El Servei de Salut no ha actuado contra el empleado del hospital de Inca que, según el informe que remitió a la Agencia Española de Protección de Datos, "cumplía con el patrón de consultas de datos de pacientes con la impresión de documentos", porque no tiene la certeza de que el usuario de ese ordenador sea el autor de la presunta filtración de esos datos a una concejala del PP para que cursara visitas de "cortesía" a los pacientes ingresados en el hospital comarcal que estaban empadronados en el municipio.
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Al no tener esta certeza y ante los claros indicios de que se ha cometido un delito con la presunta filtración de esos datos, el Servei de Salut interpuso el pasado 18 de noviembre ante el juzgado de guardia de Inca una denuncia para que se investigara quién o quiénes han sido los responsables de una fuga de información desde el hospital al Ayuntamiento. En definitiva, las consultas de los datos de pacientes y la impresión de estos documentos a través de un ordenador determinado no implican necesariamente que su usuario habitual sea el autor de las mismas. Cualquier otra persona puede haber hecho uso de ese ordenador.
Pese a que desde el hospital de Inca se remitió al Servei de Salut un listado de 39 faxes enviados entre el 21 de septiembre de 2009 y el 2 de noviembre de 2010 al Instituto de Educación Secundaria Pau Casesnoves donde trabaja la responsable del área de Sanidad del ayuntamiento inquer, Margarita Horrach, presunta responsable de la organización de estas visitas a los pacientes con fines electoralistas. Y pese a que se haya constatado que el envío de los faxes iba precedido de una llamada a dicho instituto. Y pese a que, además, los picos de las consultas del usuario de ese ordenador coincidían con los días en que la edil del PP visitaba a pacientes de su municipio ingresados en el hospital.
El sindicato UGT, uno de los denunciantes ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) de estos hechos desvelados por DIARIO de MALLORCA, no se mostró ayer tan cauto y consideró "importante" que la AEPD averigüe si se han vulnerado los derechos a los ciudadanos de Inca y pacientes del hospital y, si ha sido así, que se depuren las responsabilidades a que hubiere lugar.
Hipotecas, expedientes médicos, facturas o documentos judiciales... Así hasta acumular cantidades ingentes de información especialmente protegida por la Ley Orgánica de Protección de Datos. La gestión de estos archivos y, sobre todo, las medidas para garantizar su seguridad se han convertido en un coste añadido para los emisores de tantos papeles incluso en plena era digital.
Por eso cada vez más organizaciones, tanto públicas como privadas, optan por contratar con terceras empresas un servicio de custodia de documentos. La Cadena SER ha visitado dos de esas naves pertenecientes a la multinacional Iron Mountain. Uno de esos complejos tiene capacidad hasta para un millón de cajas -aproximadamente del tamaño de dos cajas de fruta apiladas- y con miles de folios en cada una. "Puede estar todo tipo de documentación en función de lo que el cliente nos quiera dar, con el nivel de detalle que el cliente nos quiera dar y desde un punto de vista confidencial", asegura su director general en España, Ignacio Chico.
Para clasificar esas cajas usan códigos de barras y una clave numérica que evitan que se conozca el nombre del cliente al que pertenecen o su contenido. Además están ordenadas de forma aleatoria en el almacén y con fuertes medidas antincendios. La discreción es fundamental en el negocio, cuentan desde la compañía, que da pocos detalles sobre sus clientes en España. Aseguran que trabajan para la mitad de las empresas del Ibex35 y que un 20% de la carga de trabajo procede del sector público. Sólo una gran empresa española, Endesa, ha dado a conocer que Iron Mountain gestiona sus documentos. Más allá de nuestras fronteras aseguran proteger las primeras grabaciones de Michael Jackson, el archivo de Kennedy o el legado de Gandhi.
Una editorial barcelonesa reclama a una avilesina una serie de deudas que se registraron varios años después de su muerte. Una gestora de deudas, en nombre de una editorial de venta a distancia, lleva remitiendo desde el pasado febrero una serie de cartas a los hijos de la fallecida en las que se reclaman cantidades por supuestos contratos firmados en los años 2006 y 2008. No obstante, la persona a la que van dirigidos los escritos murió en 1998, una década antes de poder firmar esos supuestos contratos. Los hijos de la mujer han decidido presentar una denuncia ante la Agencia Española de Protección de Datos.
Los servicios jurídicos de la Unión de Consumidores de Asturias (UCE) se hicieron ayer eco de las molestias que viene sufriendo desde hace meses esta familia avilesina. «Obvia decir las molestias que errores de este tipo causan a los familiares, en este caso a los hijos de la fallecida. Y es que, además del trastorno de tener que reclamar la anulación de los contratos y la exclusión de los datos personales, tienen que acreditar también el fallecimiento de la reclamada», apuntó Alba María Cuñado Rivas, del servicio jurídico de UCE Asturias.
Los representantes de los consumidores llevan años reivindicando un mayor control del procedimiento de reclamación de deudas por parte de las gestoras de créditos. «La generalización de este sistema por parte de las operadoras de telefonía y empresas de venta a distancia suele ir aparejado a protocolos de actuación que pasan por alto la acreditación fehaciente del origen de la deuda», recalcan desde la UCE.
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La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha comunicado al sindicato que ha iniciado un procedimiento por infracción contra el Ayuntamiento de Inca y el hospital comarcal por la supuesta filtración de datos personales de pacientes, que fueron usados para visitas de cortesía de corte electoral.
Según un comunicado de la Federació de Serveis Públics (FSP) del sindicato, la AEPD ha iniciado un "procedimiento de declaración de infracción de Administraciones Públicas", por la supuesta filtración de los nombres y localidades de residencia de varios pacientes del Hospital Comarcal de Inca que luego recibieron visitas de cortesía de concejales del PP.
El sindicato ha recordado que denunció el pasado noviembre al hospital ante la AEPD haciéndose eco de informaciones aparecidas en los medios de comunicación sobre una supuesta filtración de datos de pacientes, que derivaron en visitas de concejales del PP "con un claro objetivo electoralista".
La FSP-UGT considera importante que la AEPD averigüe si se han vulnerado los derechos a los ciudadanos de Inca y pacientes del hospital y, si ha sido así, que se depuren las responsabilidades a que hubiere lugar.
El sindicato considera que la actuación de la AEPD debe "alejar de toda sospecha a la plantilla del hospital del Raiguer, por algo que presuntamente ha filtrado algún cargo político".
FUENTE: www.abc.es
La seguridad en Facebook es un tema que está dando que hablar últimamente, no sólo por el pedido que hizo Sophos para que se proteja más a los usuarios, sino también a raíz del fallo relacionado con las aplicaciones que ya motivó una investigación por parte de la Agencia Española de Protección de Datos. Y, finalmente, la red social introdujo una serie de medidas para que todo el entorno del sitio sea más seguro.
Lo interesante es que las tres nuevas funcionalidades se enfocan en distintos aspectos de la seguridad de los miembros del servicio, ya que se ocupa de monitorizar cada inicio de sesión, analizar la reputación de los vínculos compartidos en los perfiles y otros sectores del sitio, así como más opciones para recuperar una contaseña olvidada, gracias a un enfoque social que aprovechatodo lo que conoce Facebook sobre nosotros. ¿Quieren saber de qué se trata? Síganme:
- Bloqueo de enlaces maliciosos: gracias a un acuerdo con WOT, el conocido servicio que nos indica la reputación de sitios web, esta herramienta se integrará directamente en la red social. En principio, los usuarios estadounidenses verán advertencias sobre links potencialmente peligrosos, mientras que luego se extenderá a todo el mundo.
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Aprobación de inicios de sesión: hace ya un tiempo que Facebook indica desde qué ubicaciones nos hemos logueado a nuestra cuenta, pudiendo finalizar la sesión con un clic. Esa función ahora es más completa porque, cuando intentemos ingresar a la cuenta desde un equipo que no autorizamos previamente, se nos pedirá una confirmación a través de un código que recibiremos en el móvil.
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Verificación social: esta característica se encontraba en pruebas desde hace varios meses y su objetivo es recordar una clave que olvidamos, sin necesidad de recurrir a preguntas que podrían ser adivinadas. Facebook elige tres amigos cercanos y les envía códigos de verificación que debemos ingresar. Una vez que completamos ese paso, recuperamos el acceso a la cuenta.