La privacidad es un tema de gran actualidad en los últimos días. Google se ha enfrentado en los tribunales a la agencia española de protección de datos y el tema de la utilización de los datos de los usuarios ha salido a debate. Los buscadores guardan datos de las búsquedas y de los usuarios, lo que para algunos es vulnera los derechos de privacidad. Hasta ahora ha sido una práctica más o menos habitual, pero ha nacido un buscador que respeta al cien por cien la privacidad: DuckDuckGo.
El proyecto pretende dar servicio a todos aquellos usuarios que estén en contra de que buscadores como Google o Bing puedan guardar y utilizar los datos de sus usuarios. DuckDuckGo es un buscador que garantiza que no registra los datos de los internautas que lo utilizan. Se trata de un desarrollo del ingeniero Gabriel Weinberg.
Gabriel Weinberg deja claro a sus usuarios el espíritu del navegador en su política de privacidad: "DuckDuckGo no recopila o comparte información personal. Esa es nuestra política de privacidad en pocas palabras". En la información de privacidad del buscador también se explica el funcionamiento de otros buscadores a la hora de tratar los datos, resaltando que el servicio de DuckDuckGo es de las pocas alternativas actuales.
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La Dirección General de Consumo de la Junta de Andalucía prevé multas de 496.738 euros en total para las operadoras de telefonía móvil tras los expedientes sancionadores que este organismo abrió durante 2010, motivados por las reclamaciones de consumidores andaluces.
Este órgano, dependiente de la Consejería de Salud, ha informado en un comunicado de que durante el año pasado recibió más de 2.740 reclamaciones, de las que 161 han revertido en expediente sancionador, cuya cuantía media por cada una es de 3.474 euros.
Las principales infracciones detectadas por la Dirección General de Consumo han sido por incumplimiento de las medidas o los requerimientos de la Administración (39 por ciento), por no responder en plazo a las hojas de reclamaciones de los clientes (19 por ciento), por incumplir la garantía (ocho por ciento) y por hacer publicidad engañosa o subliminal (cinco por ciento).
Las quejas presentadas por consumidores andaluces han supuesto un 6,7 por ciento más que en 2009, y se relacionan con problemas en la facturación, irregularidades en el cambio de operador, falta de asistencia técnica o garantía, solicitudes de baja no atendidas y reclamación de deuda inexistente.
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Al todopoderoso buscador Google le ha tocado protagonizar estos días la versión TI de la clásicapolémica entre libertad de expresión y derecho a la intimidad.
Como sabemos, Google interpuso una demanda contra la Agencia Española de Protección de Datos, ya que ésta dictó una serie de resoluciones por las que se leexige eliminar enlaces a documentos con información supuestamente perjudicial sobre cinco personas que consideran que dicha información atenta contra su honor y buen nombre.
Estas cinco personas se han dirigido a Google con la intención de evitar que sus nombres salgan siempre asociados, al introducirse en las búsquedas deGoogle, con hechos negativos ocurridos años atrás y que fueron publicados en su momento en boletines oficiales y en un caso en un importante rotativo nacional. Uno de los abogados de estas cinco personas argumenta que no es correcto que los derechos individuales no tengan vigencia ante la inmensidad de Internet.
Entre la guasa y la mala leche anda el personal haciendo publicidad del nuevo programa de Carlos Lozano, el concurso 'Rico al instante', que emite Antena 3 desde hace dos semanas, los domingos, poco antes de medianoche. A esa hora la concurrencia no es mucha, pero no habría conseguido más notoriedad ni emitiéndose a las diez de la noche. Porque si usted tiene un móvil tiene también muchas posibilidades de recibir un 'sms' del programa, bastantes más que de ganar el jugoso premio que le ofrecen: 200.000 euros por enviar un mensaje de texto por el 'módico' precio de 1,42 euros y que le mete en el bombo de posibles concursantes -hay que ir a la tele a concursar-. La empresa responsable del espacio, ZedTv, ha hecho en las últimas semanas envíos a medio país y alguno se ha cansado de borrarlos. La Agencia Española de Protección de Datos ha recibido una treintena de quejas, entre ellas la de la Confederación Española de Organizaciones de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios (Ceaccu), que denuncia el «posible spam» y lo que entiende como una «práctica agresiva». Preguntados por esta cuestión, los defensores de los consumidores vascos la califican de «abusiva», pero la cuestión es otra: ¿Es legal? «Sí lo es, o al menos no es ilegal», dicen.
Salvo excepciones, la mayoría de los receptores de estos mensajes se lo han tomado a cachondeo y el miércoles los 'sms' de Lozano eran uno de los temas más debatidos en Twitter. Bajo el epígrafe 'Carlos Lozano te ama', un recital de ingeniosos mensajes: 'WikiLeaks ha filtrado la factura de teléfono de Carlos Lozano', 'Carlos Lozano se ha comprado una batería nueva para su móvil: la central nuclear de Garoña'...
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En España, el “derecho al olvido” en Internet ya llegó a la Justicia. En ese marco se debate en estos días si los ciudadanos tienen la potestad de reclamar que, transcurrido cierto tiempo, información personal sobre ellos e irrelevante para la comunidad desaparezca de la Web. Es en un caso que enfrenta a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) contra Google.
Decenas de ciudadanos españoles han presentado reclamos ante la AEPD –que vela por el cumplimiento de las leyes de protección de datos– solicitando la desaparición de información por la que se sienten perjudicados. La AEPD dio lugar a esos pedidos y ordenó a Google que bloqueara los datos. Google se negó y ahora el reclamo de cinco ciudadanos está en la Justicia.
Los casos se refieren a datos procedentes de boletines oficiales y de una nota publicada por el diario El País en 1991.
La AEPD y los abogados de los demandantes defienden el derecho a la privacidad, al honor, la intimidad y la imagen de los ciudadanos afectados.
Google, como lo hace siempre que recibe reclamos de este tipo, y como lo hizo ante la consulta de Clarín sobre el “derecho al olvido”, argumenta que los responsables de los contenidos de Internet son los sitios que producen o ponen online esos contenidos, y no los buscadores.
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