La preocupación por la inseguridad es un ítem que siempre rankea en lo alto de la agenda política. Presente en cada una de las encuestas de opinión, el tema se cuela en la mesa de discusión interna de los gobiernos y resulta determinante en las decisiones estratégicas. Pero la seguridad ocupa una porción incómoda en el Presupuesto. El proyecto de instalar un sistema de video vigilancia en Rosario prevé el gasto de $6 M, de los cuáles más del 80% correrían por cuenta de los comerciantes beneficiados por la puesta en práctica de las cámaras. Los dueños de los comercios contestaron con un rotundo “no” a la propuesta y ya se buscan alternativas. En ciudades de la provincia de Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires, pusieron en órbita este sistema pero bajo diferentes condiciones. 

Si bien la videovigilancia urbana es un recurso relativamente nuevo en la Argentina, cada vez son más los municipios y localidades que incorporan el sistema como método preventivo de combate al delito. Con dos frentes abiertos de debate; el de los límites a la privacidad y la discusión por la forma de financiación, en el país ya existen más de 40 ciudades que instalaron cámaras. 

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En la mayoría de los casos la iniciativa nació de los propios comerciantes pero cada experiencia cobró características particulares a la hora de echar a andar el proyecto.

En Rosario, el oficialismo tiene en carpeta un plan para la implementación de cámaras de seguridad en 14 centros comerciales de Rosario con el fin de prevenir acciones delictivas. Desde el ejecutivo municipal presupuestaron un gasto de $6 M para poner a funcionar 140 camaritas, repartidos en tres rubros; compra del equipamiento técnico (software y hardware), instalación de un centro de monitoreo y la conectividad (fibra óptica). Para financiar el sistema, el municipio busca cobrar una tasa especial a los 5000 comerciantes, que deberán desembolsar entre $25 y $300. “No proponemos un modelo integral de seguridad con video vigilancia, sino que los centros comerciales puedan sumar un valor a su oferta comercial”, explica Fernando Asegurado, secretario municipal. 

Del total del gasto previsto, un 50% está destinado a levantar la estación de monitoreo, un 25% a la compra de cámaras y otro 25% a la instalación de fibra óptica. Además, el municipio se haría cargo del mantenimiento del servicio, que incluye la incorporación a planta de 40 empleados para trabajar en el monitoreo. 

ALGUNOS CASOS

En Rafaela también tiene un proyecto en vías de desarrollo pero que cuenta con al menos tres años de incubación, basado en el estudio de municipios de similares características. Se trata de un plan en etapas que prevé a largo plazo la instalación de 90 cámaras en toda la ciudad, con posibilidad de sumar otras tantas en el parque industrial. “Son tres fases de implementación; la primera contempla la colocación de cámaras urbanas en los egresos e ingresos de la ciudad, una segunda abarcaría la zona del microcentro y la tercera, los cuatro boulevares”, detalla, José Carusso, subsecretario de Seguridad Vial y Ciudadana del la Municipalidad de Rafaela. 

En cuanto a los costos, para la primera etapa, el cálculo llega a $1 M para la construcción del centro de control, la contratación de 12 personas y la compra de las primeras cámaras. “El precio de todo el sistema es de u$s10 por artefacto; haciendo ua estimación entre conectividad, empleados, y monitoreo”, afirma Carusso, quien participó este año de visitas a diferentes municipios de Santa Fe y Buenos Aires, donde se encuentran funcionando sistemas de video vigilancia. 

Para el polémico punto del financiamiento, en Rafaela apuntan a cobrar una tasa especial a los vecinos y comerciantes pero recién en una segunda etapa. Es decir, de la infraestructura base se haría cargo la Municipalidad y para el resto apuestan 

UN GUIÑO DE LA NACION PARA LA VIDEO VIGILANCIA

En abril pasado, el gobierno nacional, a través del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, transfirió $200 M para ampliar sistemas de videos y monitoreo satelital en la provincia de Buenos Aires. Este aporte constituye la segunda fase de programa orientado a la seguridad ciudadana, que hasta ahora facilitó la instalación de unas 700 cámaras de seguridad en los municipios porteños.

Tigre (Gran Buenos Aires) asoma como un caso testigo que se beneficia en las prebendas nacionales. Hoy, en la ciudad que administra el intendente sergio Massa funcionan 400 cámaras de videovigilancia como herramientas para combatir el delito en una población que ronda los 300 mil habitantes. La fórmula de costo que manejan las autoridades de la localidad bonaerense se diferencia con la dek interior del país en que alimenta de subsidios de la Nación y además sostiene una tasa de seguridad de $12.

Oara el edil socialista Aldo Gómez, impulsor del proyecto en Rosario, una de las alternativas viables era el ejemplo de Tierra del Fuego, donde existe un “sistema de esfuerzos compartidos” y los costos se dividen entre el Estado y los vecinos. “En su momento, desde la bancada oficialista intentamos consensuar una opción en la cual la Municipalidad se haría cargo de instalar sin costo alguno para el vecino cámaras en los barrios de acuerdo al `mapa del delito´. Pero la iniciativa no prosperó en el Concejo”. En la capital de la provincia, el intendente Mario Barletta promovió la instalación de un sistema de videovigilancia en el microcentro de la ciudad. También pagaron los comerciantes.