La Agencia Española de Protección de Datos condena al Consistorio a suprimir los dispositivos colocados en la Jefatura de la Policía Local
La Agencia Española de Protección de Datos ha obligado al Ayuntamiento de Nerja a retirar unas cámaras de videovigilancia instaladas sin autorización oficial en la sede de la Jefatura de la Policía Local, situada en la avenida de Pescia. La resolución del organismo público se produce a raíz de una denuncia interpuesta por la sección local del Sindicato Independiente de la Policía Local de Andalucía (SIP-AN) en marzo de 2011.
El equipo de gobierno del PP en el Consistorio nerjeño ya ha acatado la resolución y desde las 13.00 horas del pasado 20 de enero, las cámaras de videovigilancia «están desconectadas y fuera de servicio», según informaron ayer a este periódico fuentes municipales, que declinaron entrar en valoraciones respecto a este asunto.
En el expediente remitido por la Agencia de Protección, al que ha tenido acceso SUR, se recoge que ha quedado acreditado que las dependencias policiales del municipio axárquico tenían instaladadas unas cámaras de videovigilancia «que captaban imágenes de la vía pública, sin contar con legitimación para el tratamiento de los datos personales captados por dichas cámaras, al carecer de la pertinente autorización administrativa».
De esta forma, «la entidad denunciada deberá acreditar, en el plazo establecido, que la instalación de videovigilancia cumple con los requisitos exigibles en la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD) y en la instrucción 1/2006, y en concreto deberá proceder a tramitar la autorización gubernativa prevista para la captación de imágenes en la vía pública por parte de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, procediendo, entre tanto, a la retirada o reorientación de las cámaras de manera que no capten la vía pública».
Sin embargo, las fuentes municipales consultadas ayer no aclararon si se están o no tramitando estos permisos por parte del Ayuntamiento, y se limitaron a reiterar que las cámaras de videovigilancia de la sede de la Jefatura de la Policía Local «no están ya en funcionamiento», a raíz de tener conocimiento de esta resolución de la Agencia Española de Protección de Datos, que tiene fecha de registro de salida del pasado 24 de febrero de 2012.
Un asunto polémico
Finalmente, el organismo público declara que el Ayuntamiento de Nerja ha infringido los artículos 6.1 y 5 de la mencionada LOPD, tipificadas como faltaS grave y leve, respectivamente, en los artículos 44.3 y 44.2 de la modificación de la citada norma de carácter orgánico. Asimismo, la Agencia Española de Protección de Datos ha requerido al Consistorio nerjeño para que, de acuerdo con lo establecido en el apartado 3 del artículo 46 de la Ley 15/1999, acredite, en el plazo de un mes desde la notificación, las medidas de orden interno adoptadas para evitar que en el futuro pueda producirse una nueva infracción de los artículos 6.1 y 5 de la LOPD, para lo que se abre un expediente de actuaciones previas».
La instalación de cámaras de videovigilancia en las calles, plazas y edificio públicos de los municipios malagueños es un asunto que no ha estado exento de polémicas en los últimos años, por las quejas acerca de la posible violación del derecho a la intimidad de los viandantes. En el caso de la capital, el Ayuntamiento sí ha conseguido permisos y las ha instalado en varias calles, algo que aún están estudiando otros consistorios de la provincia como Marbella, Vélez-Málaga o el mismo Nerja
URL:http://www.diariosur.es/v/20120328/axarquia/obligan-nerja-retirar-unas-20120328.html
FUENTE:Sur Digital (Andalucía)
Los cargos que oculten o falseen datos contables podrán ser inhabilitados durante 10 años
El Gobierno presenta la ley de transparencia y acceso a la información
La administración tendrá un mes para dar los datos que pidan los ciudadanos
La ley no afectará a la Casa Real por no ser una administración pública
El Ejecutivo central fijará en los presupuestos el sueldo de alcaldes y concejales
Los ciudadanos tienen 15 días para hacer sus aportaciones al texto
Los cargos públicos que oculten o falseen datos podrán ser inhabilitados durante 10 años. Es una de las medidas que recoge el proyecto de ley de transparencia, acceso a la información y buen gobierno que ha tratado el Consejo de Ministros este viernes.
Según ha explicado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, la nueva norma incluirá además la posibilidad de que cada año el Gobierno fije el sueldo máximo que podrán recibir alcaldes y concejales a través de los presupuestos generales del Estado.
Todas las administraciones tendrán que tener disponibles, "de forma activa y sin solicitud previa alguna", los datos sobre contratos, convenios, subvenciones, presupuestos y sueldos de sus cargos públicos.
Al margen, los ciudadanos podrán solicitar otros datos. Todas las administraciones tendrán un mes de plazo para responder a cualquier solicitud de información que realice un ciudadano con el único límite de la protección de datos personales y la seguridad nacional.
El Gobierno para ello pondrá en marcha un Portal de Transparencia para canalizar las peticiones. Las comunidades autónomas y los ayuntamientos podrán utilizar esta plataforma para responder sus solicitudes o poner en marcha sus propias plataformas en internet.
15 días para recibir las aportaciones de los ciudadanos
De momento, el texto de la ley de transparencia, acceso de información y buen gobierno, que ha sido sometido a una "primera lectura" en el Consejo de Ministros, estará disponible en la página web del Ministerio de Presidencia a partir del lunes para que los ciudadanos puedan hacer sus aportaciones durante 15 días.
Sáenz de Santamaría ha señalado que la nueva ley, que afectará a todas las administraciones y empresas públicas, servirá para reformar la "credibilidad" y la "confianza en las instituciones".
El proyecto de Ley de Transparencia aprobado por el Consejo de Ministros no afectará a la Casa Real por no tratarse de una administración pública, ha aclarado este viernes la vicepresidenta y portavoz del Gobierno, Soraya Saénz de Santamaría, según recoge Europa Press.
Publicidad de los datos de las administraciones
La norma contempla medidas en tres ámbitos: obligará a las administraciones a publicitar los datos sobre los contratos, subvenciones, convenios, sueldos públicos y estadísticas sobre los servicios que presta; regulará cómo podrán los ciudadanos solicitar información pública; pondrá en marcha un código de buen gobierno.
Además, dará un "primer paso" para que el Gobierno fije cada año un "baremo" sobre los sueldos de alcaldes, concejales y presidentes de las diputaciones.
Sáenz de Santamaría ha señalado que nueva ley "refuerza las obligaciones de publicidad activa de todas las administraciones". Cuando esté en vigor, los gobiernos central, autonómicos y locales deberán incluir en sus páginas web un "conjunto de información clave para velar por la transparencia".
Dentro de estos datos, disponibles para cualquier ciudadano sin que haya que solicitarlos expresamente, estará la información sobre los contratos adjudicados por la administración (objeto del contrato, empresa adjudicataria, importe de licitación...), los convenios suscritos y todas las ayudas y subvenciones públicas.
De oficio, las administraciones tendrán que tener también disponibles en sus páginas web, sus presupuestos con "una descripción amplia" de las partidas y datos actualizados de su ejecución, las salarios de los cargos públicos y otras estadísticas que sirvan para evaluar la calidad de los servicios que prestan.
El ciudadano, ha señalado Sáenz de Santamaría, tiene derecho a conocer "como se contrata, como se subvenciona, como se retribuye".
Las administraciones tendrán un mes para responder
La ley de transparencia también regulará como pondrán acceder los ciudadanos a la información que demanden. Las administraciones tendrán un mes para responder a las solicitudes.
Podrán utilizar el Portal de la Transparencia que pondrá en marcha el Gobierno o hacerlo a través de sus propias web. Sáenz de Santamaría ha señalado que le ley requiere un plazo de entrada en vigor para que las administraciones se adapten.
Según la referencia del Consejo de Ministros, "se considera información pública la que obre en poder de cualquiera de los sujetos obligados y que haya sido elaborada o adquirida en el ejercicio de sus funciones públicas, siempre que no afecte a la seguridad nacional, la defensa, las relaciones exteriores, la seguridad pública o la prevención, la investigación y sanción de las infracciones penales, administrativas o disciplinarias".
Inhabilitación para quien malgaste o falsee datos
Sáenz de Santamaría ha resaltado que la ley de transparencia incluye una código de buen gobierno con "rango legal". Los "principios éticos y de actuación dejarán de ser retóricos" para ser de obligado cumplimiento con su correspondiente sanción.
Entre las infracciones se contempla: administrar el dinero público sin cumplir las disposiciones que regulan su liquidación, recaudación o ingreso; autorizar gastos sin tener crédito suficiente; no justificar la inversión de fondos de subvenciones; incumplir deliberadamente el nivel de deuda pública en contra de lo dispuesto en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera; o incumplir las medidas de corrección previstas en los planes económicos-financieros y de reequilibrio.
La vicepresidente del Gobierno ha señalado que quien cometa estas infracciones podrá ser destituido e inhabilitado entre 5 y 10 años para cargo público. En el caso de falsear u ocultar datos contables será constitutivo de delito con la inhabilitación máxima.
El Código Penal se modificará para incluir estas nuevas sanciones. Aunque no se prevé pena de prisión para este nuevo delito, la vicepresidenta ha recordado que se establece una pena de multa y que ésta, "si no se cumple, se sustituye por la pena de prisión", informa Efe.
Las sanciones no tendrán carácter retroactivo para las actuaciones que se hayan cometido antes de su entrada en vigor.
Control del sueldo de alcaldes y concejales
La ley de transparencia contempla, por último, que los presupuestos generales del Estado establezcan cada año el baremo al que tendrán que ajustarse las retribuciones de los miembros de las entidades locales, es decir, alcaldes, concejales y presidentes de las diputaciones provinciales.
Para fijar los sueldos máximos se tendrá en cuenta de qué entidad local se trata, la población, las circunstancias socio-económicas del entorno y otras de carácter administrativo, según recoge la referencia del Consejo de Ministros
FUENTE:RTVE
CAV-HACIENDA GIPUZKOA
Bildu cree que PNV y PSE buscan "barra libre" con la condonación de sanciones
Bildu ha criticado hoy al PNV y al PSE-EE por defender que las Juntas Generales de Gipuzkoa no intervengan en los procedimientos de condonación de sanciones tributarias y ha dicho que hacer esta petición es "pretender seguir con la barra libre que imperó en la gestión anterior".
La coalición independentista ha acusado a jeltzales y socialistas de intentar abrir "una nueva polémica artificial" al plantear la necesidad de cambiar la norma de modificación del IRPF y otras medidas tributarias aprobada en diciembre, que establece que las sanciones superiores a 6.000 euros quedan en manos del Consejo de Diputados previa autorización de la cámara foral.
Esta facultad recaía antes en el diputado de Hacienda y Bildu dice que lo que se ha hecho es "introducir mecanismos de control para evitar arbitrariedades, clientelismos o actuaciones discrecionales, ya que hasta ahora se perdonaban deudas millonarias con un trasfondo de ocultismo evidente".
Asegura que el ente foral no incurre en "dejación de responsabilidades" y niega que se vulnere la Ley de Protección de Datos porque la Diputación no tendrá necesidad de aportar "más elementos de los necesarios en cada expediente que se aborde, y siempre bajo el criterio y la responsabilidad de Hacienda".
"¿Qué razones pueden existir para que PSE y PNV no quieran que se controle la condonación y se eviten favoritismos? ¿Por qué tiene miedo a la transparencia?", se pregunta Bildu.
La Mesa de las Juntas Generales tratará el próximo martes la iniciativa del PNV en la que hace esta petición para que las Juntas no intervengan, lo que implica la modificación de la norma aprobada en diciembre, a la que el PSE-EE presentó una enmienda, que no prosperó porque votaron en contra el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Popular.
Esta misma semana, el portavoz del PNV, Markel Olano, defendía la no participación de la cámara en la condonación de las multas tributarias alegando que podría vulnerar la Ley de Protección de Datos.
La portavoz del PSE-EE, Rafaela Romero, cree que PNV y PP se han dado cuenta ahora del error que cometieron en su día al no apoyar la enmienda socialista, en la que se advertía de que la potestad sancionadora corresponde a las administraciones públicas y de que no era conveniente que las Juntas desempeñaran esa competencia.
Romero, en declaraciones a Efe, ha negado que no se trate de "falta de transparencia", como dice Bildu, sino de "falta de capacidad de gobierno" del equipo de Martín Garitano porque pretende "traspasar su responsabilidad" al Parlamento guipuzcoano.
Ha señalado que, además, la cámara no tendría acceso al expediente sancionador completo para tomar una decisión "de ese calibre" y tendría que hacerlo en función del informe que facilitase la Diputación.
Cree que la norma aprobada en diciembre podrá ser "tumbada" con los votos de la oposición en lo referente a las sanciones tributarias, aunque el proceso que se inicia el martes se puede prolongar hasta finales de mayo o principios de junio.
FUENTE:Finanzas.com
El Parlamento Europeo pide a EEUU que no abuse de los datos de los pasajeros
El vicepresidente del Parlamento Europeo, Alexander Alvaro, pidió hoy a EE.UU. que garantice un uso no abusivo de la información sobre los pasajeros de vuelos, ante la inminente votación en la Cámara europea del acuerdo entre las autoridades estadounidenses y europeas sobre esta materia.
"Ambas partes compartimos el objetivo general de la seguridad y la búsqueda de la integridad de los ciudadanos, pero estamos preocupados por la responsabilidad del Gobierno para que asegure que no se abusa de los datos de los pasajeros", instó hoy en Washington ante la prensa.
Alvaro encabezó una delegación de once eurodiputados que visitó durante cinco días Washington para tratar temas de protección de datos, entre ellos el nuevo acuerdo antiterrorista alcanzado con EE.UU. sobre la transmisión de datos de pasajeros aéreos, el llamado Passenger Name Record (PNR).
Aunque la Comisión Europea y Washington ya llegaron a un acuerdo preliminar en noviembre, el Parlamento Europeo votará el próximo martes el documento para que sea ratificado.
Tanto el vicepresidente de la Cámara europea como algunos de los eurodiputados presentes en Washington reconocieron la división entre los miembros del Parlamento al respecto, incluso dentro de los grupos parlamentarios, a sólo cinco días de la votación.
Alvaro considera que el uso de estos datos sobre los pasajeros no debería "ser extendido a casos de inmigración", una materia en la que el vicepresidente considera que EE.UU. "podría" querer usar la información aportada por los pasajeros.
La comitiva de eurodiputados también ha tratado con las autoridades estadounidenses los marcos para la protección de datos, la cooperación en el uso de información financiera en la lucha contra el terrorismo y la libertad en internet.
El vicepresidente pidió a los congresistas y senadores estadounidenses una mayor receptividad en asuntos de protección de datos y apostó por continuar con estos encuentros bilaterales, en Bruselas en otoño y en Washington dentro de un año.
Liderados por el eurodiputado alemán Alvaro, la delegación del Parlamento Europeo ha incluido a once miembros de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia e Interior, con representantes de Alemania, Grecia, Reino Unido, Polonia, Portugal y España.
En concreto, han participado en las jornadas sobre protección de datos los eurodiputados españoles Agustín Díaz de Mera (PP) y Carmen Romero (PSOE).
Romero aseguró a Efe que se han tratado materias que los europeos ven "de forma muy diferente, porque nuestras tradiciones son diferentes y cuesta mucho llegar a un entendimiento".
En concreto, sobre el acuerdo antiterrorista alcanzado sobre información de pasajeros, apuntó que en el seno del Parlamento Europeo persiste "un gran debate sobre para qué se va a utilizar, cuál es el objetivo, cuántos años van a estar los datos en poder de las compañías aéreas, qué sistema se va a utilizar (...) y las posiciones en todos los grupos están bastante divididas todavía".
El acuerdo incluye información recabada por las compañías aéreas como el nombre, las fechas de los viajes y el itinerario de viaje, información sobre las entradas, dirección y números de teléfono, medios de pago utilizados, número de tarjeta de crédito, agencias de viajes, número de asiento y del equipaje, según datos del Consejo de la UE.
http://feeds.univision.com/feeds/article/2012-03-22/el-parlamento-europeo-pide-a
FUENTE:Univisión
Una ley de transparencia o cuando el ciudadano se puede convertir en freno de la corrupción
- El Gobierno aprueba este viernes el anteproyecto de la ley de transparencia
- España es uno de los pocos países europeos que no cuenta con una
- Navarra y País Vasco lideran en España el concepto de gobierno abierto
- Una cincuentena de organizaciones luchan contra la opacidad pública
- Los expertos aseguran que limitaría las posibilidades de la corrupción
Las administraciones y empresas públicas en nuestro país son ópacas, a pesar de que su fin es servir a los ciudadanos. Así lo manifiestan las organizaciones que trabajan desde hace años para que nuestro país elabore una ley de transparencia, que nos equipare al menos con todos los países europeos que tiene más de un millón de habitantes.
Se busca que la información de carácter público sea accesible y que las administraciones, sin necesidad de requerimiento, la den a conocer como una obligación.
Este viernes el Consejo de Ministros presenta un anteproyecto de ley que regulará la llamada transparencia y que este jueves el propio presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, anunció como una normativa que permitirá a la gente saber, entre otras cosas, "qué se hace con su dinero".
Las conversaciones con las organizaciones las ha dirigido el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón. Este mismo jueves aún había reuniones para ultimar detalles.
Averiguar si en época de recortes nuestros impuestos son bien empleados, conocer si los gastos son apropiados a una época de austeridad, saber a qué empresas o personas recibe un concejal, consejero o ministro, investigar si al barrio en el queremos vivir es seguro o si una residencia de ancianos tiene denuncias por trato deficiente es fundamental para tomar decisiones y posiciones, y depende de información conocida pero no accesible en este momento.
Y es algo que Estados Unidos con webs como www.data.gov, o www.ethics.gov ya casi se consigue. Es posible saber hasta quién visita a Obama a diario en la Casa Blanca. Las normativas en ciernes vasca y navarra y sus plataformas Irekia y gobabierto son los vanguardistas referentes nacionales en materia de acceso a la información. En el lado contrario, en la opacidad, en el llamado 'silencio administrativo', casi todas las demás.
Lucha contra la corrupción
España no superaba a Sri Lanka y Suráfrica en transparencia presupuestaria, según un informe internacional publicacado por Acces Info Europe, en octubre de 2010. Precisamente su coordinadora de Campaña, Victoria Anderica, considera que regular este derecho "es una cuestión de voluntad política y de determinación".
Desde la URJC, el catedrático de Ciencias Políticas y de Transparencia Internacional Manuel Villoria afirma que nuestro país "necesita mejorar los sistemas de rendición de cuentas" y que la transparencia es una medicina contra la corrupción.
El catedrático de la UCM y miembro de Coalición Pro Acceso Manuel Sánchez de Diego cree también que la ley serviría, entre otras cosas, "para proteger a la democracia de la corrupción" y que muchos casos de corrupción que hoy conocemos no hubieran 'engordado' con una admnistración transparente.
Las asociaciones implicadas ven que esta vez si saldrá adelante "por fin", tras ser una promesa recogida en los tres últimos programas electorales con los que se ha llegado a Moncloa, dos del PSOE y uno del PP. El Partido Popular se comprometió, además, a presentarla en sus primeros 100 días, plazo que expira el próximo 30 de marzo.
No publicada, farragosa o improcesable
En España no es que no se publique ninguna información, pero se da en muchos casos incompleta, farragosa o improcesable.
El profesor Sánchez de Diego lamenta, por ejemplo, que la iniciativa de publicar los bienes de los diputados y senadores se dé en la web del Congreso de los Diputados en formato foto, lo que hace que no se puedan procesar los datos. Es uno de los últimos avances en materia de transparencia, junto a la publicación de las cuentas de la Casa del Rey, algo que se ha visto como un paso adelante pero al que todavía se le ponen algunos peros.
Unas de las personas más implicadas en la reivindicación de una regulación de la transparencia David Cabo -@dcabo- creó una aplicación para poder ir integrando datos de este tipo en un formato que permitiera cruzar apuntes, seleccionarlos, etc.
Es algo similiar a los Open Data, que se suele confundir con transparencia, y sin embargo es una información improcesable en muchos casos si no se tienen las herramientas informáticas para traducir esos datos. Precisamente Cabo creo una de las páginas web más seguidas en este ámbito de solicitud de información "dondevanmisimpuestos.es".
La iniciativa de la Coalición Pro Acceso, que integra 54 organizaciones, fue abrir un cuestionario sobre preguntas que a los ciudadanos les gustaría que la administración les respondiese, se llamó Campaña de las 100 preguntas.
El resultado se puede dividir en tres inquietudes: la ejecución del gasto público, la implantación de políticas como el plan E y el seguimiento de proyectos que se iniciaron pero qué nadie sabe donde acabaron. La encuesta evidenció que el silencio administrativo roza el 20%. Por eso piden un acceso gratuito, sencillo y rápido.
Este mismo jueves la Coalición Pro Acceso ha arrancado con la web www.tuderechoasaber.es. una ventanilla única virtual a la que se pueden enviar preguntas que la propia organización se encarga de trasladar a las administraciones y reclamar sus respuestas.
En el Reino Unido iniciativas parecidas -whatdotheyknow.com, Save FOI, www.theyworkforyou.com-, promovidas por distintos colectivos, han tenido notable éxito. El periódico británico The Guardian creó también una web que guía a los lectores para acceder a información pública.
Obligaciones concretas y sanciones
La nueva Ley de Transparencia establecerá una serie de principios éticos generales y también de obligaciones concretas para los miembros del Gobierno, los altos cargos de la Administración General del Estado y de las entidades del sector público estatal.
La novedad respecto a códigos anteriores es que no se trata de recomendaciones sino que su vulneración dará lugar a la comisión de infracciones administrativas, que llevarán aparejadas las correspondientes sanciones, en palabras de la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría.
Tras la presentación en el Consejo de Ministros se abrirá un plazo de consultas públicas y participación como también se ha hecho con la ley Foral de Transparencia y Gobierno Abierto, a punto de aprobarse en el Parlamento de Navarra.
Según ha trascendido de las reuniones, la futura ley, que se presentará en un foro internacional sobre el materia en Brasilia el próximo 14 de abril, impondrá sanciones a quienes incumplan los límites de déficit y endeudamiento que fije la Ley de Estabilidad Presupuestaria; a quienes comprometan gastos o asuman obligaciones sin crédito suficiente para su financiación; a quienes eludan el reflejo contable de las obligaciones asumidas -facturas no contabilizadas-; y a quienes no colaboren o aporten la documentación requerida por los tribunales de Justicia o los órganos de fiscalización contable.
Sin embargo, en las actuales circunstancias de crisis económica el Ejecutivo de Mariano Rajoy quiere ir un paso más allá tipificando específicamente en el Código Penal infracciones para castigar las conductas más graves en la gestión de los recursos públicos.
Qué no regula y quién administra
Sin embargo, de los detalles conocidos Anderica señala que adolecen de varias medidas en materia de acceso a la información: no reconecen el derecho al acceso a la información como un derecho fundamental, no se sabe si va a ser aplicable a todas las instituciones -en principio el poder legislativo y judicial solo darán información administrativa-, se excluyen informes y estadísticas y no contempla la creacion de un organismo indepediente que sirva de garante y regulador.
En su opinión, este organismo decidiría qué información es susceptible de ser suprimida, sin descartar la vía judicial. Manuel Sánchez de Diego propone que sea la Agencia de Protección de Datos la que amplié sus funciones a este cometido. Considera que nuestro país necesita una aútentica ley de transparencia, porque hay un "grave déficit en este momento", a pesar de que es un derecho consagrado constitucionalmente pero sin desarollar en los artículos 105 y 20, y más detallado, pero para ser más restictivo en la ley 30/92. Como Anderica, cree que es decisivo que se reconozca como un derecho fundamental el acceso a la información pública y no solo como un derecho del ciudadano.
En cualquier caso, valoran desde Info Access Europe el fin último es que los propios funcionarios sepan discernir sobre la información más común. Creen que no todo tiene que estar abierto, pero que las líneas rojas tienen que ver con información sensible para la seguridad nacional y defensa o con casos como investigaciones criminales.
FUENTE:RTVE