La Comisión Europea propone obligar a las páginas web que contienen datos personales de los europeos así como sus fotografías o vídeos que los hagan desaparecer de internet tras la petición de los usuarios europeos.

La comisaria de Justicia y Derechos Fundamentales, Viviane Reding, presentó hoy la primera de sus propuestas para actualizar la ley europea de protección de datos, una legislación que data de 1995, antes de la popularización de la red.

La nueva legislación propuesta por Bruselas, que necesitará el visto bueno de los gobiernos de los Veintisiete y del pleno de la Eurocámara, facilitará a los ciudadanos borrar la información que aparece de ellos en buscadores como Google o en redes sociales como Facebook.

Con esta iniciativa Reding quiere plasmar su vieja reivindicación de que los europeos tengan el derecho a "borrar su rastro en internet" cuando lo deseen, aunque previamente hayan accedido a dar información sobre sí mismos colgando, por ejemplo, fotografías en las redes sociales.

"La protección de datos es un derecho fundamental pero a veces los ciudadanos ven como se les escapa de las manos", señaló Reding ante la prensa.

La comisaria destacó la necesidad de poner al día la legislación sobre protección de datos dado que "cuando se aprobó la última, en 1995, solo el 1 % de los europeos se comunicaba habitualmente por internet. Hoy son el 97 %", precisó.

La iniciativa pretende que exista un solo mercado digital para usuarios y empresas y una sola ley para los Veintisiete en términos de protección de datos.

Además de mejorar los derechos de los usuarios, la iniciativa también pretende simplificar la legislación para las empresas de telecomunicaciones que operan en la UE.

"El mercado digital europeo no vuela tan alto como podría porque las empresas tienen que pensar en veintisiete legislaciones distintas", indicó Reding.

Por ello, la medida prevé que exista un futuro conjunto único de normas de protección de datos y que se eliminen "requisitos administrativos innecesarios" que permitirán ahorrar 2.300 millones de euros (unos 2.900 millones de dólares) al año a las compañías, explicó.

Actualmente, las empresas tenían que notificar sus actividades de protección de datos a los supervisores nacionales.

A partir de ahora, solo tendrán que hacerlo a una única autoridad, y no a veintisiete distintas.

Esta "ventanilla única" de datos personales facilitará las cosas a las empresas "pero también a los ciudadanos que quieran denunciar abusos", subrayó Reding.

En casos de incumplimiento por las compañías de sus obligaciones de protección de datos, las empresas deberán hacer frente a sanciones de hasta un millón de euros (más de un millón de dólares) o el 2 % del volumen de su negocio.

FUENTE:Faro de Vigo

Osakidetza ha recibido ya 416 demandas de historias clínicas sobre bebés robados
De todas ellas, 59 se han solicitado por requerimiento judicial y dos por el Ararteko. Afectados por estos hechos critican la «desaparición» de informes en clínicas privadas y problemas para acceder a ellos en centros públicos

Buena parte de los presuntos casos de bebés robados sucedidos durante el franquismo y los primeros años de la democracia en Euskadi ocurrieron supuestamente con niños nacidos en hospitales entonces integrados en la red pública. Nombres de centros como la Residencia Arantzazu o el Hospital de Cruces aparecen en las denuncias interpuestas por madres que quieren saber la verdad de lo ocurrido años atrás con sus pequeños. Desde que los afectados comenzaran a recabar información para presentar las denuncias en los juzgados, Osakidetza ha recibido hasta 416 demandas de historias clínicas relacionadas con estos casos -la mayoría en Gipuzkoa-, 59 de ellas entregadas después de ser solicitadas por requerimiento judicial y dos a solicitud del Ararteko. Esta cifra duplica el número de denuncias judiciales que actualmente manejan las fiscalías vascas -alrededor de 200-, y en las que también aparecen clínicas privadas como escenario de los hechos.
Desde que comenzaron sus sospechas, afectados por estos supuestos robos de bebé han criticado la dificultad con la que se han topado a la hora de acceder a las historias clínicas de los pacientes. Según denuncian, las mayores trabas las han encontrado en los hospitales privados, donde «nadie sabe dónde están las historias clínicas». Pero también han denunciado problemas en los centros de la red pública: «A los familiares se les han negado documentos a los tienen derecho por ley», asegura Flor Díaz, presidenta de SOS Bebés Robados Euskadi, que reclama a los responsables de la Sanidad Pública la apertura de «una investigación para esclarecer lo ocurrido en cada hospital».
En Osakidetza descartan abrir «una investigación propia» porque entienden que este asunto «está en manos del ministerio fiscal y de los tribunales de Justicia». Eso sí, como recordaron recientemente, van a «colaborar y a dar todo el apoyo a las asociaciones de afectados y a la justicia», señaló Julián Pérez Gil, director médico del servicio vasco de salud.
Información «muy sensible»
Los servicios de atención al paciente han tenido un trabajo extra desde que se destaparan los supuestos casos de bebés robados. A día de hoy, en los hospitales de Osakide-tza se han recibido 416 demandas de historias clínicas, según señalaron fuentes del servicio vasco de salud. De todas ellas, 59 se entregaron previo requerimiento judicial, con motivo de alguna de las 200 denuncias que tramitan actualmente los fiscales vascos. Otras dos se entregaron tras una petición expresa del defensor del pueblo vasco.
Por territorios, la mayoría de solicitudes relacionadas con los presuntos robos de bebés se centran en Gipuzkoa. No en vano, es el territorio de todo el Estado en el que más afectados los han denunciado. En total, Osakidetza recibió 238 demandas de historias clínicas, 229 de ellas en el actual Hospital Universitario Donostia, referidas a hechos ocurridos en la Residencia Arantzazu o en el antiguo Hospital Provincial. En Gipuzkoa también ha habido solicitudes en el Hospital del Alto Deba, el de Mendaro y en la Comarca Gipuzkoa Ekialde.
En Bizkaia, a día de hoy se han recibido 138 demandas de historias clínicas, 88 de ellas en el Hospital de Cruces; mientras que en Araba la cifra asciende a 44, de ellas 40 en Txagorritxu.
Fuentes de Osakidetza aseguran que todos los hospitales «están facilitando la documentación requerida» -existe un protocolo- respetando «en todo momento lo que al respecto dispone la ley Orgánica de Protección de Datos y la Ley Básica de Autonomía del Paciente».
En el servicio vasco de salud insisten en que se trata de datos «extremadamente sensibles, que no pueden ser entregados sin haber comprobado previamente que quien los reclama está legitimado para obtenerlos».
Asimismo, fuentes de Osakide-tza recuerdan que, en muchos casos, se trata de documentación que data de las décadas de los 60, 70 y 80, años en los que en Euskadi «no se regulaba por decreto el contenido de las historias clínicas».
«Han desaparecido»
Desde el colectivo de afectados por los supuestos robos de bebés, reconocen que las mayores dificultades en el acceso a las historias de los pacientes las han encontrado en las clínicas privadas supuestamente implicadas. «No sabemos dónde han ido a parar muchos historiales clínicos, que deberían de haber estado custodiados. Han desaparecido», asegura Flor Díaz, presidenta de SOS Bebés Robados Euskadi.
Pero también han denunciado problemas con los hospitales ahora integrados en la red pública de Osakidetza, en los que supuestamente ocurrieron la mayoría de sucesos que ahora se investigan. «Tenemos casos de mujeres que no pueden demostrar que han dado a luz hasta en la residencia Arantzazu porque su historial no aparece por ningún lado. Es como si no hubiesen ido nunca allí», afirma Díaz. «Hay un caso ocurrido en los 70 en el que desde el Hospital Donostia -añade Díaz- le respondieron con una carta diciendo que no encontraban su historia clínica por la antigüedad, cuando otras mujeres han logrado esos documentos de los años 60».
La presidenta de SOS Bebés Robados denuncia que desde los hospitales públicos en «pocas ocasiones» se facilita a las familias toda la documentación. «No les dan toda la historia clínica completa. Se escudan en la ley de Protección de Datos, pero van más allá de lo que dice esta norma. Incluso le han negado a un padre el historial de su bebé porque está separado. En otros casos, la familia consigue más sobre su propia historia médica por vía judicial que acudiendo al hospital», asegura.
También ha habido quejas del trato recibido en la atención a los afectados. «En el Hospital Donostia incluso les daban su opinión a los afectados», añade Díaz. Desde la dirección médica del centro hospitalario ya transmitieron por carta «sinceras disculpas» porque «en ningún caso» la intención del servicio de atención al paciente fue la de «menospreciar las situaciones atendidas». En la misma misiva, les trasladaba la «disposición» de la responsable del servicio a que los «usuarios concretasen hechos o informaciones incorrectas recibidas para mejorar el servicio».
650 afectados en Euskadi
En la actualidad, en la asociación SOS Bebés Robados contabilizan 650 afectados en todo Euskadi. De ellos, 350 corresponderían a Gipuzkoa. «Todavía seguimos recibiendo llamadas de nuevos afectados», aseguran.
En los casos de Gipuzkoa, la gran mayoría, según explican desde la asociación, serían hechos ocurridos presuntamente en la Residencia Arantzazu, aunque también en clínicas privadas como la Asunción de Tolosa, el Pilar de San Sebastián... «La Asunción de Tolosa actúa con total impunidad y nadie les dice nada. Las familias reclaman su historial médico y se lo niegan. En Policlínica alegan que hubo inundaciones para no dar los informes completos. En El Pilar están ofreciendo resúmenes de los historiales...», asegura Flor Díaz.
Desde SOS Bebés consideran que en Osakidetza «debería llevar a cabo una investigación por sí sola, sin tener que esperar a requerimientos judiciales, porque hay casos denunciados ocurridos en los 90». De momento, en el servicio vasco de salud descartan abrir una investigación interna, al entender que se trata de un asunto en manos del ministerio fiscal y de los tribunales.

FUENTE:Diario Vasco

Bengoa critica a las clínicas privadas
"Vamos a ser muy exigentes", asegura el consejero de Sanidad

Si hay problemas a la hora de recibir información sobre las historias clínicas en los casos de familias que podrían ser afectadas por los casos de bebés robados, la mayoría proceden de clínicas privadas. Ese es el mensaje que lanzó en la mañana de ayer el consejero de Sanidad, Rafael Bengoa, ante las preguntas de los periodistas que le cuestionaron sobre las reiteradas quejas de familias y de las asociaciones que las atienden, que denuncian las trabas que encuentran o la escasa colaboración por parte de las autoridades sanitarias.

“La mayor parte de las dificultades son de clínicas privadas”, aseguró Bengoa, quien recalcó que Sanidad les está pidiendo colaboración. “Vamos a ser muy exigentes con las clínicas privadas”, insistió. Junto a ello, lanzó dudas sobre si estos centros actuaron de una forma correcta con las historias clínicas, al decir que es posible que en algunos centros privados “no se haya custodiado la información y que no esté disponible”.

Bengoa aseguró que en Osakidetza se están “haciendo las cosas muy bien” en este sentido y que la mayoría de las más de 400 reclamaciones sobre posibles aodpciones irregulares están relacionadas con centros privados.

En las décadas de los sesenta y los setenta los centros eran privados, pero muchos de ellos pasaron a manos públicas con la creación de Osakidetza.

El principal escollo que puede surgir es la Ley Orgánica de Protección de Datos. Bengoa reconoció que hay “afectados que viven ese momento [cuando se les deniega el acceso a la documentación] como un rechazo”, pero explicó que su intención no es la de entorpecer el acceso a la información, sino garantizar que esta llegue a las personas que realmente son quienes tienen que manejarla.

Ya la semana pasada, el director general de Osakidetza, Julián Pérez Gil, mostró la disposición del Servicio vasco de Salud a “dar todo el apoyo” a estas familias, aunque matizó que la Ley de Protección de Datos hay que “cuidarla, conservarla y cumplirla”.

FUENTE:El País.com (España

¿Qué cambiará con la nueva normativa en protección de datos?

Cualquier compañía que de servicio en la Unión Europea deberá modificar sus políticas en materia de protección de datos con la nueva normativa que está preparando el comisionado.

La última modificación, realizada hace 13 años, está ya obsoleta teniendo en cuenta lo mucho que ha evolucionado Internet. Las redes sociales y los negocios de las compañías ya no se sustentan en los procesos habituales de esa época, por lo que es necesario actualizar las bases en protección de datos para evitar problemas como los experimentados por Sony tras el robo de datos personales que afectó a 77 millones de usuarios durante el año pasado.

Aunque es posible que el borrador sufra algunos cambios mientras pasa los filtros del Consejo Europeo y del Parlamento, ya existen varios detalles que sin duda marcarán un importante cambio de rumbo en cualquier compañía, ya que deberán adaptar sus modelos de gestión de la información con el fin de cumplir con estas nuevas exigencias.

Es cierto que en nuestro país la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD) es una de las más estrictas de la Unión Europea, pero conviene resaltar que su adopción por parte de las organizaciones sigue siendo muy lenta.

Uno de los apartados más importantes del proyecto es que las compañías deberán notificar de cualquier brecha de los datos en las siguientes 24 horas. Lógicamente, será necesario especificar claramente qué se considera por “brecha”, así como el tipo de información o el número de archivos que se hayan perdido o sustraído.

Para aquellos organismos y empresas de más de 250 empleados, será necesaria la figura de un responsable de protección de datos. Será el encargado de velar por la integridad de los datos que se manejan en las compañías.

En el caso de que se incurra en algún tipo de delito relacionado con la protección de los datos las sanciones serán mayores en función de su importancia. En el caso de las empresas privadas, sería posible imponer una multa del 5% de su facturación anual.

FUENTE:TechWeekEurope