Las cámaras de vigilancia enfrentan en Piélagos a gobierno y oposición
El grupo socialista denuncia que la red instalada no se ajusta a la legalidad vigente.
La instalación de una red de cámaras de vigilancia que registran todo cuanto ocurre en algunos de los puntos estratégicos, y que el Ayuntamiento considera «una simple medida de seguridad», ha levantado cierta polvareda entre los grupos políticos del municipio de Piélagos, especialmente en el socialista, que ha presentado una moción exigiendo su retirada «inmediata» porque, dice, «quebranta la legalidad vigente sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen».
La falta del correspondiente informe que recoja cuanto tenga que ver con esta instalación -expediente que el Consistorio asegura que está elaborando actualmente un técnico municipal- ha empujado al PSOE a instar al equipo de gobierno a «adaptar la instalación de todas las cámaras de vídeovigilancia existentes en el municipio a la normativa vigente» y «eliminar de manera inmediata todas aquellas que no cumplan la legislación vigente o se encuentren instaladas en lugares no autorizados o sin señalización».
Aunque el número de aparatos no se ha determinado, el grupo socialista, que también ha pedido al Ayuntamiento «que informe a la población de todo cuanto rodee a este asunto, ya sea de la empresa, persona, institución u organismo que esté detrás de su control», ha localizado al menos media docena repartidas en distintas poblaciones. Que sepan los socialistas, hay una en el barrio La Iglesia, en Carandía, otras dos en los polideportivos de Vioño y Liencres, el primero ubicado junto a un colegio, y una cuarta en las pistas de pádel de esta última localidad.
Además, existen dos cámaras orientadas a las playas de Canallave y Valdearenas, cuyas imágenes se emiten en directo a través de un enlace de la página web del propio Ayuntamiento. Instaladas entre los años 2008 y 2011, estas seis cámaras no serían las únicas a través de las cuales el Consistorio vela por la seguridad de los ciudadanos, que es, dicen fuentes municipales, el único objetivo por el que fue concebida la red de vídeovigilancia. La falta del correspondiente expediente «hace imposible conocer con exactitud el número de aparatos que hay instalados en el municipio», lamentan los socialistas. Para ellos, esto «pone de manifiesto la falta de toda ética por parte del equipo de gobierno a la hora de tomar decisiones relativas a la libertad personal, quebrantando la legalidad vigente sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen».
Si bien es cierto que la instalación de una red de vigilancia en las calles de un municipio no sólo es legal, sino que contribuye a incrementar la seguridad frente a cualquier tipo de delito, no lo es menos «que su implantación debe cumplir con una serie de requisitos» que los socialistas aseguran que no se dan. Requisitos que se relacionan «con su instalación, su ubicación, su señalización, su grabación, su visualización y el tratamiento de los datos recogidos en las mismas».
Por todo eso, los socialistas han preparado una moción que se debatirá en el próximo pleno, a través de la cual, además de exigir el preceptivo expediente en el que se dé cumplimiento a las leyes en vigor, proponen «eliminar de manera inmediata todas aquellas cámaras que no cumplan la normativa» e «informar a la población de los lugares de instalación de todas y cada una de ellas». Según la concejala de Gobernación y Seguridad Ciudadana, Gloria Bárcena, el PSOE tendrá conociemiento de estas cuestiones antes de que su moción llegue a la próxima sesión plenaria, porque en los próximos días se celebrará la comisión informativa para despejar las dudas existentes.