justicia del Gobierno vasco. En caso de que se imponga una sanción, la familia acudirá a los tribunales para reclamar una indemnización de 10.000 euros por daños y perjuicios, importe calculado «en base a la ley y a sentencias precedentes».
También va a presentar una reclamación administrativa por «el mal funcionamiento de los servicios públicos». El Ayuntamiento ha enviado una carta a los afectados -todos ellos infractores- en la que pide disculpas por el error y recuerda que en ningún caso invalida la denuncia de tráfico, ya que afecta a una misiva «meramente informativa» y no a una notificación oficial.
Aunque inicialmente se atribuyó a un fallo informático de la empresa subcontratada para tramitar las multas en la vía ejecutiva, después se comprobó «un desajuste» en el proceso de impresión. Una situación «sin precedentes en 25 años», como explicó la concejala de Hacienda, Marta Ajuria, en una comparecencia solicitada por PP y PSE. El edil popular Carlos García preguntó entonces si se adoptaría alguna medida de gracia con los afectados «por el quebranto que supone para algunos de ellos» y si se había consultado con la asesoría jurídica ante posibles recursos. La concejala respondió que se han reforzado los controles de calidad y que se ha abierto expediente a la empresa «para depurar posibles responsabilidades».
FUENTE: www.elcorreo.com
El descuento es válido para servicios como el de adaptación inicial a la Ley Oficial de Protección de Datos y el de adaptación a la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico o el de Consultoría. Es el resultado de un convenio de colaboración que permitirá a quienes pertenezcan a la Asociación de Empresarios de Alcobendas un ahorro de hasta el 15% del coste en las tarifas habituales de Alaro Avant, empresa especializada en protección de datos personales. Así, ambas entidades se reunirán de forma periódica para establecer las líneas de actuación y planificar las próximas acciones conjuntas.
Con la asesoría de un equipo de expertos en uno de los asuntos más candentes de la actualidad, los asociados de AICA recibirán promociones e información precisa en torno a la Ley Oficial de Protección de Datos. Más detalles, en la web empresariosdealcobendas.com.
FUENTE: www.sermadridnorte.com
El candidato del PSOE a la Alcaldía de Móstoles, David Lucas, ha asegurado este viernes que no está empadronado en el domicilio de la portavoz socialista en el Ayuntamiento, Paz Martín, para pedir, a renglón seguido, respeto a su intimidad.
"Lo voy a decir una sola vez, alto y claro: no estoy empadronado en casa de Paz Martín", ha subrayado Lucas, quien además ha pedido respeto a su privacidad e intimidad por estar estrechamente ligadas con su seguridad y la de su familia.
"No quiero hablar de mi vida privada ni de la de nadie, y lamento que el debate sea dónde estoy empadronado porque esto pone de manifiesto el bajísimo nivel del PPen Móstoles", ha declarado Lucas.
Asimismo, el responsable socialista se ha referido a la filtración a la prensa de los datos del Padrón Municipal. "El alcalde debería tener dos preocupaciones, los ciudadanos y sus problemas, y garantizar como responsable máximo del Ayuntamiento la Ley de Protección de Datos y la privacidad de los datos personales que existen en el Padrón", ha recalcado.