El artículo 131.3 Ley 30/92, de de junio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, señala que“en la determinación normativa del régimen sancionador, así como en la imposición de sanciones por las Administraciones Públicas se deberá guardar la debida adecuación entre la gravedad del hecho constitutivo de la infracción y la sanción aplicada, considerándose especialmente los siguientes criterios para la graduación de la sanción a aplicar:

A) La existencia de intencionalidad o reiteración.

B) La naturaleza de los perjuicios causados.

C) La reincidencia, por comisión en el término de un año de más de una infracción de la misma naturaleza cuando así haya sido declarado por resolución firme.”

Los Verdes han pedido toda la información relativa al proyecto Vyriato de videovigilancia de las calles, que ha comprendido la instalación de 191 cámaras y 15 radares marinos, a la espera de autorización para comenzar a operar. El grupo desea saber si el funcionamiento de estas cámaras es compatible con la Ley Orgánica de Protección de Datos, y afirma que, por lo «delicado» del asunto, «se hace necesaria la aprobación de la Comisión de Garantías de la Videovigilancia de la Comunidad Valenciana», por lo que han pedido la misma información requerida por dicha comisión. Los Verdes subrayan la «magnitud» del proyecto, «tanto en lo económico como en las posibles implicaciones que pudiera tener un mal uso o abuso de la información recabada por el mismo en lo referente a la libertad e intimidad de las personas», y anuncian que «no vamos a consentir que, con la excusa del incremento de la seguridad se mermen derechos fundamentales».

 

FUENTE: torreguia.es

 

 

 

 

El incumplimiento de la Ley puede ocasionar sanciones de hasta 600.000 euros

El próximo miércoles 1 de junio  tendrá lugar Benifaió una conferencia-coloquio divulgativa sobre la adaptación a la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD), organizada por la Agencia de Desarrollo Local del Ayuntamiento de Benifaió, con la colaboración de ACEB (Asociación de Comercios y Empresas de Benifaió) y de la Agrupación de Empresarios Jaume I. El acto se realizará a las 20:00 h, en el Salón de Actos de la Cámara Agraria.

El ponente será Pablo Llopis Estruch, representante de la consultora ALVI ASESORES, quien podrá resolver todas las cuestiones y dudas que plantee el público asistente en relación a la LOPD. Como señalan desde la organización, ee trata de una cuestión de máximo interés para empresarios, comerciantes, profesionales autónomos y otros colectivos.

En la conferencia se abordarán asuntos relacionados con la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos (LOPD). Se hablará de cómo la ley es de obligado cumplimiento, y su incumplimiento puede ocasionar a cualquier empresa sanciones muy importantes, de hasta 600.000 euros. El ponente explicará además como esta normativa se ha de aplicar en todos los casos en que se disponga directa o indirectamente de ficheros que contengan datos de carácter personal y como su aplicación afecta a todos los sectores de la actividad, tanto a empresas como a profesionales autónomos, asociaciones, agrupaciones y colectivos de toda índole.

 

FUENTE: www.notasdeprensacv.es

El desarrollo de las nuevas tecnologías acelera la preocupación por la privacidad en Alicante

Perfiles falsos o fotos comprometedoras en redes sociales, datos personales dentro de un fichero de morosos circulando por mesas de prestamistas, videocámaras apuntando al balcón, imágenes colgadas en la red e incluso avalanchas de ofertas comerciales. Estos son algunos de los riesgos que afronta el ciudadano de la era de la información y las cifras oficiales empiezan a reflejar la preocupación por la privacidad en España y también en la provincia. 

Alicante es ya la sexta provincia con más denuncias presentadas ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), con un total de 139 denuncias 2010, un número seis veces superior al registrado en 2007. El año pasado, 12 entidades privadas fueron multadas por la AEPD en la provincia y cuatro instituciones públicas de la provincia fueron expedientadas.

La AEPD, agencia que vela por la aplicación de la LOPD (Ley Orgánica de Protección de Datos) recoge en su memoria del año 2010 que 139 alicantinos presentaron denuncias por posibles violaciones de su privacidad en relación con el tratamiento ilícito de sus datos en diversos ámbitos. La videovigilancia, las telecomunicaciones o las entidades bancarias son, junto a la publicidad no deseada y la actividad de asociaciones, federaciones y clubes; los sectores que más denuncias generan. No existen datos sobre la casuística particular de la provincia, pero los datos nacionales son "extrapolables" a Alicante según fuentes de la Agencia, un ente de derecho público que es todavía poco conocido por la mayoría de la población.

Tras un nuevo salto, Roberto Sánchez Ramos, seguirá como concejal cuatro años más. En 2007, fuera de IU y con sus compañeros del PCA, se presentó como cabeza de lista de ASCIZ y salió elegido. Este año, plantó a ASCIZ y se pasó a Oviedo por la Izquierda, una marca de IU. El 22 de mayo, obtuvo su acta y otras dos. Sus ya ex compañeros, encabezados por Celso Miranda, quedaron fuera de la nueva Corporación. El lunes, 'Rivi' decidió además, que se quedaran también fuera de ésta, de la actual y en funciones. Con autorización del Ayuntamiento, cambió las cerraduras de la sede del grupo municipal, según denunció ayer ASCIZ, y dejó fuera a la secretaria del grupo.
En un escrito dirigido al alcalde y al secretario general del Pleno, ASCIZ advierte que dentro de los despachos hay archivos, documentación y ficheros amparados por la Ley Orgánica de Protección de Datos y propiedad de esta fuerza política. Entre ellos, la contabilidad del grupo, datos personales de afiliados y colaboradores, que, en ningún caso, «pueden ser utilizados por el citado concejal», Roberto Sánchez Ramos.
Daños y perjuicios
Solicita que se impida el acceso a los mismos al «concejal en funciones» y que se les facilite la entrada en el grupo a los responsables de ASCIZ «para proceder al traslado de la documentación». Y ponen un ejemplo: que pasaría si el local del Grupo Municipal Socialista pasase a estar ocupado por UPyD, «no sería lógico no permitir al anterior ocupante retirar sus pertenencias, archivos y el trabajo desarrollado hasta entonces» por la formación saliente.
Es un problema de fechas y personal. 'Rivi' fue elegido por ASCIZ y hasta el 10 de junio «sigue ostentando el cargo» por esta fuerza política, pero ya ejerce estos días de portavoz de IU. En otro escrito dirigido a él, sus ex compañeros le instan a abstenerse de hacer declaraciones en nombre de «otra fuerza política» y le advierten de que «se procederá a reclamarle por vía judicial» daños y perjuicios.
Los comunistas exigen además a Sánchez Ramos que permita a la secretaria del grupo municipal acceder a su puesto de trabajo. Su contrato exipira con la Corporación, hasta el día 10 debe trabajar y, ahora, ni siquiera puede recoger sus efectos personales, ni su documentación. Rivi, tiene las llaves. Se las ha quedado.
FUENTE: www.elcomercio.es