El director de Presidencia y Seguridad del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Claudio Rivero, aseguró a los periodistas que el Consistorio cierra así un ciclo de videovigilancia que inició en el año 2006.
"Ahora acabamos de instalar cuatro nuevas videocámaras, dos en la zona de Arenales y las dos que inauguramos hoy, con un importe de 50.000 euros. Por ahora no está previsto que el Ayuntamiento vaya a instalar más en la ciudad", dijo Rivero.
Al director de Seguridad le preocupan de forma especial "las acciones que perturban el descanso de los vecinos, como escándalos", aunque reconoció que también las cámaras graban algún tipo de menudeo de drogas. Para Rivero, las zonas en las que se ubica la videovigilancia son "muy seguras" y refuerzan "la tranquilidad" vecinal, ya que el índice de delincuencia en ellas es "muy bajo" por su efecto disuasorio.
Sobre las quejas de las prostitutas de Molino de Viento de una menor presencia de clientes tras la instalación de las cámaras, el director municipal de seguridad defendió que no existe una relación porque "las personas que vayan a divertirse a cualquier zona de la ciudad no tienen por qué tener ningún tipo de prevención si su recorrido por la calle es correcto".
Por su parte, el subdelegado del Gobierno en Canarias, Luis Molina, resaltó la "utilidad policial" de la videovigilancia por "las posibilidades que ofrecen tanto de disuasión como de base de investigación de posibles sucesos que ocurran en la zona de cobertura de las cámaras".