Ante las numerosas llamadas de preocupación y malestar que venimos recibiendo de nuestros vecinos y clientes, debido a la encuesta telefónica que viene realizando la empresa Logikaline sobre las funerarias de Tolosaldea. Desde Funeria Oria, S.L. queremos hacer las siguientes aclaraciones: Primero. Funeraria Oria S.L. ni ha encargado, ni participa del estudio de mercado que, vía telefónica, viene realizando la empresa Logikaline para otra empresa funeraria de Tolosa. Segundo. Que Funeraria Oria S.L., tal y como informa por escrito a nuestros clientes, en el momento de contratar un servicio con nosotros, guardamos un absoluto respeto por la Ley de protección de datos y ni hemos facilitado, ni hemos cedido datos de nuestros clientes a la empresa Logikaline para que realice esta campaña telefónica.
Tercero. Que la satisfacción de nuestros clientes ya nos es demostrada con las numerosas muestras de agradecimiento y cariño, además de la clara preferencia que sobre nuestra empresa venimos recibiendo, por lo que, ni consideramos necesario, ni jamas nos plantearíamos realizar un sondeo telefónico indiscriminado molestando a los vecinos de Tolosaldea con llamadas que no han pedido y en muchos casos, les molesta o no desean.
Cuarto. Que en base a la utilización de nuestro nombre comercial en dicha encuesta telefónica, requeriremos a la empresa Logikaline los datos recabados a fin de vigilar y proteger los intereses de nuestros vecinos y clientes en cuestión de la legalidad y la corrección del tratamiento de dichos datos, requiriendo la actuación de la Agencia de Protección de Datos, si fuese necesario.
FUENTE: www.diariovasco.com
La renuncia como cargo público y aspirante a las próximas elecciones de Ángel Espadas no zanjará las repercusiones que su caso ha tenido en la vida municipal de Santiago. La divulgación del atestado ha dado pie ya a la presentación ayer de una denuncia del propio ex edil ante el juzgado de guardia para que se investigue la ruptura «de la cadena de custodia de documentos que por imperativo legal tiene que guardarse en toda institución pública y que además se ha hecho en perjuicio de una determinada persona, de su honor, de su intimidad, y de una manera deliberada». Así lo anunció ayer el portavoz municipal del PP, Gerardo Conde Roa, quien inicialmente tenía previsto promover esa acción judicial, aunque «los letrados encargados del asunto entendieron que era mejor que lo hiciera Espadas».
Lo que sí promoverá directamente el PP es una denuncia ante la Agencia Estatal de Protección de Datos para que se esclarezca «cómo y de qué manera se custodian los documentos en este Ayuntamiento y si se están cumpliendo o no las normas, para que los ciudadanos estén tranquilos en cuanto al manejo de los datos que afectan a su intimidad personal, porque en este momento se ha arrojado sobre todos los ciudadanos la sospecha de que sus datos contenidos en expedientes oficiales pueden ser utilizados en cualquier momento por el poder político para desprestigiarlos, denigrarlos o dar a conocer actividades de su vida privada». El gobierno local insistió ayer en desvincularse de la divulgación del atestado.
FUENTE: www.lavozdegalicia.es
Un 83 por ciento de los hospitales públicos españoles cumplen las medidas de protección de datos del paciente frente al 96 por ciento de los hospitales privados que atienden a esta obligación.
Esta es una de las conclusiones de un informe elaborado por la Agencia de Protección de Datos entre los centros sanitarios del catálogo nacional de hospitales, y que excluye a los hospitales públicos del País Vasco, Cataluña y Madrid.
La subdirectora general de la Agencia de Protección de Datos, María José Blanco, ha presentado hoy los resultados de este estudio en una Jornada de Seguridad en los Sistemas Sanitarios, que se celebra en Logroño y que ha inaugurado el consejero de Salud, José Ignacio Nieto, junto al presidente del Parlamento, José Ignacio Ceniceros.
Blanco ha informado a EFE de que, según este informe, se ha detectado un mayor grado de cumplimiento de las medidas de seguridad y protección de datos del paciente en los hospitales privados frente a los públicos.
Un 35 por ciento de los hospitales públicos carece de mecanismos para impedir la apertura de los dispositivos donde están almacenadas las historias clínicas, frente al 89,94 por ciento de los privados que disponen de ellos, ha añadido Blanco.
En relación a la inscripción de ficheros en el Registro General de Protección de Datos, que también es una de las obligaciones de los hospitales, el informe refleja que el 89 por ciento de los hospitales públicos analizados los tiene inscritos frente a casi el 100 por cien de los privados.
Otra de las obligaciones importantes de los centros sanitarios es hacer una auditoría cada dos años de seguridad.
En este apartado, el 66 por ciento de los públicos no la realiza frente al 88 por ciento de los privados que sí.
Leer más: El 83% de los hospitales públicos cumplen las normativa de protección de datos
El PP de Santiago de Compostela presentó ayer una denuncia en los juzgados de la capital gallega por la filtración "deliberada" a la opinión pública del atestado policial que narra la detención del concejal popular Ángel Espadas sorprendido ebrio al volante la madrugada del sábado.
Así lo ha manifestado hoy el portavoz del grupo municipal del PP de Santiago de Compostela, Xerardo Conde Roa, quien ha señalado en conferencia de prensa que en el Ayuntamiento de Santiago "se ha roto una cadena de custodia de documentos que, por imperativo legal, tiene que guardarse en toda institución pública".
Conde Roa ha señalado que la filtración de este documento atenta contra el derecho al honor y a la intimidad del concejal y es susceptible de investigación judicial, ya que podría suponer la comisión de un "ilícito penal".
"Ahora corresponderá al juzgado de instrucción oportuno la investigación de los hechos" indicó el portavoz popular, quien aseguró que el PP va a seguir investigando "hasta donde sea necesario para encontrar al responsable o responsables de esta acción absolutamente reprobable y condenable".
Asimismo, informó de que el grupo municipal popular denunciará la filtración ante la Agencia de Protección de Datos para que ésta esclarezca "cómo y de qué manera se custodian los documentos en este Ayuntamiento" y solicitará también la creación de una comisión de investigación interna en el Ayuntamiento, que aclare cuáles son las personas que han participado en la custodia del documento.
A este respecto, Conde Roa confió en que tanto PSOE como BNG accedan a su constitución, "ya que lo que ahora está en cuestión es una violación flagrante de las leyes de protección de datos" y el manejo de datos que afectan a todos los ciudadanos de Santiago.
Por otra parte, anunció que ha solicitado una reunión urgente de la Junta de Portavoces municipal con el objetivo de aclarar los pormenores de la nota informativa difundida ayer por el Ayuntamiento dando cuenta del suceso, que, según Conde Roa, contiene "juicios de valor" que afectan al honor y a la intimidad del concejal "en nombre del Ayuntamiento de Santiago".
Leer más: El PP denuncia la filtración "deliberada" del atestado del concejal ebrio
Caía la tarde en Japón (15.36 horas) y una fuerte explosión se escuchaba cerca del reactor número 1 de la central nuclear de Fukushima (a unos 270 kilómetros al noreste de Tokio). Allí el nivel de radiactividad había aumentado de forma alarmante tras el fuerte seísmo que sacudió ayer el este de Japón. Cuatro trabajadores de la central nuclear han resultado heridos por los efectos de la explosión, pero no se encuentran en estado crítico, según informa la empresa operadora, Tokyo Elecytric Powe Co. Este accidente ha sido evaluado y situado por la agencia nuclear y seguridad industrial de Japón en el nivel 4, en una escala de 7.
A este incidente hay que sumarle una nueva replica de 6 en la escala de Richter en la costa Fukushima, que ha tenido lugar a las 22.15 (hora local), de la que aún se desconocen consecuencias.
La alarma ha cundido en todo el país y en la comunidad internacional tras la explosión, pero el Gobierno de Japón, que ha hecho un llamamiento a la calma, ha asegurado que no ha tenido lugar en el reactor y que no ha generado ninguna fuga radiactiva importante.
Sin embargo, la agencia de noticias Kyodo, tres personas que residen cerca de la central nuclear resultaron contaminadas con radiactividad.
En una rueda de prensa, el ministro portavoz, Yukio Edano, ha explicado que tampoco se ha dañado el depósito que protege al reactor y que la explosión se ha debido a una reacción química entre hidrógeno y oxígeno. También ha informado de que el nivel de radiactividad en la zona ha bajado. No obstante, un equipo del Instituto Nacional de Estudios Radiológicos podría haber sido enviado a Fukushima. Estaría formado por médicos, enfermeras y otras personas especializadas en el trato de la exposición a la radiación.
Tras la explosión, la radiación en la planta subió a un nivel inusual(en la sala de control de uno de los reactores la radiación se disparó hasta 1.000 veces por encima de su nivel habitual), de acuerdo con la Agencia de Seguridad Nuclear de Japón, por lo que se ordenó la evacuación de la población primero en un perímetro de 3 kilómetros, después de 10 y más tarde de 20. Según informa la agencia Kyodo, más de 51.207 personas podrían abandonado la zona. No obstante, testimonios apuntan a una falta de información entre los ciudadanos -muchos podrían seguir en las zonas afectadas- y a que las carreteras de entrada y salida no están cortadas.
A su vez, se está procediendo al reparto de yodo entre los que ya han sido evacuados y los que aún siguen en las zonas. El yodo tiene la capacidad de bloquear el paso del yoduro radioactivo a la glándula tiroidal, previniendo el cáncer de tiroides. Los expertos aseguran que es más efectivo en niños y jóvenes que en adultos.
El primer ministro japonés, Naoto Kan, que ha calificado lo sucedido como "una catástrofe nacional sin precedentes", se trasladó a la planta horas antes de la rueda de prensa y afirmó que se habían liberado "mínimas cantidades de radiación" de la central de Fukushima tras el terremoto de 8, 8 grados de magnitud en la escala abierta de Richter que sacudió este viernes la costa este de Japón.
La explosión produjo daños en techos y paredes de la central, y en ella resultaron heridos cuatro técnicos que trabajaban en la liberación de presión de los reactores de la planta para evitar una fusión después de que la situación se agravara por los fallos en el sistema de refrigeración.
Según los especialistas, la carencia de refrigerante en el reactor puede tener en un periodo de 24 horas consecuencias severas, incluida la fusión del núcleo de barras de uranio de la central.
También se han detectado problemas a primera hora en otra planta colindante, la número 2, para rebajar la temperatura de tres de sus cuatro reactores nucleares, según el operador de las instalaciones, Tokyo Electric Power Corporation.
La radiación liberada por las plantas nucleares ha suscitado las críticas de grupos ecologistas como Greenpeace, que insistió en que "cualquier cantidad" de material radiactivo en la atmósfera supone un riesgo para las personas.
Para el grupo, el hecho de que la planta nuclear de Fukushima "tenga una fuga" o "se haya hecho que libere" gases contaminantes del reactor en la atmósfera "significa que toda la protección física que debía aislar la radiactividad ha fallado".
Datos oficiales de muertos y heridos
La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha confirmado la muerte de 621 personas en el terremoto, y apuntó que se espera un ascenso en el número de víctimas. Unas 1.040 personas estarían además heridas y 645 continuarían desaparecidas tras el terremoto de magnitud 8,9 en la escala de Richter.
Naciones Unidas, basándose en datos del Gobierno japonés, apuntó que 51.207 personas fueron evacuadas en la zona de Fukushima, donde tras el terremoto resultó dañada una planta nuclear. Según un portavoz de la OMS en Ginebra, de momento existe un riesgo muy bajo para la población.
La policía japonesa informó del rescate de al menos 400 cadáveres, mientras que más de 800 personas están desaparecidas. El gobierno teme que la cifra de muertos supere los 1.000, señaló el secretario del gabinete nipón, Yukio Edano.
Según Kyodo, unas 300.000 personas han sido evacuadas en cinco provincias del noreste de Japón. El ministro portavoz, Yukio Edano, estimó hoy durante una reunión del comité de emergencia en Tokio que "pensamos que más de mil personas han perdido las vidas" a causa del seísmo, el "mayor desde la era Meiji" a finales del siglo XIX, desde que se registran datos.
El primer ministro, Naoto Kan, informó de que 50.000 militares se dedicarán a las labores de rescate en las provincias afectadas del noreste de Japón.
Unos 190 aviones y 25 barcos ya han sido desplegados para las tareas de búsqueda, en las que fuerzas de EEUU colaborarán con sus barcos para el transporte de efectivos de las Fuerzas de Auto Defensa (Ejército nipón).
Según Kyodo, hay al menos 3.400 edificios destruidos en Japón por el terremoto, que, además, causó al menos 200 incendios en el territorio nipón.
En la provincia oriental de Iwate, algunas ciudades fueron prácticamente barridas del mapa por el tsunami que provocó el seísmo, con olas de hasta diez metros de altura.
FUENTE: www.elmundo.es