La presentación pública de los candidatos de la coalición conformada por EA, Alternatiba e independientes que encabezarán las listas al Consistorio bilbaino y las Juntas Generales de Bizkaia coincidió con el anuncio del PP de que ha pactado con el Gobierno del PSOE la impugnación de todas sus listas.
Frente a numerosos medios de comunicación, los cuatro primeros de la plancha a la Alcaldía y quienes abren las listas en las circunscripciones de Juntas Generales se sentaron en primer término, arropados por otra veintena de integrantes de las candidaturas de Bildu que, tal y como explicó Ana Etxarte, militante de Alternatiba y cuarta en la papeleta al Ayuntamiento, representan al movimiento asociativo, a los jóvenes, sindicalistas, comerciantes o jubilados que, desde distintas trayectorias políticas, quieran aportar a esa ola transformadora de izquierda y soberanista. «No nos vamos a conformar con la realidad que nos imponen», advirtió, antes de apostillar que los partidos hegemónicos hasta ahora ven con temor esta oferta que reivindica otro modelo político y social para Euskal Herria.
Txema Azkuenaga, que opta a la Alcaldía de Bilbo, efectuó un análisis de la realidad de la capital vizcaina muy similar a aquel que desde hace tiempo vienen efectuando una mayoría de agentes políticos, sociales y sindicales, preocupados por la deriva autoritaria y españolista de los gobiernos de PNV e IU. El letrado, vinculado a la defensa de los derechos civiles y políticos, reivindicó «un Ayuntamiento de los ciudadanos», en el que tengan mayor protagonismo los barrios, quienes los habitan y sus necesidades, apostando por la «descentralización política» y no sólo administrativa.
De Azkuna y sus doce años al frente del Consistorio dijo, no sin preocupación, que gobierna con un prisma que «mira a Madrid», citando su obsesión por rendir pleitesía al monarca español y su heredero, además de imponer la enseña rojigualda e importar los sorteos de Lotería o la Vuelta Ciclista a España. Criticó al alcalde y candidato a la reelección por el PNV por tener pocas diferencias respecto a los primeros ediles «de Burgos o de Santander».
Azkuenaga enumeró una serie de puntos que incluye su oferta electoral, como reducir los sueldos y adelgazar la administración local. El letrado también citó la eliminación de la subcontratación de servicios, así como la gratuidad para aquellos sectores más desprotegidos, sin olvidar la necesidad de que la cultura y el euskara recobren su protagonismo.
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(Corrige a idéntica noticia, con la clave vd4020, por estar mal colocada en el titular la palabra Burgos) Burgos, 14 abr (EFE).- La Unión Progresista de Secretarios Judiciales (UPSJ) presentará una queja, contra la Junta de Jueces de Burgos, ante la Agencia de Protección de Datos por levantar un acta sobre un escrito que figuraba en una parte privada de la web de esta organización de secretarios, ha informado hoy su portavoz, Margarita Martínez.
En declaraciones a Efe, la portavoz de esta organización de secretarios ha asegurado que la semana pasada también denunciaron lo ocurrido ante el Consejo General del Poder Judicial, del que no han obtenido respuesta aún, porque consideran que "se trata de algo muy grave".
El escrito que ha originado esta situación fue introducido en la página web de la UPSJ en un apartado en el que el acceso está restringido a los miembros de la asociación, a los que se envió un enlace por correo al que sólo pueden acceder utilizando una clave secreta.
En ese escrito se vertían críticas contra la actitud de un sector de los jueces en la implantación de la Nueva Oficina Judicial.
Margarita Martínez, que no ha querido entrar en el contenido detallado del escrito, ha asegurado que se trataba de "algo interno, perteneciente al ámbito privado".
En este sentido, ha estimado que un "órgano corporativo público" no puede entrar a "censurar comunicaciones privadas" porque ni siquiera tendría que haber tenido acceso al documento, al que no se dio ninguna publicidad, por lo que "pertenece al ámbito de las comunicaciones privadas igual que una carta entre dos personas".
Además, ha afirmado tener conocimiento de una reunión de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en la que, tras conocer el acuerdo de la Junta de Jueces, se apoyó su postura, por lo que ha adelantado que en cuanto tengan el acta de esa reunión formularán las mismas quejas contra este órgano.
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La Asociación de Abogados de Euskal Herria Eskubideak ha pedido hoy a la Agencia de Protección de Datos que investigue la existencia de "listas ideológicas, clandestinas e ilegales" sobre el entorno de la izquierda abertzale, utilizadas, según ha dicho, para ilegalizar partidos políticos.
Así lo han expuesto, en una rueda de prensa celebrada hoy en Bilbao, los portavoces de estos letrados, Julen Arzuaga e Íñigo Santxo, que han anunciado la interposición de denuncias para aclarar este punto ante las agencias de protección de datos vasca, estatal y europea y ante los defensores del pueblo de Euskadi, Navarra y la UE.
Santxo ha afirmado que las Fuerzas de Seguridad del Estado (FSE) "tienen bases con miles de nombres para detectar candidatos contaminados" en las candidaturas de la izquierda abertzale de cara a las elecciones del 22 de mayo.
Según ha dicho, esas "bases ideológicas" se elaboran en base a datos recogidos "cuando se visita a un preso, cuando se participa en 'ongietorris' (recibimientos a ex reclusos de ETA), cuando uno se cartea con un preso o cuando se participa como interventor en unas elecciones".
Arzuaga ha señalado que, a tenor de los informes utilizados para las ilegalizaciones, también hay datos sobre si existe parentesco con presos etarras, sobre si se ha firmado manifiestos políticos y sobre si hay antecedentes policiales y judiciales, aunque luego el caso haya sido sobreseído o el acusado declarado inocente.
Precisamente por ello, han remitido a las Juntas Electorales de las tres provincias vascas y de Navarra un escrito reclamando que no "comunique o facilite ningún dato" de personas que hayan "tenido alguna participación en anteriores procesos electorales".
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La Consejería de Educación ha subrayado hoy que el manual de permisos y licencias que aplica a los funcionarios del sector docen público cuenta con el visto bueno de la Agencia madrileña de Protección de Datos, por lo que no atenta contra la intimidad.
UGT-Madrid ha asegurado hoy que ese manual vulnera la intimidad de familiares de funcionarios porque reclama datos particulares de aquéllos para la justificación de una dispensa laboral.
Fuentes de la Consejería han dicho a Efe que no hay tal vulneración, dado que la norma ha sido revisada por la Agencia de Protección de Datos, que dio su visto bueno al texto, por lo que la afirmación de UGT es falsa.
Las fuentes han recordado también que el manual está en vigor desde junio de 2010 y es de aplicación para el personal del sector docente de la Comunidad. EFE
FUENTE: www.abc.es
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