"Sonría, lo estamos filmando". La advertencia era usual en el mostrador de la panadería o la entrada al supermercado, pero este año cruzó una frontera. El control por imágenes en Rosario se trasladó al espacio público: con veinte cámaras funcionando en el centro y otras ochenta por instalar, la ciudad ingresó al mundo de la videovigilancia que ya exploran cientos de localidades del país. La tendencia impulsó el debate: ¿Cómo es vivir en una sociedad vigilada? ¿El sistema es eficaz ante el delito? ¿Cómo afecta la privacidad de los ciudadanos? Las respuestas de funcionarios, especialistas y vecinos trazan aquí algunas aristas del fenómeno que la ciudad comenzó a explorar, bajo las lentes que miran de día y de noche.

Este viernes se abrieron los sobres de la licitación para adquirir ochenta nuevas cámaras de seguridad en puntos a definir del mapa rosarino. Con esa iniciativa, la Municipalidad busca reforzar la experiencia de los primeros veinte aparatos instalados (la mayoría en la zona de Oroño, 27 de Febrero y el río) que para los funcionarios arrojaron un resultado "positivo" en sus primeros dos meses de funcionamiento.

De ese primer balance surge, sin embargo, que la eficacia de las filmadoras se mide más en el aspecto de control urbano que de prevención del delito. El sistema habilitó, sobre todo, intervenciones rápidas ante faltas municipales, accidentes de tránsito o vandalismo. Mientras que en materia de seguridad permitió abortar delitos menores como robos de celulares, arrebatos o hurtos en negocios. Sin embargo, la idea de que aportan seguridad circula y la semana pasada se vio expresada en reclamos de comerciantes para contar con aparatos en su zona.

"En una cultura que cree que la imagen es un modo de existir se vuelve natural que los demás accedan a la imagen. Lo llamativo es que se lo piense en clave de seguridad. ¿Quién controla lo que se filma? Hay gente que puede tener acceso a imágenes regulares de la vida cotidiana de las personas. ¿A nadie se le ocurrió que se pueden usar para planear un robo o acosar a una mujer? Eso no aparece como pregunta y parece más seguro vivir expuesto a la vigilancia", opinó Marisa Germain, psicóloga y docente de las facultades de Psicología y Ciencia Política de la UNR.

Para Germain, en el reclamo de vecinos y comerciantes para contar con cámaras en su entorno "aparece la falacia de que visibilidad equivale a seguridad. Cualquiera que entienda sobre criminalística a esto lo sabe". En Rosario, de hecho, varios negocios con cámaras de seguridad exhiben imágenes impresas de ladrones en acción ante los que nada pudo hacerse.

Si el fuerte del sistema no es la seguridad, para la docente, se debe pensar "que sigue otra lógica: o bien un incentivo de las compañías para que el modelo se difunda o bien que frente a la demanda de seguridad no se sabe qué hacer y se contenta a la población con esta respuesta”. Sobre todo, indicó, cuando la iniciativa coexiste con fuerzas de seguridad sin recursos para investigación científica y escaso control.

Ese imaginario de seguridad garantizada que rodea al sistema no es rebatido por los funcionarios municipales a cargo del tema. “Hay todo un mito en el sentido de su efectividad”, admite Luis Baita, subsecretario de Prevención y Seguridad Ciudadana. Pero para él no implica que sean innecesarias, sino que su fuerte está en otro lado.

“El objetivo es el cuidado del espacio público y del mobiliario urbano en un plan integral de seguridad ciudadana. Al tener la información, podés intervenir con rapidez ante un accidente o un hecho en la vía pública. El efecto es más bien disuasivo. Londres tiene 4 mil cámaras y no por eso dejó de tener inconvenientes”, indicó.

La videovigilancia llegó acompañada de cierta simpatía social que, para Germain, se debe a su debut en el espacio privado: “Hay un repertorio de espacios semipúblicos donde ya funcionó. El shopping, el supermercado y hasta las escuelas privadas tienen cámaras. Esto empezó a presentarlas como una ventaja de las clases acomodadas. El resto de la ciudadanía cree que es deseable y le reclama al Estado que transforme la ciudad en una especie de country”.

¿Observados o protegidos? En el cruce de las peatonales los rosarinos caminan ignorando la cámara que pende del techo de un negocio. Allí, bajo el dispositivo con 400 metros de zoom que parece una lámpara, se queja Andrés, un empleado de 24 años que trabaja en un negocio de venta de celulares de la esquina. “No me sirvió de mucho cuando me pusieron un chumbo en la cintura en plena tarde para robar la plata de la caja. No me siento más seguro por tener una cámara”.

A dos cuadras, otro ojo metálico observa desde lo alto del cine Monumental. “La cámara está como si no estuviese. Estoy de acuerdo con que hayan puesto esto. Llegan más rápido si un vendedor no autorizado se mete en la peatonal”, razona Manuel Gómez, 53 años, titular de un modesto puesto de tijeras de San Luis y San Martín.

La cámara mira sin ser vista. Por eso, para Germain, funciona como un panóptico: “Esta cultura de Gran Hermano ha llevado a una naturalización de la idea de que nuestra vida puede estar completamente visible para otros. Y no se piensa el fenómeno como extensión del panóptico carcelario en el espacio publico. Vivimos todos en el patio de una prisión abierta, donde somos mirados, y eso ha encontrado un alto grado de naturalización”.

Una lente para controlar al personal

Jorge Carazzo, dueño de Isap Argentina, una empresa de la zona oeste de Rosario que vende cámaras de seguridad, no dudó en señalar que un 40 por ciento de los clientes de su compañía son "empresas que piden la línea de control.

"Apuntan al aumento de la producción en base al control del personal, evitando la confrontación directa. Así, el empleado se siente controlado y vigilado", explicó el empresario con varios años en el rubro de la seguridad y el monitoreo.

Carazzo detalló que el resto del trabajo que le encargan es requerido por "negocios que dan a la calle, heladerías abiertas las 24 horas y farmacias que tratan de evitar el robo hormiga de quienes van a comprar. De todos los clientes que tenemos, a uno solo le volvieron a robar a mano armada. El efecto es más bien disuasivo", explicó. El costo oscila los 250 dólares por cámara.

La invasión de la privacidad y lo legal

Las cámaras de seguridad de Rosario (a las que se sumarán once financiadas por la provincia en los accesos) funcionan aún sin un marco legal que las regule. “Tenemos una ley provincial que tiene vencidos los plazos de reglamentación y el Ejecutivo no lo reglamentó”, planteó el diputado justicialista Marcelo Gastaldi.

Lo que está en el centro del debate legal es la cuestión de la privacidad. “Me parece irresponsable insistir con la colocación de cámaras porque hay que garantizarles a los ciudadanos el derecho a la intimidad y resguardar derechos individuales de las personas”, planteó el legislador. La ley, sancionada en la Legislatura provincial en noviembre del año pasado, prevé la creación de un protocolo de actuación, un organismo de aplicación y la instalación de cartelería que advierta claramente dónde hay una cámara “para que el ciudadano sepa que en ese momento está siendo filmado”.

Para la psicóloga Marisa Germain, sin embargo, la cámara no es advertida como invasiva por buena parte de la población. “Los padres que se preocupan por los chicos fotografiados en las escuelas o por los videos que suben al Facebook no ven con angustia la instalación de cámaras. No se preguntan qué pasa con el control. Y no es garantía que el control esté bajo la órbita del Estado, porque no hay un sistema de seguridad que no pueda ser invadido. Hasta al departamento de Estado de los Estados Unidos le perfora la seguridad Wikileaks. ¿Quién puede garantizar cuál va a ser el uso?”.

FUENTE: www.lacapital.com.ar