El Concello de Vimianzo también instaló cámaras similares en el edificio del Concello y el entorno de la Casa de Cultura para evitar el vandalismo
La Delegación del Gobierno confirmó que el Concello de Cee carece de autorización para las cámaras de seguridad instaladas durante el pasado verano en la casa consistorial. Además, destaca que nadie solicitó ningún tipo de permiso para ese fin y tampoco existe comunicación del registro de grabaciones a la Agencia Española de Protección de Datos.
El Movimiento por los Derechos Civiles culpa a la Delegación del Gobierno de estas actuaciones, ya que, en su opinión, los concellos se aprovechan "de la permisividad de la Delegación del Gobierno". "Esa autoridad, que otorga los permisos para las cámaras, tiene conocimiento de las cámaras ilegales de Cee y no actúa", sostiene la entidad, que lamenta que tampoco actuase contras las instaladas en la estación de autobuses de A Coruña y las de Ares.
El Movimiento por los Derechos Civiles también recuerda que la Delegación del Gobierno mantiene la autorización para las cámaras "que no cumplen con el principio de idoneidad y proporcionalidad, necesarios para su instalación".
El Gobierno local de Cee justificó la necesidad de instalar las cámaras para vigilar el entorno de la casa consistorial y prevenir actos vandálicos. El Concello de Vimianzo también instaló cámaras similares en el edificio del Concello y el entorno de la Casa de Cultura para evitar el vandalismo.
FUENTE: www.laopinioncoruna.es
En el informe se indica que, "pudiendo el organismo para el que trabajan los afectados acudir a otro tipo de contraseñas que eviten la utilización de la que Hacienda asigna a cada contribuyente para su uso en el ámbito tributario, y por tanto, que puedan resultar menos invasivas al derecho fundamental a la protección de datos de carácter personal amparado por el artículo 18 de la Constitución española". Además añade, que la "utilización obligada de este dato no es acorde con las medidas de seguridad que debe establecer dicho organismo".
Según informaron fuentes de la Comisión de Personal, hace un año se remitió una carta a la Dirección de la Función Pública para que hiciese lo necesario con el fin de que ningún trabajador tuviera que utilizar su código PIN de contribuyente para el acceso, como trabajadores, a programas informáticos de la administración.
Ante la falta de solución, se solicitó el informe a la Agencia Española de Protección de datos "que nos ha dado la razón a la Comisión. En el caso de que no se adopten las medidas necesarias inmediatamente se procederá a presentar la correspondiente denuncia ante la Agencia".
FUENTE: www.diariodenavarra.es
La Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, establece en su artículo 20 la obligación de crear, modificar y suprimir los ficheros que contengan datos de carácter personal, mediante una disposición de carácter general, y la obligación de indicar en ella todos los contenidos que expresamente especifica.
El Decreto 98/2003, de 29 de abril, del Gobierno de Aragón, por el que se regulan los ficheros de datos de carácter personal gestionados por la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, determina que la disposición de carácter general preceptiva, para este ámbito autonómico, será un Decreto del Gobierno de Aragón, aprobado a propuesta del Consejero de Presidencia y Relaciones Institucionales y cuya iniciativa debe partir del Departamento competente por razón del contenido del fichero. Asimismo concreta, en los mismos términos que los establecidos en el artículo 20 de la Ley Orgánica, los contenidos que deben figurar en los decretos autonómicos de creación y modificación de ficheros.
Mediante Decreto 62/2008, de 15 de abril, del Gobierno de Aragón, se aprueba la estructura orgánica del Departamento de Ciencia, Tecnología y Universidad. Su artículo 1 establece que le corresponde la gestión de las competencias en materia de enseñanza superior y universitaria; las funciones previstas en el artículo 3 de la Ley 9/2003, de 13 de marzo, de fomento y coordinación de la investigación, desarrollo y transferencia de conocimientos en Aragón; y el desarrollo de las tecnologías para la sociedad de la información en la Comunidad Autónoma.
Leer más: Fichero de investigación, sociedad de la información y enseñanza superior
Analizamos con expertos cómo borrar datos personales, web o retirar perfiles, fotos y videos de redes sociales... ¿es posible desaparecer de la mayor red mundial de datos?
En este mismo instante, no parpadee, en tan solo un segundo, lo sepa o no... están volando 247 millones de emails por el cielo digital del mayor laberinto conocido por la Humanidad, Internet. Así lo calculaban distintas fuentes como la revista Royal Pingdom a finales de 2009.
Suena exagerado pero las cifras no suelen recitar poesía. Basta poner "Santiago de Compostela" en la ventana del buscador Google para descubrir en 0,071 segundos que enseña 14,7 millones de referencias, y quizá su nombre figure en alguna, o una foto suya (lo sepa o no).
No es preciso navegar, mandar un correo electrónico o usar Facebook para estar entre ese mar de información esparcido por millones de páginas, es suficiente con tener dni, cuenta de correo o pagar con tarjeta, el peligro brota cuando en la red hay datos personales sin previo permiso o cuando alguien desea cancelar su perfil o una página web y... no sabe o no puede hacerlo.
Víctor Domingo, presidente de la Asociación de Internautas (AI), alude primero a las redes sociales, el gran bum actual, tanto que Time ha elegido Hombre del Año al creador de Facebook, cuya biografía llevada al cine se perfila como gran favorita para los Oscar 2011.
El Ayuntamiento de Galapagar aprobará hoy en sesión plenaria ordinaria el Reglamento de ficheros de datos que carácter personal, lo que supone "un paso más para la implantación del sistema de videovigilancia" en la localidad, según ha informado el Consistorio en un comunicado.
Para el municipio se trata de "un proyecto muy esperado que llega de manera pionera a la localidad para velar por la seguridad de todos los vecinos". "El objetivo no es otro que la instalación de cámaras de seguridad para la regulación del tráfico y la protección de los edificios públicos", ha añadido.
De esta forma, se deberá aprobar inicialmente el reglamento que viene a cumplir la Instrucción de la Agencia de Protección de Datos. Junto a este reglamento, el equipo de Gobierno presenta ante el pleno un informe específico sobre la necesidad del tratamiento de imágenes realizadas con este sistema de videocámaras.
El Ayuntamiento ha considerado que la instalación de este sistema es "una medida adecuada y proporcionada para poder ejercer las competencias municipales en materia del control del tráfico de vehículos y mejorar la seguridad en las instalaciones municipales". "Una medida idónea y necesaria que sin duda alguna redundará en beneficio de todos", ha explicado.