Se supone que las prioridades en materia de seguridad se fijan en función de los problemas que exigen una solución, y no están motivadas por suposiciones apriorísticas sobre la necesidad de instalar cámaras de seguridad.

Es poco realista imaginar que los sistemas de videovigilancia ejercerán un efecto continuado por sí solos. Es imprescindible tener evaluaciones serias antes de invertir e interrogarse sobre la utilización de la tecnología en acciones de prevención –su eficacia–, y también sobre las ventajas e inconvenientes de su uso. En recientes estudios realizados en Europa, los programas de videovigilancia, por un lado, demostraron no tener influencia en la disminución de los delitos violentos, pero sí un efecto positivo apreciable sobre los delitos contra los vehículos y los cometidos en estacionamientos.

También se demostró que comportaba una mínima reducción de la criminalidad de aproximadamente el dos por ciento en las zonas ensayadas, frente a las de control, sin ese sistema. En aquellos casos en que se percibió que estas herramientas fallaron, a menudo se debió a que las expectativas depositadas en ellas eran demasiado ambiciosas o a que se utilizó en espacios poco apropiados para solucionar problemas igualmente inadecuados.

Ante todo, la conclusión “basada en la evidencia” constituye una advertencia frente a la tentación de lanzarse a la búsqueda de soluciones técnicas. La videovigilancia no es más que una herramienta, y como tal exige la intervención del ser humano para funcionar con eficiencia. Como cualquier otra propuesta, debe integrarse en iniciativas de política criminal y de gestión del delito existente o en alguna propuesta de plan integral.

Se necesita una mayor conciencia de que reducir y prevenir el crimen no es tarea fácil y que una solución mal planificada difícilmente funcione, por más dinero que invirtamos en ella.

FUENTE: www.lavoz.com.ar