La ley española 5/2006 de 10 de abril dictamina en su artículo 2.3 que las Cortes Generales deben examinar las propuestas de nombramiento en Entidades Estatales, por si hubiera conflicto de intereses. Este examen es aplicable a los miembros del Gobierno, a los Secretarios de Estado y al resto de los altos cargos de la Administración General del Estado y de las entidades del sector público estatal, de derecho público o privado, vinculadas o dependientes de aquélla. En este miércoles pasado, hemos dictaminado en la Comisión Constitucional, para su traslado a la Presidencia del Congreso, quien a su vez lo trasladará al Gobierno, que no existe conflicto de intereses por el que no pueda ser nombrado director de la Agencia Española de Protección de Datos don José Luis Rodríguez Álvarez, investigador, docente y asesor político en temas de Derechos Humanos. Su señoría Miguel Barrachina por el PP fue sencillamente mordaz. Solo le importó su condición de jefe de gabinete del Ministro de Justicia y aprovechó para cantar su desolación por quedarse solo en su soledad argumental. Porque su señoría Oramas (CC), Llamazares (IU), Janet (CiU), Batet (PSOE) se fijaron en la solidez del candidato señor Rodríguez Álvarez, quien contestó que el PP podría pretender negar la vuelta a la judicatura a cualquier persona colaboradora durante algún tiempo con un Gobierno. Pero dejemos al Diputado por Castellón en su desolación. Lo que quiero destacar es la atención que me captó conocer que son cien mil millones de euros los que mueven anualmente las Técnicas de la Información y la Comunicación (TIC). Controlar ese comercio ya es importante por lo voluminoso, mas es más sensible por su conexión con el respeto a la protección de la intimidad. Por lo que respecta a Internet, sin duda la herramienta que revoluciona la comunicación, el próximo director de la Agencia hizo esta advertencia: El usuario usa el servicio de modo gratuito; el servicio se nutre de la publicidad de las marcas comerciales; estas marcas ponen todos los medios para servir «individualmente», lo que exige captar la individualidad del cliente, para así vender de modo individualizado, que es el modo más productivo de venta. Esta transitividad pone en riesgo continuamente la íntima protección de la propia identidad. El comercio a menores es un aspecto el más sensible; la seguridad es más endeble dada la supranacionalidad de las nuevas técnicas de comunicación, por ejemplo las redes sociales. Estamos ante una novedad tal que nos ha puesto en la nueva era del aprendizaje, del conocimiento, de la comunicación global. Esta nueva galaxia exige más fortaleza ética que cuando éramos sencillamente tribales.

FUENTE: www.laverdad.es

Aunque no lo parezca, con una normativa vigente clara en materia de protección de datos, algunas AAPP no satisfacen los requerimientos establecidos para velar por este derecho ciudadano. Esta ha sido una de las reflexiones del Presidente de ANDCE, Pedro Rodríguez López de Lemus, durante el último Encuentro Digital Cibersur.

Asimismo, el responsable de la patronal del comercio electrónico andaluz, se ha referido al inminente Mercado Único Digital, un nuevo marco menos regulado donde los gobiernos tendrán que adoptar "sistemas interoperables de compras públicas electrónicas, de facturación electrónica y de pagos electrónicos, basados en tecnologías flexibles y abiertas".

El papel de las redes sociales también ha entrado de lleno en este Encuentro Digital, y Pedro Rodríguez ha aclarado que ha ayudado a las empresas de e-commerce a "mejorar la productividad, la innovación, la colaboración y la implicación de los empleados, así como conocer las preferencias y gustos de sus clientes y procurarles una mejor atención".

Sin duda este encuentro digital se ha caracterizado por las dudas de los lectores y usuarios de Cibersur, en torno a la protección de datos, recibiendo el Presidente de ANDCE bastantes preguntas sobre casos personales, hecho que demuestra las carencias que existen todavía en esta materia, en nuestro país.

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