Gasoleo, piezas de sistemas de bombeo y de riego, maquinaria, aperos y hasta transformadores eléctricos son parte del amplio catálogo de bienes robados por los ladrones en los últimos meses en el Campo de Cartagena. La lista de asaltos no deja de crecer. Es un goteo permanente al que los agricultores y ganaderos, hartos de pedir más presencia de la Guardia Civil y de que se les deniegue, están decididos a hacerle frente y han contratado vigilantes privados e instalado cámaras de seguridad y barreras perimetrales de rayos infrarrojos en sus almacenes y fincas.
Las zonas más afectadas por los continuos robos son las diputaciones de Pozo Estrecho, La Palma, El Albujón y La Aljorra. Allí, más de dos mil agricultores se han puesto manos a la obra para blindar sus fincas contra los cacos. Ponen rejas en las ventanas, persianas metálicas, puertas blindadas y vallas en alrededor de las fincas. Sólo en mejorar la seguridad en almacenes y casetas de riego, se han gastado cada uno entre dos mil y tres mil euros. Pero aún así, los ladrones consiguen entrar y llevarse lo que encuentran a su paso.
«La situación es ya insostenible para algunos campesinos. Casi a diario tenemos algún robo. Por eso, unos cincuenta agricultores de la zona ya han contratado vigilantes de seguridad que patrullan sus propiedades por la noche, que es cuando más robos hay», explicó a este diario el portavoz de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) en la comarca de Cartagena, Vicente Carrión.
«Falta de coordinación»
Agricultores y ganaderos llevan meses advirtiendo y denunciando que los cacos se están cebando con ellos y que no parece haber forma de evitarlo. Lo hacen con insistencia, pero hasta la fecha, afirmaron, no ha encontrado respuesta efectiva entre las autoridades. Y es que en opinión Carrión, el problema es que «falta coordinación entre la Policía Local y la Guardia Civil, pero sobre todo efectivos. Deberían optimizar sus recursos para ser más útiles en el campo. Aquí estamos desprotegidos».
En los últimos meses han entrado en más de ochenta casetas y almacenes para robar el cobre y otros utensilios que después venden en el mercado negro por separado. Según los cálculos de este agricultor, las pérdidas podrían ascender a más de cien mil euros, «aunque es muy complicado porque no es sólo lo que se llevan sino lo que destrozan».
El problema es que, según explicó Vicente Carrión, las aseguradoras no quieren cubrir el robo en almacenes y casetas de riego. «Se niegan porque saben que todos los días están entrando a robar y entonces no les sería rentable», añadió.
Un teléfono de emergencia
Hay semanas en las que a un mismo agricultor le han entrado en varias ocasiones. «Los ladrones se conocen muy bien la zona y ya ni los guardas garantizan la seguridad en las explotaciones», comentó Carrión. Los agricultores tienen a su disposición un número de teléfono para comunicarse directamente con la Policía Local, en caso de emergencia. «Es un teléfono para toda la comarca. Pero cuando llamamos, lo cogen en Torre Pacheco y nos dicen que eso no es competencia suya. Las autoridades tendrían que tomarse en serio lo de los robos», denunció Carrión.
Su queja va más lejos porque critica la actuación de la Justicia. «Cuando los detienen y son juzgados les imponen multas económicas irrisorias y en poco tiempo ya están en la calle. Eso debería cambiar por el bien de todos los ciudadanos», añadió.
Situación «intolerable»
Es tal la situación que el problema ha llegado hasta la Asamblea Regional, donde el diputado del Grupo Parlamentario Popular Pedro Chico exigió hace dos semana más seguridad en el Campo de Cartagena.
El parlamentario consideró, en su intervención en la cámara, «intolerable que mientras que los agricultores, ganaderos y vecinos de estas zonas están sufriendo un repunte notable de la actividad criminal, el delegado del Gobierno sigue mirando hacia otro lado y no haya habilitado los dispositivos necesarios para combatir los actos delictivos».
González Tovar insistió en que en el Campo de Cartagena la Guardia Civil están llevando tres operaciones de protección de patrimonio agrícola, donde según explicó ha habido un incremento considerable de más del 106% en el número de efectivos de la Benemérita.
FUENTE: www.laverdad.es