Los grupos de la oposición en el Ayuntamiento de A Coruña (PSOE, BNG e IU) consideran aceptable la propuesta del gobierno municipal para luchar contra la doble fila utilizando un sistema informático de videovigilancia que capte la matrícula de los infractores como paso previo a la sanción. De todas formas, su apoyo no es incondicional y pasa, de forma necesaria, por que el sistema garantice la privacidad de los ciudadanos y cumpla con la Ley de Protección de Datos.El grupo municipal socialista insiste en que esa debe ser la prioridad y pone en duda, no obstante, que la instalación de «tantas» cámaras de videovigilancia a lo largo de la ciudad (el gobierno local plantea su implantación en más de 14 tramos urbanos y vías) sea la mejor solución para los problemas de tráfico. En este sentido, la portavoz socialista, Mar Barcón, indicó que «es excesivo llenar la ciudad de cámaras como solución a los problemas de tráfico, porque para evitar la doble fila ya está el AVI». Desde el grupo municipal añadieron que la onda verde «o cualquier sistema complementario» no pueden sustituir al carril bus.
Desde el BNG indicaron que la propuesta del gobierno local es «positiva» aunque advierten que simplemente se trata de «un cambio de xestión do modelo actual, mais non do propio modelo». Reclaman que el modelo de gestión quede claro (temen que se privatice) y, en concreto, quien gestionará la videovigilancia para garantizar los derechos de la ciudadanía.
En este sentido insistieron en que el sistema debe garantizar la preservación de derechos fundamentales como la intimidad y debe reforzarse con el carril-bus a nivel general y con redes de transporte variadas a nivel superior. En esta línea, recuerdan que donde se implantaron sistemas similares se demostró que su eficacia dependió de priorizar el transporte público sobre el privado y de la interrelación con el transporte metropolitano. «Se non hai unha rede de transporte metropolitano, de pouco valen medidas como a proposta», advirtió el portavoz del grupo municipal socialista, Xosé Manuel Carril.Por otro lado, los nacionalistas proponen revisar la concesión de la ORA «para evitar que a nova ordenación supoña unha maior rendibilidade para a concesionaria e unha maior recadación de multas para o concello» y consideran que es necesario redistribuir las nuevas plazas de aparcamiento, de forma que aumenten las de residentes y las destinadas a las personas con discapacidad. «A proposta do goberno municipal contempla que das novas 244 plazas de aparcadoiro, case a metade, 155, sexan ORA. Só aumentan 20 para residentes e 1 para personas con discapacidade, cifras claramente insuficientes», indican.
Por su parte, el portavoz de Izquierda Unida, César Santiso, comentó que la iniciativa planteada por el gobierno local es «positiva, fundamental para la movilidad y aceptable para acabar con la doble fila». No obstante matizó que la medida debe ir acompañada de más aparcamientos en superficie o abaratamiento de los precios de los párking subterráneos así como una garantía para erradicar la doble fila ya que «en caso contrario sería nefasto para el transporte público». En cuanto a las cámaras de videovigilancia también concretó que estarían de acuerdo en su instalación si queda garantizado los derechos de los ciudadanos y se cumple la Ley de Protección de Datos.
«Es excesivo llenar la ciudad de cámaras, para evitar la doble fila ya está el AVI»Mar Barcón
«Se non hai unha rede de transporte metropolitano, de pouco valen medidas como a proposta»Xosé Manuel Carril
«Creo que la medida propuesta es positiva y aceptable para poder acabar con la doble fila»
Conocidas las discrepancias de los representantes de los trabajadores en el órgano de gobierno de Caja Segovia, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) pide al presidente de la entidad, Atilano Soto, que haga públicas las retribuciones, indemnizaciones y planes de pensiones de los directivos. El secretario general en la provincia, Juan Luis Gordo, considera que, «pese a que es ajustado a la ley no hacer públicos estos datos, en aras de la transparencia y del compromiso con los clientes y ahorradores de la entidad, es necesario que se sepa de qué cuantías estamos hablando».
El PSOE ya presentó una proposición no de ley en las Cortes regionales para que se modificara la ley con el fin de hacer públicas estas cifras. Respecto a la excusa de que pudiera chocar con la Ley de Protección de Datos, Juan Luis Gordo insiste en que «no ha habido problemas cuando se han dado a conocer las retribuciones y patrimonio de los diputados nacionales y senadores».
Para empresas, mañana en la Mancomunidad
La Mancomunidad Urola Kosta en colaboración con Conversia Consulting Group, empresa especializada en Asesoramiento, Auditoría y Formación en protección de datos de carácter personal, ha organizado para mañana una jornada formativa sobre la regulación de la protección de datos de carácter personal.
El objetivo de esta acción es informar y concienciar a las empresas y autónomos de la obligatoriedad a la que están sujetos en relación a las dos principales leyes que rigen esta materia, la LOPD (Ley Orgánica de Protección de Datos) y la LSSI-CE (Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico); alertarles sobre las consecuencias del incumplimiento de las mismas.
Los asistentes a esta jornada formativa tendrán la oportunidad de realizar una Pre-Auditoría en LOPD con Conversia, totalmente gratuita y sin compromiso, que les permitirá valorar su nivel de adecuación a la ley, así como cuantificar el riesgo de sanción al que están expuestos en caso de incumplimiento. La sesión formativa se celebrará mañana, en horario de 09:00 a 12:30 horas, en los locales de la Mancomunidad Urola Kosta (Urdaneta bidea 6). Quien tenga interés en participar en este taller, puede enviar un e-mail a Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo., o bien presentarse al taller sin previo aviso.
Esta actuación se desarrolla en el marco del PO FSE 2007-2013 VALORA, cofinanciado en un 50% por el Fondo Social Europeo (FSE), por lo que es totalmente gratuito para los asistentes.
La videovigilancia del establecimiento de El Natahoyo grababa la acera pública e incluso la entrada de un portal próximo
La Agencia Española de Protección de Datos ha obligado a una discoteca situada en El Natahoyo a retirar las cámaras de seguridad que los responsables del establecimiento hostelero habían colocado en el exterior del local. Los responsables de la AEPD entienden que la videovigilancia instalada en la zona viola la legislación vigente. Las videocámaras no puede captar, según la ley de seguridad privada, «imágenes de las personas que se encuentren fuera del establecimiento, ya que el tratamiento de imágenes en lugares públicos sólo puede ser realizado, salvo que concurra autorización gubernativa, por las fuerzas y cuerpos de seguridad».
La Policía Local remitió a la Agencia de Protección de Datos un informe sobre los lugares en los que los responsables de la discoteca habían colocado las dos cámaras de seguridad, en el exterior del local. En ambos casos el vídeo grababa parte de la acera pública llegando incluso una de las cámaras a captar la entrada de un portal situado a escasos metros del establecimiento de hostelería. A pesar de que ninguna de las cámaras «tiene zoom ni movimiento» y que «a ellas sólo pueden acceder los responsables del establecimiento», la Agencia Española de Protección de Datos cree que en este caso no se ha cumplido la legislación: «los hechos supuestos podrían suponer una infracción de la protección de los datos de carácter personal que requieren el consentimiento inequívoco del afectado», por lo que se pide a la discoteca que retire sus cámaras. En caso de no hacerlo los dueños del local se podrían enfrentar a condenas de entre los 40.000 y los 300.000 euros, tal y como se recoge en la legislación actualmente vigente en España citada en esta resolución. La agencia pide la retirada de las cámaras sin llegar a imponer una multa: «Se constata una cualificada disminución de la culpabilidad del imputado teniendo en cuenta que no consta vinculación de la actividad del denunciado con la realización de tratamiento de datos de carácter personal, su volumen de negocio o actividad, y no constan beneficios económicos obtenidos como consecuencia de la infracción». En todo caso, de la retirada del dispositivo no se libran.
Blindan las historias clínicas para proteger los datos de los pacientes
El IV Curso de Derecho Sanitario reúne en el hospital de Santa Lucía a 150 sanitarios y expertos en ética asistencial
La apertura del hospital de Santa Lucía no sólo ha supuesto un avance en la cartera de servicios médicos del Área II de Salud. Además, el complejo sanitario ha incorporado nuevas tecnologías para blindar las historias clínicas de los pacientes utilizando archivos encriptados que sólo pueden manejar un número limitado de personas con un código de acceso personal.
Esta mejora se ha ampliado también al Rosell, de forma que todos los ordenadores de los recintos hospitalarios «disponen de claves y filtros para que sólo los servicios médicos tengan acceso al historial de cada enfermo», señaló ayer en un comunicado la Gerencia del Área II.
Este sistema se utiliza no sólo para el Conjunto Mínimo Básico de Datos (CMBD) de cada paciente, que se registran en todos los hospitales del país por orden ministerial, sino que también afecta a información más general que se envía a los servicios centrales del centro, la ocupación de camas o el número de enfermos ingresados.
La importancia de la protección de datos del paciente centró ayer el IV Curso de Derecho Sanitario y Bioética organizado por la unidad de formación continuada del complejo sanitario Santa Lucía-Rosell, el comité de ética asistencial y el servicio de Medicina Interna. En este curso, que se inició ayer y que se prolongará durante la próxima semana, participan 150 profesionales relacionados con el ámbito de la Ética Asistencial.
Sólo en el Área II de Salud se manejan datos de carácter sanitario y extremadamente confidencial de unas 275.000 tarjetas sanitarias individuales. Esta información está protegida por la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal.
El presidente del comité asistencial del Área II, Juan Martínez, destacó la importancia de la confidencialidad y la tutela de este derecho de los usuarios e insistió en que el marco legal «es cambiante debido, en gran parte, al avance de las tecnologías».