La Agencia Española de Protección de Datos ha impuesto una sanción de 20.000 euros a Vodafone por una infracción grave de la Ley Orgánica de Protección de Datos tras la denuncia planteada por la organización de consumidores Facua por facilitar las claves para acceder a datos confidenciales de sus clientes.
Esta organización denunció en febrero del 2010 al operador de telecomunicaciones fijas Tele2, propiedad de la multinacional británica, por no garantizar la seguridad de los datos personales de sus abonados ya que un teleoperador de la compañía facilitó a un usuario las claves para acceder a datos confidenciales de cualquier cliente. El usuario contactó con el teléfono de atención al cliente con el fin de recuperar los códigos para acceder a sus datos de facturación en la zona de clientes de la antigua página web de la compañía. El teleoperador que le atendió le indicó que le facilitaría un nombre de usuario y una contraseña genéricos, con los que podría entrar en la cuenta con solo teclear su propio nombre de usuario, aunque no recordase su contraseña. El usuario alertó de esta situación a Facua que verificó cómo, tecleando los citados nombres de usuario y contraseña en la «zona clientes» del portal, el sistema indicaba que se había entrado en «modo suplantación» y solo había que introducir cualquier nombre de usuario para acceder a sus datos. Introducidas palabras elegidas al azar, se accedía a los datos de clientes de Tele2, pudiendo visualizarse sus facturas con el detalle de llamadas, su nombre y apellidos, NIF o CIF o cuenta bancaria, entre otros datos. También era posible así modificar los datos del cliente.
En su resolución, fechada el 1 de abril, la AEPD señala que Vodafone incurrió en una infracción grave de la Ley Orgánica de Protección de Datos al vulnerar el «principio de seguridad de los datos» por «mantener los ficheros, locales, programas o equipos que contengan datos de carácter personal sin las debidas condiciones de seguridad». La Agencia ha reducido la cuantía de la sanción a 20.000 euros con el argumento de que Vodafone corrigió «de forma diligente» las irregularidades denunciadas por Facua.
FUENTE: www.lavozdegalicia.es
Los bomberos que hace un par de meses denunciaron ante la Policía Nacional la existencia de cámaras de vigilancia ocultas en el parque de Talavera interpondrán un recurso de reforma, ya que “hay inexistencia de diligencia de la investigación de los hechos”, declaró Antonio Escobar, representante del Sindicato de Trabadores de Administración y Servicios de Castilla-La Mancha (STAS C-LM). El auto del juzgado número 1 de Talavera dice que no hay autor responsable de la colocación de esas cámaras, por eso, se considera responsable de solicitarlo al jefe de servicio y al alcalde como el que lo autoriza. De esta forma, los trabajadores pedirán la declaración en calidad de imputado, a los efectos de preservar los derechos fundamentales, del jefe de servicio, Javier de Lucas. Escobar señaló que esta persona aparece como órgano de la Administración responsable en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP).
El sindicalista definió como “vergonzoso y lamentable” el que el equipo de Gobierno haya iniciado un expediente para depurar responsabilidades por los daños materiales, la imagen del servicio o el incumplimiento de funciones de los denunciantes. Para ello, el Ayuntamiento designó al secretario general del Consistorio, Antonio López Abarca, como instructor del expediente de esta denuncia presentada. Según Escobar, el Gobierno local “va a por estos tres trabajadores por denunciar lo que todavía no está claro”. “Estos señores no olvidan ni perdonan que hace años mostraran algunos efectivos una fuerza reivindicativa y, por eso, piensan que la sumisión de los bomberos con expedientes se consigue”, defendió. Desde el STAS muestran su desacuerdo con las diligencias que sigue el juzgado en este proceso y por eso se recurre. Por eso, piden “que se escuchen las alegaciones y se desestime y se mande a la Audiencia Provincial o se estime y continúe el procedimiento”. En el segundo de los casos, Escobar pidió que se cambie la tipificación: en vez de allanamiento, ubicación de cámaras que graban a las personas. “El recurso va en la línea de defender el derecho a la intimidad”, subrayó.
El Tribunal de Cuentas fiscalizará actividades como la participación de las Fuerzas Armadas en misiones internacionales y los gastos derivados de la Presidencia Española de la Unión Europea en 2010, así como a un grupo de entidades que por primera vez incluyen al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
El presidente del órgano fiscalizador, Manuel Núñez, presentó hoy ante la Comisión mixta de Relaciones con el Tribunal de Cuentas sus prioridades para 2011 y recalcó que "no hay ningún presupuesto negativo que haya podido afectar a la elección" de entidades y actividades a fiscalizar.
En el ámbito del sector público, el Tribunal examinará veinte empresas, entre ellas Correos y Telégrafos, AENA, y Loterías y Apuestas del Estado, cuya privatización parcial ha anunciado el Gobierno.
El Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX), el Instituto de Crédito Oficial (ICO), la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación, la Comisión Nacional de la Competencia, la Agencia EFE y sus sociedades, y la Agencia Española de Protección de Datos, serán también objeto de fiscalización.
Asimismo, el Pleno del Tribunal ha expresado el propósito de prestar especial atención a la supervisión y control del desarrollo de políticas de igualdad efectiva entre mujeres y hombres, así como controlar el impulso de los valores éticos en la gestión económica-financiera pública, explicó Núñez.
FUENTE: www.ideal.es
Éste órgano, de entre cuyos miembros es elegido el Director de la AEPD, se reúne al menos una vez cada seis meses y tiene entre sus principales funciones el asesoramiento del Director de la institución, emitir informes en relación con todas las cuestiones que le someta el Director, y formular propuestas relacionadas con las materias de competencia de la AEPD.
El nuevo Consejo Consultivo está compuesto por 11 vocales: Meritxell Batet, a propuesta del Congreso de los Diputados; María Rosa Vindell, a propuesta del Senado, José Luis Rodríguez; como vocal de la Administración General del Estado; Santiago Abascal, Director de la Agencia de protección de Datos de la Comunidad de Madrid; Esther Mitjans, Directora de la Autoridad Catalana de Protección de Datos; Iñaki Vicuña, Director de la Agencia Vasca de Protección de Datos; Mónika Serrano, en representación de la Administración Local; Feliciano Barrios, a propuesta de la Real Academia de la Historia; Antonio Troncoso, a propuesta del Consejo de Coordinación Universitaria; Alejandro Perales, en representación de los Consumidores y Usuarios; y Belén Veleiro, en representación del sector de ficheros privados.
FUENTE: www.eleconomista.esLA Agencia de Protección de Datos ha dado carpetazo a la indagación sobre la supuesta manipulación de las listas de espera en los hospitales por el socorrido recurso de la prescripción. Si no he entendido mal, en 2008, cuando la Fiscalía abrió la investigación en busca de irregularidades en el Virgen de las Nieves los supuestos casos de "mala praxis" administrativa ya estaban prescritos (los expedientes analizados corresponden a los años 2002 y 2004, y la caducidad de la responsabilidad por prácticas anómalas se produce a los dos años). Es decir, que todas las polémicas suscitadas y las decenas de páginas dedicadas en los periódicos a especular sobre el caso estaban también prescritas.
Sí, todo prescribe. La cuestión es determinar con la suficiente antelación cuándo para ahorrar enojosas pérdidas de tiempo y saliva. Por la vida circulan muchas ideas prescritas buscando comprador, y muchos individuos con la fecha de caducidad cumplida o tratando de insuflar vida a historias superadas.
Un par de ejemplos. Luis Pizarro y Javier Arenas, pese a las evidentes diferencias de perfil político, están convencidos de que el presidente de la Junta de Andalucía es Manuel Chaves. Pizarro se apuntó sin pudor al anacronismo en su afán de aclarar y profundizar en sus diferencias con Griñán y Arenas revive a diario su discurso anti Chaves porque sin él, sin su sombra, no concibe la tarea de la oposición. Y quien dice Arenas dice Antonio Sanz, otro veterano curtido en el antichavismo obsesivo. Es el inconveniente que acompaña siempre a la grandes parejas cuando se rompen o enviudan. De Pompof a Tedy, del Gordo al Flaco y de Marco Antonio a Cleopatra.
Sebastián Pérez tampoco se han enterado de la prescripción de uno de los pocos pactos que ha firmado en su vida política con los socialistas, el Pacto del Saray, un pacto por cierto que ha utilizado menos como ejemplo de concordancia que como amenaza de desestabilización. Tantas veces ha amenazado con abandonar el dichoso pacto que incluso ahora, cuando CajaGranada ha entregado su virginidad y su independencia a un banco, él insiste en recurrir al espíritu de un acuerdo pensado ¡para defender la autonomía de la caja! ¿Sabrá este hombre qué es Mare Nostrum?
El detonante de esa salida anacrónica no podía ser otro que Chaves, sus hijos y demás parentela, a quienes el PP se cuida a diario de dar vida con el ánimo de matarlos con sus propias manos. Una referencia a una supuesta reunión entre el Iván Chaves con alguien de CajaGranada y la sospecha, más ilusoria que real de un pago de comisiones, le ha servido al presidente del PP para descongelar el Pacto del Saray sin respetar la cadena del frío, y de camino asestar la última colleja, antes de que termine la mudanza, a Antonio Claret García, relacionando su nuevo puesto en la delegación del Gobierno en Melilla con las comisiones imaginarias del tal Iván. Ideas prescritas, caballeros caducos.
FUENTE: www.granadahoy.com