El derecho al olvido (“right to be forgotten”) tiene que ver con la publicación de datos personales en Internet y la posibilidad de solicitar la supresión de los tales datos para no que no aparezcan en buscadores (Google) o redes sociales (Facebook). En esencia se trata ejercer el derecho a la cancelación de datos personales que la legislación vigente ya reconoce.
No obstante, el ejercicio de tal derecho en el entorno de Internet tiene una peculiaridad en el caso de los buscadores: para no aparecer en un buscador, primero que hay que desaparecer del sitio web donde constan publicados los datos, puesto que los buscadores se limitan a reproducir lo que se publica abiertamente en los sitios web (red social). En su reciente contribución a la Consulta de la Comisión sobre un enfoque global de la protección de datos personales en la UE, la Agencia Española de Protección de Datos se ha mostrado especialmente sensibilizada por el tratamiento de datos en Internet con motivo de las preocupaciones de los usuarios por la aparición de sus datos personales en buscadores y redes sociales.
En este sentido la Agencia desea que, a nivel europeo, se clarifiquen las posibilidades del ejercicio del derecho al olvido a través de medidas de obligado cumplimiento para los responsables de los tratamientos. Tales medidas deberían garantizar la disponibilidad de mecanismos sencillos para su ejercicio, la adaptación de tecnologías que impidan la indexación de datos personales por motores de búsqueda, debiendo ser su aplicación efectiva en plazos perentorios.
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La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) informa que no poner en copia oculta las direcciones de correo electrónico supone a las empresas una sanción realmente ejemplar: multas de entre 600 y 3.000 euros por revelar datos privados de sus clientes o de personas que habían cedido su dirección con fines informativos.
La AEPD, en su guía de recomendaciones de uso de Internet, insiste en la protección legal que existe sobre los datos personales porque una mala práctica en el envío de mails favorece el spam. Para garantizar la confidencialidad de los destinatarios hay que introducir los correos electrónicos en el campo de copia oculta (CCO). Así se evita que los demás destinatarios sepan a quién se ha enviado el mensaje.
Generalmente, la AEPD aplica la multa mínima (600 euros) obligada por la ley, pero las sanciones por revelar estos datos podrían llegar a los 60.000 euros. Por último señalar que hasta ahora las sanciones no se han aplicado a los usuarios particulares, siempre a las empresas.
FUENTE: www.elblogdeinase.es
La Consejería de Empleo, Igualdad y Juventud de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ha explicado al PP que el departamento dirigido por Paula Fernández cuenta "desde hace años" con contenedores de la empresa DESDOCO para depositar los papeles "con información confidencial", tal y como obliga la Ley de Protección de Datos.
La Junta reaccionaba así a las declaraciones realizadas este miércoles por el secretario general del PP de Guadalajara, Porfirio Herrero, quien aseguró que ha comprobado personalmente cómo en la sede de la Consejería de Empleo, "al entrar en el despacho de la señora consejera", vio "dos contenedores de metal en donde ponía Agencia Especial de Destrucción de Papeles Confidenciales".
De este modo, fuentes del Gobierno de José María Barreda han señalado a Europa Press que estos contenedores también se encuentran en las Cortes de Castilla-La mancha, "incluidas las dependencias del Grupo Popular".
Además, añaden que todas las administraciones públicas, en España y en Castilla-La Mancha disponen de un sistema reglado de recogida y reciclado de papel.
FUENTE: www.europapress.es
El número dos de la candidatura de Centro Liberal Renovador y abogad, Juan Ignacio López-Bas, confirmó ayer a este periódico que la formación está reuniendo todas las pruebas necesarias para llevar el caso a los tribunales en forma de denuncia ante la Agencia de Protección de Datos.
FUENTE: noticias.lainformacion.com
La acampada de Sol convoca la primera protesta contra una medida concreta del Gobierno: la reforma de la negociación colectiva. Será a las 19.00 a escasos 200 metros de sus señorías
El movimiento de los «indignados» ha planteado esta semana su primer pulso concreto al Gobierno. Ante la inminente reforma que la negociación colectiva, los acampados en Sol quieren presionar a la clase política con una concentración en un lugar muy cercano al Congreso de los Diputados.
La convocatoria circula desde hace días por correos electrónicos y se ha sustanciado también en la página oficial del movimiento en Madrid, donde se apuntan cambios aún no confirmados en aspectos como la flexibilidad interna en las empresas, los convenios sectoriales, el descuelgue, la fijación de salarios acorde a la productividad, la extensión del periodo de prácticas o el contrato único.
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