En abril del 2011, el Congreso del Estado de Jalisco autorizo la cantidad de hasta mil quinientos millones de pesos de un crédito destinado a Seguridad Publica, en este caso el tema es la instalación y administración de cámaras de videovigilancia en la zona metropolitana de Guadalajara. Este, se ha politizado y se ha vuelto cuestionable por el sobreprecio de las mismas y la adjudicación directa que se le ha dado a Iusacell, como proveedor del software y del servicio.
Hay varios temas que se tienen que aclarar, comenzando por la Jurisdicción de los municipios para acceder a la instalación y mas importante, a la administración de un sistema en el que ni siquiera se ha hecho publico el nombre del software que administrara este sistema.
El ayuntamiento de Guadalajara se le adelanto al Congreso del Estado con la autorización de un reglamento para la regulación de la instalación y administración de las cámaras de video vigilancia, por lo tanto la jurisdicción con este municipio será un tema que el gobierno del Estado tendrá que enfrentar y mas por los candados que se han previsto en este mencionado reglamento.
A punto de comenzar las competencias en los Juegos Panamericanos de Guadalajara, el gobernador se atrevió a declarar y a aclarar que las policías municipales deberán de tener acceso las imágenes que se generen en este sistema, por lo menos en Guadalajara el reglamento prevé que prestadores de servicio autorizados y la Dirección de Seguridad Ciudadana sean las que regulen la difusión y la administración de las imágenes adquiridas. El presidente municipal de Zapopan, Jalisco ya levantó a voz para asegurar que es su Municipio el que tiene que controlar esas cámaras instaladas, por lo que también se podría reglamentar próximamente.
El secretario de Seguridad Pública estatal, Luis Carlos Nájera, advirtió en declaración a la prensa: “Esto no es política, sino seguridad para los jaliscienses, para los zapopanos, para los tapatíos, para los tonaltecas, para la gente de Tlaquepaque. A mí es lo que me importa”. Y efectivamente, al final nosotros somos los que tenemos que advertir que nuestras imágenes serán captadas, por lo que una reglamentación coherente debe de surgir para salvaguardar nuestra seguridad.
Pero mientras aclaran los políticos jaliscienses los sobreprecios, los reglamentos y los quehaceres alrededor de este tema, los ciudadanos somos los que quedamos en medio con nuestra soberanía puesta en manos de personas que no se ponen de acuerdo y que gastan el dinero publico en sistemas cuestionables, al final debemos de ser los menos afectados en nuestros derechos humanos y por supuesto en nuestra persona desde el punto de vista jurídico.
TecnoTip: Mientras el gobierno de Jalisco invertirá 470 millones de pesos en la instalación y operación de 654 cámaras de video vigilancia, el municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, hará lo propio pero a un costo promedio por equipo 159 por ciento debajo de lo pagado por la entidad.
FUENTE: sdpnoticias.com