BBVA se persona en la causa penal del caso Ausbanc como acusación particular.

BBVA DENUNCIA AUSBANC

El banco exigirá un resarcimiento por daños reputacionales y de imagen ocasionados por Pineda

BBVA ha decidido personarse en el procedimiento penal del caso Ausbanc como acusación particular, al entender que los actos de "acoso y agresión" del presidente de Ausbanc, Luis Pineda, evidencian la cualidad de la entidad como "víctima". El banco exigirá además un resarcimiento por los daños reputacionales y de imagen ocasionados, para lo que trabaja en su cuantificación.

 En el escrito para personarse en la causa abierta contra Ausbanc, al que ha tenido acceso Europa Press, la entidad alude a una "feroz campaña de acoso y desprestigio" para ejercer la acusación particular como directamente ofendida y víctima por los delitos perseguidos en el procedimiento.

 Para pedir daños reputacionales, el banco, que según fuentes jurídicas contratará a un abogado externo para la personación, argumenta las explicaciones que ha debido ofrecer ante "infundadas" imputaciones en foros nacionales e internacionales y ante los diferentes reguladores.

 BBVA denuncia una campaña contra el banco y sus directivos con el fin de perjudicar su imagen y reputación ante los inversores y clientes. La entidad presidida por Francisco González se remite a 2007, cuando decidió finalizar cualquier publicidad con Ausbanc (ese año invirtió 180.000 euros en las publicaciones de la asociación).

 Ante el cese de estas relaciones de publicidad, el banco advierte de que Ausbanc desarrolló una estrategia de "acoso y agresión" con artículos "denigratorios", intervenciones en las juntas de accionistas en "abuso" de los derechos societarios y demandas personales a los directivos, entre otras acciones.

 BBVA desvela que estas campañas extendidas durante años precedían a "constantes sugerencias" de colaboración, en las que se intuía que las agresiones cesarían en caso de satisfacer las exigencias económicas. Entre la secuencia de sucesos aportados a la Audiencia Nacional tras interrumpir la publicidad a finales de 2007, el banco recuerda que Ausbanc formuló una queja en la Asociación Española de Banca (AEB) aprovechando la aparición de documentación sobre una sucursal cerrada.

 Por estos mismos hechos, la organización dirigida por Pineda presentó una denuncia ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la Fiscalía y la Agencia Española de Protección de Datos. Estas iniciativas fueron archivadas. Fuentes jurídicas han recordado que el presidente de Ausbanc impugnó además las juntas de 2008 y 2009.

300.000 EUROS PARA LA LABOR DEL PADRE PATERA.  

En 2009 BBVA decidió colaborar con Ausbanc en el proyecto social para recaudar fondos para la labor humanitaria del Padre Patera, una causa para la que la entidad destinó 300.000 euros hasta 2011. "Mientras se reestablecieron esos reducidos ámbitos de colaboración, Pineda y sus colaboradores interrumpieron sus acciones de hostigamiento y dejaron de asistir a las juntas", recoge el escrito. Sin embargo, las sospechas del banco sobre el destino final de los fondos le llevaron a dejar de colaborar en esta supuesta acción social.

 A partir del momento en que cesaron las colaboraciones de responsabilidad social corporativa propuestas por Ausbanc y no fueron atendidas sus "insistentes solicitudes" de pago de otras cantidades durante 2011, la entidad subraya que sobre todo Pineda insertó en la revista Ausbanc artículos "altamente agresivos" hacia el presidente de BBVA, Francisco González.

 Fuentes jurídicas han recordado que en 2012, cuando la relación ya era inexistente, BBVA denunció a Ausbanc ante Consumo para que perdiera la condición de asociación de usuarios.

HOSTIGAMIENTO TAMBIÉN EN TWITTER.  

En el escrito remitido a la Audiencia Nacional, el banco también denuncia el "hostigamiento" de Pineda a través de Twitter. Entre estos 'tuits', el presidente de Ausbanc pedía la dimisión de González y sembraba dudas sobre la solvencia de BBVA. "Nunca es tarde para reconocer un error, cerrar un capítulo y dar paso a un nuevo inicio. Cierra tus negocios con el BBVA Francisco G", decía uno de los 'tuits' aportados a la Audiencia Nacional......LEER NOTICIA COMPLETA

Google no indexará los datos de profesionales sanitarios que recibieron pagos de laboratorios

Google no indexará los datos de profesionales sanitarios que recibieron pagos de laboratorios

Los pagos de los laboratorios a los profesionales sanitarios por impartir conferencias, los gastos de inscripción o desplazamiento de un médico o un farmacéutico por asistir a un congreso científico o las donaciones que realizan las compañías a las sociedades científicas dejarán de ser un secreto dentro de muy poco. En concreto, el próximo 30 de junio, se cumple el plazo dado por Farmaindustria para que todas las compañías adscritas la patronal hagan públicas, a través de sus respectivas páginas webs, las transferencias de valor realizadas durante el año 2015 a los profesionales del sector sanitario con los que colabora. Ante este inminente acontecimiento, la patronal del medicamento innovador ha organizado un encuentro informal con la prensa para contextualizar la decisión y satisfacer cualquier duda al respecto.

“Transparentar las transferencias de valor entre profesionales sanitarios e industria farmacéutica es un paso trascendental, pero ha conllevado un periodo de maduración muy largo; pues no solo se pretende introducir más rigor entre las relaciones para garantizar la independencia de los profesionales sanitarios en aquellos aspectos que tuvieran que ver en relaciones establecidas con la industria, sino generar confianza entre todos los actores del Sistema Sanitario”. Así lo ha explicado Humberto Arnés. El Director General de Farmaindustria ha asegurado que, con esta iniciativa pionera, la industria farmacéutica se coloca “en el lado que la sociedad demanda”.

Reputación digital, intacta

Los datos publicados en este primer ejercicio de transparencia se aglutinarán en base a cuatro grandes conceptos: donaciones; actividades formativas y reuniones profesionales; prestación de servicios; e investigación y desarrollo; y de dos formas: en agregado o en individual. No obstante, a partir del 1 de enero de 2017, el 100% de los datos se publicarán de forma individualizada: con nombre y apellidos, lugar de ejercicio profesional, DNI cifrado y concepto de los pagos. Así se podrá observar en los datos publicados en junio de 2018. Esta modificación del Código de Buenas Prácticas responde al objetivo de “transparentar de la forma más amplia posible”, ha subrayado Humberto Arnés.

José Zamarriego, director de la Unidad de Supervisión Deontológica de Farmaindustria, ha indicado que esta medida ha tenido “mucha receptividad” entre los profesionales sanitarios. Y ha hecho hincapié en que el reto está ahora en “saber contarlo”. En este sentido, afirma que las compañías tienen la indicación por parte de la Agencia Española de Protección de Datos de que “la información que se publique en las webs debe editarse a través de protocolos que eviten la indexación mediante motores de búsqueda”. Esto significa que estos datos no aparecerán en Google ni otros motores de búsqueda cuando tecleemos el nombre del profesional sanitario. Asimismo, la patronal ha enviado a todas las compañías un protocolo clave para publicar esta información de forma descriptiva y técnica.

Sanciones para quien no haga gala de transparencia

Los portavoces de Farmaindustria han aplaudido que, con esta medida, la industria farmacéutica entre en la cultura de la transparencia. José Zamarriego ha señalado: “Nuestra misión es defender a quien hace las cosas bien”. En ese sentido, ha anunciado que la Unidad de Supervisión Deontológica adquiere la nueva función de monitorizar las distintas iniciativas para asegurarse de que los laboratorios cumplan su objetivo.

Aunque está convencido de ningún laboratorio se saltará sus compromisos y responsabilidades, ha advertido que en el Código de Buenas Prácticas se prevé un sistema de sanciones de doble fuente para penalizar a quienes incumplan lo acordado. En este sistema se recogen tres tipos de sanciones que contempla multas que irán desde los 6.000 euros hasta los 360.000 euros. Y también contempla agravantes. Zamarriego. ha matizado que estas multas están destinadas a los proyectos de uso racional del medicamento que lleva a cabo la Fundación Farmaindustria....LEER NOTICIA COMPLETA.

Protección de Datos respalda la información por la que Medina pedía cárcel para los periodistas

Protección de Datos respalda la información por la que Medina pedía cárcel para los periodistas

El Ministerio Público queda como acusación única contra el redactor y el exdirector de EL COMERCIO tras la retirada de la querella del diputado del Partido Popular

La decisión última la tiene el fiscal Javier Casamayor. Tras el anuncio del diputado del PP David González Medina de retirar la querella contra dos periodistas de EL COMERCIO para los que reclamaba casi cuatro años de cárcel por un presunto delito de encubrimiento y revelación de secretos, el Ministerio Público tiene ahora en su mano dar el paso definitivo y cerrar la causa retirando también su petición de multa para Íñigo Noriega y Marcos Moro.

La Fiscalía se ha quedado como acusación única por la noticia publicada en EL COMERCIO en octubre de 2014, en la que se narraba que González Medina, entonces candidato a presidir el PP de Gijón, había sido condenado en 2004 por tráfico de drogas y sancionado por consumo de estupefacientes en 2011.

La veracidad de la noticia, de notorio conocimiento, quedó firmemente demostrada. De hecho, y como elemento clave en la defensa del redactor de EL COMERCIO Marcos Moro y el entonces director de EL COMERCIO y hoy al frente de 'El Diario Montañés', Íñigo Noriega, se encuentra el informe favorable de la Agencia Española de Protección de Datos, que en septiembre del año pasado ya archivó la denuncia presentada por el diputado regional del Partido Popular en el Parlamento asturiano David González Medina, por vulneración de sus datos personales en la información de EL COMERCIO.

La resolución administrativa firmada por la directora del organismo público, Mar España Martí, acordó «no abrir actuaciones inspectoras ni iniciar un expediente sancionador o de infracción» al Ayuntamiento de Gijón, como responsable del fichero del que parten los datos del diputado, y de forma subsidiaria a la empresa T-Sistemas ITC Iberia S. A. U, encargada del tratamiento de la base de datos.

Las nueve páginas que respaldan la información del periodista Marcos Moro tiene en cuenta la condición política y pública del denunciante, como presidente del Nuevas Generaciones del PP de Gijón y candidato a la presidencia local de dicho partido, cuando se publicó la noticia, el 15 y el 17 de octubre de 2014. Asimismo, recuerda que aquellos que desarrollan una actividad dentro del ámbito político y público son sujetos «de una mayor exposición de sus datos ante la opinión pública, disminuyendo, a partir de dicha actividad voluntaria, la privacidad de sus datos y sus actuaciones, tanto en su dimensión pública como privada».

Para reforzar este argumento, Protección de Datos pone de manifiesto la abundante jurisprudencia del Tribunal Constitucional y de los tribunales de Justicia al respecto. Este es el caso de la sentencia 107/1998: «Las personas públicas que ejercen funciones públicas o resultan implicados en asuntos de relevancia están obligadas a soportar un cierto riesgo de que sus derechos subjetivos de la personalidad resulten afectados por opiniones o informaciones de interés general, pues así lo requiere el pluralismo político, la tolerancia y el espíritu de apertura, sin los cuales no existe sociedad democrática».

Públicos y veraces

Al respecto de la publicación de los datos de David González Medina y su sanción administrativa de 2011 -previamente había sido condenado por la vía penal en 2004 a seis meses de prisión por tráfico de drogas-, la agencia analiza la «colisión» entre el derecho a la protección de datos y el derecho a la información consagrado en el artículo 20 de la Constitución.

Así, el organismo público recoge que el Tribunal Constitucional tiende a otorgar una posición preferente a la libertad de expresión frente a otros derechos «siempre y cuando los hechos comunicados se consideren de relevancia pública y atendiendo a la veracidad de la información facilitada». Del mismo modo, destaca que «la posibilidad de tratar los datos de una persona sin contar con su consentimiento puede entenderse amparada si su utilización sirve para la satisfacción del interés legítimo» del derecho a la información.

Así las cosas, tras la retirada de la querella del diputado popular contra dos periodistas, que se hará efectiva a partir de hoy, el proceso se encamina hacia un juicio oral salvo que la Fiscalía siga los pasos de González Medina.

La decisión de Casamayor

La petición del fiscal Casamayor es de cinco meses para Moro y tres para Noriega, y, además, en su escrito reconoce que no se averiguó el modo en el que el periódico accedió a los datos, y no pone en absoluto en cuestión la veracidad de la información publicada por EL COMERCIO. Es más, el propio fiscal pone de relieve que se debe tener en cuenta que la información que el querellante presenta como una revelación de secretos es, en realidad, la consecuencia del desempeño de la profesión periodística.

Tras difundirse la noticia de que el PP solicitaba penas de casi cuatro años de prisión para dos periodistas de Vocento, lo que despertó las críticas de profesionales de la comunicación, medios y asociaciones de periodistas, así como de políticos y ciudadanos anónimos, por tratarse de un ataque directo a la libertad de expresión, la fiscal superior del Principado salió al paso con un comunicado para tratar de distanciarse de la polémica. María Esther Fernández García ya apuntó el pasado viernes que la Fiscalía, una vez recibida la denuncia de David González Medina, lo que hizo fue proceder a tipificar el supuesto delito, que en este caso sería el de revelación de secretos, para a continuación subrayar que existe la atenuante correspondiente a la profesión periodística, cuya función social es precisamente sacar a la luz informaciones de relevancia social y que a determinadas personas les pueda interesar mantener ocultas.

Por ello, la Fiscalía rebajó en dos grados la pena mínima que prevé la ley, de un año de cárcel, para la revelación de secretos.

Con tal reducción, según señaló la propia fiscal, la propuesta de Javier Casamayor ya no implicaría petición de cárcel (los tres y cinco meses antes citados), sino que se resolvería como una multa. El caso, con la retirada de la denuncia, toma una nueva dimensión, dado que la Fiscalía se ha quedado sola como acusación en la causa....LEER NOTICIA COMPLETA.

El calzado aborda cómo aplicar la Ley de Protección de Datos a sus empresas

El calzado aborda cómo aplicar la Ley de Protección de Datos a sus empresas

La jornada se ha estructurado en tres fases que han contemplado el análisis del marco jurídico de esta normativa, la adaptación efectiva de la ley a las compañías y la realización de auditorías para cumplirla

Los empresarios del calzado han abordado esta mañana en un encuentro organizado por la Asociación Valenciana de Empresarios del Calzado, en colaboración con Ara&Asociados, la aplicación real de la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD) en sus empresas. La jornada se ha estructurado en tres fases que han contemplado el análisis del marco jurídico de esta normativa, la adaptación efectiva de la ley a las compañías y la realización de auditorías para cumplir con dicha normativa.

En la charla han intervenido los abogados Isabel Cano, Verónica Salvador y Édmar Rodríguez. Durante la ponencia, se ha alertado de que existen pocos inspectores que se dedican al control del cumplimiento de esta ley, aunque se ha insistido en el alto índice de tramitación de denuncias que se producen en este campo. De hecho, según los últimos datos recabados se estima que de las 10.000 denuncias registradas se llegaron a tramitar de manera efectiva unas 9.500 denuncias.

La abogada Verónica Salvador, que está especializada en el uso y aplicación de nuevas tecnologías, ha recalcado que “las sanciones se producen en función de los hechos”, por lo que no se puede predecir qué cuantía se va a poner a la empresa como sanción. Los expertos también han explicado los puntos necesarios que se deben tener en cuenta para cumplir con la LOPD.

En este punto, se ha recalcado que es necesario identificar e inscribir los ficheros de las empresas en la Agencia Española de Protección de Datos, realizar una auditoría inicial en la que se incluyan una serie de cláusulas legales en los documentos elaborados por las empresas, elaborar el documento de medidas de seguridad corporativo, y mantener las auditorias de forma periódica....LEER NOTICIA COMPLETA.